Recuerda amigo lector aquel slogan publicitario que había en Oviedo  de “ven a Oviedo y sal si puedes”  Pues yo, tras lo que está ocurriendo con las multas de tráfico, lo completaría añadiendo “y sal si puedes sin multas”. Estos días de atrás, el Diario El Comercio y la prensa local se están haciendo eco de la anulación de una multa de 300€ y dos puntos por exceso de velocidad o de la ingente cantidad de multas que ponen las cuatro cámaras de foto rojo, que, según parece, superan con mucho a todas las que ponen las 35 que tiene instaladas Madrid.

Yo tengo más que claro que los conductores estamos siendo objetivo y víctimas propiciatorias de la voracidad recaudatoria del Ayuntamiento de Oviedo, que, probablemente, para tratar de equilibrar sus maltrechas arcas municipales, utiliza la fórmula más fácil y cómoda de sablear poniendo multas a diestro y siniestro. La ingente cifra de multas impuestas, además de desproporcionada, resulta totalmente deshonesta ya que se está recaudando de modo ilícito. Y digo de modo ilícito porque el Ayuntamiento sabe perfectamente que esas multas de los semáforos foto/rojo, las de las zonas peatonales y ahora también las de velocidad, están siendo anuladas por las reiteradas sentencias que están dictando los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en toda España y también en Asturias.

Los Juzgados y una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de modo sistemático,  están declarando la nulidad de las multas impuestas, cuando los Ayuntamientos deniegan las pruebas metrológicas, técnicas y de homologación de los equipos de captación utilizados. Esas fotografías captadas por dispositivos exentos de control no constituyen un medio de prueba válido para sancionar.

Necesito también que me expliquen por qué se han instalado cámaras en semáforos que se activan inmediatamente a la puesta del semáforo en rojo, para capturar al infractor que sólo tiene el escasísimo margen de 3 segundos que dura el ciclo ámbar, para frenar el vehículo antes de la línea de detención, aunque este frenazo tan brusco implique un alto peligro de colisión por alcance, como de hecho está ocurriendo. Necesito también que me explique por qué estas cámaras no cumplen las normas UNE que establecen determinados procedimientos para la gestión del tráfico. O que me explique por qué el Defensor del Pueblo ha investigado sobre la ilegalidad de las multas que se ponen en las calles peatonales, y por ello se han apresurado a  publicar una ordenanza de modo urgente para lavar la cara.

El Ayuntamiento de Oviedo ya no tiene suficiente con recaudar más de 12 millones de euros con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y con los 3,5 millones de estacionamiento en las zonas azules o con los 1,6 millones de tasas de retirada de vehículos con la grúa. Necesita recaudar más y qué cosa más fácil que instalar radares y cámaras para pillar al conductor. No se necesitan Policías Locales que vigilen. Basta con estos equipos y con un sistema informático que de modo automático inicia la instrucción del expediente sancionador. Y como además esto es un mero trámite administrativo, la cosa es sencilla. Está más que claro que pese a la ya abundante jurisprudencia existente, el Ayuntamiento siguen haciendo caso omiso a las alegaciones que formulan los ciudadanos cuando son denunciados y como saben que ese ciudadano que ha agotado la vía administrativa, no va a recurrir a los Tribunales para defender sus legítimos derechos frente a sanciones injustas e ilegales, debido a los fuertes costos que va a generar su defensa al tener que pagar los honorarios de un Abogado, hacen caso omiso a las corrientes jurisprudenciales y a recaudar que es de lo que se trata.

Es indignante que cuando un ciudadano, como yo he hecho, recurre al Juzgado de lo Contencioso y obtiene sentencia favorable, en vez de esperar a que se le devuelva de oficio el importe de la multa que pagó, se ve obligado a continuar con laboriosos trámites para aportar sentencia, justificantes bancarios de ser titular de cuenta corriente, y otras zarandajas, para conseguir que se le devuelta el importe pagado. Pero es más indignante aun que, sólo un día después de que el Ayuntamiento notifique la resolución sancionadora, sin ni tan siquiera esperar a la firmeza de la resolución (una vez que se acaba el plazo de dos meses para recurrir a los Tribunales), el Ayuntamiento ya comunica a la Dirección General de Tráfico para que detraiga al conductor los 4 puntos de sanción. Claro, como sabe que nadie recurre, para qué esperar más. El Ayuntamiento tiene que saber que esa comunicación precipitada que ha hecho a la Dirección General de Tráfico y que ha provocado que en mi historial de antecedentes aparezca la pérdida de cuatro puntos (aun cuando después se ha visto obligado a cancelar),  es un claro atentado contra mi honor y que por eso tengo el derecho a exigir al Ayuntamiento daños y perjuicios por su precipitación.

Pues amigo lector, yo le diría a usted que si es cazado en uno de estos semáforos y resulta sancionado, a la vista de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo, recúrrala, solicite las pruebas metrológicas y en sus alegaciones haga constar que en caso de que el expediente sancionador siga adelante, usted se reserva el derecho de recurrir, no al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, sino al Juzgado de Instrucción correspondiente para formular denuncia por un claro delito de prevaricación contra el Concejal o Alcalde que hayan dictado la resolución, ya que como casi todo el mundo sabe, aunque no tenga conocimientos jurídicos, se da este delito cuando un funcionario, a sabiendas, dicta una resolución injusta. Y, evidentemente, estas resoluciones sancionadoras, a la vista de la reiterada jurisprudencia ratificada ahora por el Tribunal Supremo, son injustas. De otra parte, para interponer esta denuncia penal, no se necesita Abogado, con lo que no tendría costo alguno.