En otros artículos anteriores vine sosteniendo que, dada la estructura y configuración de los Juzgados de Instrucción, así como la endémica carencia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, era realmente difícil perseguir los delitos de corrupción, principalmente política. A esto habría que añadir además, la manifiesta politización de las cúpulas del Poder Judicial.
El Ministro de Justicia Sr. Catalá tuvo la ocurrencia de tratar de resolver el problema de la lentitud en la instrucción de los procedimientos judiciales, de un modo muy fácil. Para el, este problema se resolvía modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo plazos para instruir los procedimientos. Esto es tanto como decir a los jueces que, a partir de ahora, porque lo digo yo, ustedes en seis meses tienen que tener instruido el asunto y me trae sin cuidado que ese asunto sea normal o tenga una gran complejidad. Me trae también sin cuidado que ustedes tengan o no tengan medios ni estructuras suficientes.
Pues qué casualidad, no era yo el único que criticaba la situación, a la vez que sostenía que si no se tomaban medidas para agilizar los procesos, los únicos que iban a resultar beneficiados eran los políticos corruptos. Ayer, el Juez Decano de Valencia, en una rueda de prensa que tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia, presentó las estadísticas de actividad de los órganos judiciales en el pasado año 2015. El dato es que en Valencia se están investigando 38 procedimientos de los llamados “complejos”, la mayor parte de ellos derivados de casos de corrupción política.
A nadie se le escapa que investigar este tipo de procesos tan complejos, necesita de muchos medios tanto personales como materiales y de mucho tiempo para llevar a buen término todas las investigaciones necesarias para abrir juicio oral. Resulta por tanto absurdo que por una reforma legislativa se pretenda exigir a los jueces que tienen un plazo de seis meses para concluir la instrucción. Los medios que tienen son los que son y por tanto, como decía alguien, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.
El Juez Decano de Valencia dice que entre todas las causas que se están investigando de las llamadas complejas, sólo tiene una excepción y es la investigación del accidente del metro que en el año 2006 provocó la muerte de 43 personas y un gran número de heridos. Este Magistrado sostiene que para instruir estos procedimientos se necesitan jueces de refuerzo, pero el problema está en que no hay jueces suficientes.
Al igual que este Magistrado valenciano, los jueces están diciendo y criticando abiertamente que no es ni lógico ni razonable que la reforma de la Ley les marque plazos para instruir, pensando que los tiempos de instrucción dependen del juez en cuestión. Los tiempos dependen de las innumerables pruebas que hay que solicitar, de los informes que hay que pedir a las Administraciones, que se hacen las remolonas y tardan en dar respuestas y en muchos casos responden con evasivas. De la necesidad de contar con peritos judiciales especializados que no tienen. De la necesidad de disponer de informes técnicos que no pueden conseguir, etc.etc.
Los jueces protestan y proponen medidas para agilizar los procesos de instrucción, pero se les hace caso omiso. No hacen más que proponer y plantear la necesidad de que se creen juzgados especializados en corrupción, dotados de los correspondientes equipos de peritos judiciales. Piden también que se les asigne una policía judicial especializada, pero, el tiempo pasa y en la estructura y en la plantilla de los juzgados no se mueve nada.
No es de recibo que se modifique una ley para imponer a los jueces unos plazos de instrucción, sin que paralelamente se dote a los juzgados de los medios que necesitan para agilizar esos procedimientos. No es de recibo que a golpe de decreto se diga que se va a modernizar la justicia y que el papel va a desparecer de los juzgados, cuando la informática hace aguas por todos los sitios y lo que se consigue es que, además de resolver todos los entuertos del sistema informático lexnet, se exija que todo se siga presentando paralelamente en papel.
Tampoco es de recibo que se sigan sin crear nuevas plazas judiciales ya que las oposiciones que se convocan apenas cubren las jubilaciones y bajas que se están produciendo.
Si no se invierte en la administración de justicia, si no se refuerzan los tribunales para instruir estos procedimientos complejos, generalmente derivados de la corrupción política, si no se despolitizan las cúpulas del Poder Judicial, qué podemos esperar los ciudadanos. Los ciudadanos vemos esta incapacidad y estupefactos observamos como los políticos que roban se van de rositas porque unas veces prescriben los delitos, otras porque sin medios no se puede tirar del hilo para procesarlos, otras porque no se puede localizar donde guardan las fortunas que han robado al erario público, y para finalizar, porque nunca devuelven eso que han detraído.
Señores dirigentes políticos, ustedes son cómplices necesarios de que unos colapsados Juzgados de Instrucción no puedan meter en la cárcel a esos corruptos además de obligarles a que devuelven al erario público lo que han robado. Y digo que son cómplices necesarios porque, pensando mal, hasta los están protegiendo al no reforzar el sistema judicial para que la justicia sea eficaz. Una justicia lenta, no es justicia.