No es la primera vez que escribo sobre la impotencia que sentimos los ciudadanos cuando somos materialmente atacados por las afiladas garras de las administraciones públicas. Llega un momento en el que la impotencia es tan grande, que por nuestra mente pasa la idea de sacar un escudo y hacer frente al entramado administrativo público, declarándonos en desobediencia civil.

No sólo por salir a la calle, sino incluso dentro de nuestra propia casa, los ciudadanos de a pie estamos vigilados, controlados, fiscalizados, amenazados e incluso agredidos por el Ayuntamiento, por el Principado, por la Agencia Tributaria, por la Policía y hasta incluso por el vigilante de los parquímetros que ni siquiera tiene el rango de autoridad pública. Cámaras de videovigilancia, avisos, advertencias, notificaciones, requerimientos, controles y un sinfín de cosas más que nos hacen sentir que estamos controlados. Y sobre todo y preocupante es que lo que más se controlan son nuestros bolsillos.

Por ejemplo, llega una Consejería de Medio Rural y Pesca, dice que va a vigilar la conservación de la naturaleza y promulga una Ley. Resultado final de la aplicación de esta ley: Un pobre jubilado, recordando los tiempos en que salía al campo a cazar jilgueros, fabrica una jaula trampa casera y provisto de un móvil que reproduce cantos de pájaros se pone bajo unos árboles a ver si tiene suerte y pilla uno. Es interceptado por dos vigilantes, se le requisan la jaula y el móvil y se le abre un expediente sancionador por el que se le pretende aplicar una sanción tipificada como grave, que lleva aparejada una multa que puede ir de 5001€ a 200.000€.  ¿sanción proporcionada, no?.

Y si hablamos de seguridad, a nuestras autoridades se les llena la boca diciendo que velan por la seguridad del tráfico, cuando en realidad todos sabemos que lo que hacen generalmente es crear instrumentos de interceptación para sancionar y satisfacer así su enorme voracidad recaudatoria. Y si yo estoy equivocado, que me expliquen por qué se siguen utilizando semáforos de esos llamados foto-rojo para imponer una ingente cifra de sanciones diarias, aun cuando los Ayuntamientos saben que este tipo de sanciones están siendo declarados nulas de pleno derecho no sólo por los Tribunales ordinarios, sino por el propio Tribunal Supremo. O que me expliquen por qué a la entrada de Oviedo, por un tramo de autopista de más de dos quilómetros, que no tiene acceso peatonal alguno y que por tanto no hay riesgos de atropello, se impide circular a más de 50 km/h y además se instala un radar de captación para multar. O que me expliquen, si ya hay una ley promulgada para circular a 130 km/h, por qué se sigue aplicando la velocidad máxima de 120 anterior. Lo que puede favorecer al ciudadano no se aplica. Por el contrario sí se aplica y con el máximo rigor a aquello que mete la mano en la cartera del conductor.

Así que, mejor no hablemos de seguridad. Hablemos de pura y dura recaudación y hablemos de restricciones de todo tipo. Por favor, no nos pinten ese bonito paisaje de democracia, de libertades públicas, de servicio al ciudadano o de seguridad jurídica ya que ustedes, los que nos administran, sólo les servimos para ir a votar cuando hay elecciones, pero,  cada día más, a golpe de decreto o de ordenanza, nos están interviniendo descaradamente y restringiendo nuestras libertades y nuestros derechos. En vez de en un estado de derecho, donde estamos es en el “derecho del estado”, derecho a hacer lo que les venga en gana.

Un día decretan que los perros tienen que ir atados por la derecha del paseo. Otra vez se les ocurre decir que mejor lo hagan por la izquierda, unas veces atados, otras con bozal. Después decretan que las terrazas de los bares tienen que estar puestas de esta manera. Más adelante dicen que van vigilarte y si no reciclas bien los residuos de tu casa van a sancionarte con un recargo en el canon de la basura. Como estamos en Semana Santa, deciden prohibir que los veteranos de la legión desfilen por la calle como han hecho siempre. Para qué vale esa infinidad de complejas y contradictorias normas que sólo sirven para ejercer una clara discriminación, para recaudar y para pasarse los derechos cívicos por el forro de sus “sillones”.

Siento que estoy actuando en un escenario democrático en el que primero me utilizan para ir a depositar mi voto y elegir a ese gobernante que después, lo que va a hacer, en vez de preocuparse por mi bienestar, mis derechos y mis libertades, lo que va a hacer es afilar el lápiz para meter la mano en mi bolsillo y estrujarme lo más posible.

Vamos a ver señores que nos gobiernan, la mayor parte de los ciudadanos somos personas con el necesario grado de madurez para que podamos, tanto para autogestionarnos,  como para interactuar cívicamente con otros ciudadanos con los que convivimos. Creo que tenemos la experiencia, la madurez y la educación suficiente para que ustedes piensen en dejarnos un poco en paz. Nadie discute que es necesario preservar la seguridad, la buena convivencia y el respeto a las normas que ni siquiera es necesario que estén escritas. Pero por favor, no utilicen su poder para estrujar al ciudadano metiéndole la mano en el bolsillo a base de sanciones, multas y recargos.

Por favor déjennos en paz que ya somos mayorcitos. Dejen de legislar a golpe de decreto y prohibiciones. Dejen de saquearnos e inviertan su tiempo en tener unos mejores servicios sociales, una mejor sanidad, educación, libertades y derechos. Recaudar vorazmente no es un derecho, es una gran injusticia. Ya lo dijo el historiador romano Cornelio Tácito: “Corruptissima re-publica, plurimae leges” (cuanto más corrupto es un país más leyes tiene)