“No somos delincuentes. Vendemos en los bares y en  la manta para sobrevivir. Voy por la calle a trabajar con mochila y aunque tengo papeles, la policía me para porque soy negro.  A un amigo mío lo detuvieron cuando se bajaba del Alsa y como no tenía papeles lo mandaron a Barajas, lo subieron a un avión y en 24 horas lo deportaron a Senegal. Me han detenido cuando estaba vendiendo Cedes en un bar de la Avenida de Galicia y el Fiscal me pide dos años de prisión”.

Estas son manifestaciones que constantemente  hacen esos pobres senegaleses que llegan en busca de ayuda a las ONG . Probablemente, cualquier lector que me conozca, dirá que no puedo ser imparcial en estos temas, debido a las actividades que realizo ayudando entre otros,  a senegaleses.  No obstante, deseo dar mi opinión sobre lo que está pasando con estas gentes, que llegan a Asturias en busca de trabajo y de una vida mejor, pero que después de cuatro o cinco años entre nosotros, malviviendo y ganándose la vida como pueden, terminan siendo deportados o juzgados por vender CDs piratas

Tras la reforma del Código Penal propiciada por el ex Ministro de Justicia Sr. Gallardón, los artículos  270 a 276 del Código Penal, catalogan como delito la venta con ánimo de lucro, de artículos protegidos por la propiedad intelectual e industrial. Se trata en definitiva de penalizar lo que todos conocemos como “top manta”. Esta injusta reforma va en contra del principio de intervención mínima del derecho penal  y también en contra del ámbito del derecho mercantil, que no comprende la distribución o venta al detalle de estos productos de bajo precio y que dejaría la persecución de estas ventas ilegales en el ámbito del derecho administrativo.

El senegalés que vende estas copias de artículos protegidos por la propiedad intelectual o industrial, es un mero intermediario entre el productor de los mismos (generalmente mafias organizadas) y el cliente final que compra en el bar o en la calle. Y lo que hay que tener claro es que los titulares de esos derechos tienen diferentes medios de protección en el ámbito del derecho administrativo y que por tanto el derecho penal no debería de ser aplicable por ese principio de intervención mínima al que me refería antes. Este principio de intervención mínima ha sido recogido en una sentencia del TS de 24 de Febrero de 2013 que dice “sólo ante los ataques más intolerables o las conductas más graves como la reproducción en masa de una obra amparada por el derecho, puede configurar el delito. La venta callejera es el último eslabón del comercio ilegal y no tiene entidad suficiente para justificar la aplicación del derecho penal”.

La venta callejera de estos productos ilegales, practicada habitualmente por esos senegaleses que vemos en las calles con su top manta, o en los bares de la ciudad, sólo busca la manera de que puedan ganarse la vida y por ello la lucha no ha de pasar por la aplicación del Código Penal, sino por la aplicación de normas de orden público que impidan o restrinjan estas ventas. Pese a esto, un buen día la Policía detiene a Mamadou cuando estaba vendiendo cedes en un bar de la Avenida de Galicia y trasladado el asunto al Juzgado, se solicita para él la condena a dos años de prisión, una multa por valor de 3.000 euros, la expulsión del país y por si fuera poco, una indemnización de 500€ para la SGAE que es en lo que esta entidad valora como precio de las copias ilegales. Se omite por esta entidad que ese sería el precio correcto si se tratara de cedes legales de los que se venden en las tiendas, pero que se trata de burdas y males copias con un valor que en modo alguno superaría los 50 euros. Si uno de los principios básicos de la rama punitiva del derecho, es el principio de la intervención mínima del derecho penal,  por qué el Ministerio del Interior se empeña en criminalizar este tipo de ventas. Por qué  colapsamos  los Juzgados con este tipo de cosas y en sentido contrario, dejamos que todas las tramas de corrupción sigan impunes y sin que ninguno de esos ladrones políticos y de guante blanco que han robado el dinero de los ciudadanos, ni tan siquiera entren en prisión. Ante flagrantes delitos, ni tan siquiera la Fiscalía solicita la aplicación de medidas cautelares. Por el contrario sí que está presto para acusar y condenar a un pobre senegalés que vende CDs piratas.

La cruda realidad de este escenario, es que existe una gran desproporción entre la protección que se concede a entidades como SGAE o EGEDA para preservar sus derechos de autor y la situación que se plantea a estos senegaleses que venden para sobrevivir sin recurrir a las ayudas públicas o a la limosna y que ven arruinada su estancia entre nosotros, perseguidos por la acción policial. La voz de las entidades protegidas se escucha más alta y más fuerte que la de los senegaleses y esto hace que el ciudadano de a pie conozca más los problemas de los músicos o de los cineastas, que la penosa situación de este último y frágil eslabón de la cadena de venta de estas reproducciones ilegales.

Mamadou  aún no ha podido obtener los papeles (permiso de trabajo) y como estrategia de supervivencia, porque en modo alguno está dispuesto a pedir o a vivir de ayudas públicas, compraba a las mafias copias de películas, gorras o gafas falsificadas y trataba de vender para obtener un beneficio de que va de 5 a 10 euros diarios. La mitad de estos beneficios tiene que destinarlos a conseguir más mercancía y el resto lo destina a comprar comida y a reservar lo que puede para contribuir al pago del alquiler en un piso que comparte con otras seis personas.  Ahora está asustado, tiene miedo y ya no sale a la calle. Malvive en un piso patera donde gracias a la ayuda de sus compañeros puede comer diariamente un plato de arroz hervido, lo que hace que cada día esté más flaco.  Pese a esa lamentable situación, si le ofreces algunos alimentos te dice que no, gracias, hay otras personas que lo necesitan más que yo. Mejor es que se lo deis a ellas. En el entorno de los senegaleses que viven en Oviedo hay miedo. Igual da que tengan o no tengan papeles. Si les pillan vendiendo se los pueden quitar y después pueden ser víctima de una redada, los meten en un avión y los deportan a Senegal

¿Hacen daño o molestan a alguien? Parece ser que sí. El Gobierno español llegó a algún inconfesable acuerdo con el Gobierno senegalés y como consecuencia del mismo, más o menos cada dos meses, se pasan instrucciones a la Comisaría de Policía para que proceda a la detención de un cupo de senegaleses que han de ser enviados al aeropuerto de Barajas para llenar un avión y proceder a su deportación masiva. Se calcula que en este último año han sido deportados 5000 senegaleses por el simple delito de “no tener papeles”. ¡¡Qué casualidad!! Con nosotros, en Asturias,  conviven empadronados más de cuatro mil sin papeles de múltiples nacionalidades y algunos de ellos imputados por determinados delitos, pero hete aquí que la Policía, para repatriar, a los que busca es a los senegaleses, no a otros, aunque estén imputados por algo.  Como consecuencia de estas deportaciones selectivas, se ha dado un grotesco caso que conozco, en el que detienen a un chico que convivía aquí con su mujer e hijo de dos años. Al ser detenido, pasa aviso a su mujer y esta rápidamente se persona en la Comisaría para que también la deporten a ella y a su hija de dos años, ya que sin el marido ella no hacía nada aquí. ¿Resultado final de esta detención?: El marido deportado y la mujer con su hijo pequeño aquí, abandonada a su suerte.  Ella tampoco tenía papeles, pero, claro, el cupo ya se había llenado y no cabían más en el avión. Bah,  es una simple cuestión administrativa. Y ante los procedimientos administrativos, para qué hablar de problemas solidarios.