Hace varios días, el Gobierno aprobó una serie de medidas fiscales que van a afectar principalmente a las empresas, a los consumidores de alcohol y tabaco, a los asalariados que más cobran, e igualmente a más de un millón de autónomos. Con estas recientes medidas se pretende recaudar 7.500 millones de euros, necesarios para cumplir los objetivos de déficit público. Tras el Consejo de Ministros, sale a la palestra el portavoz junto con el Sr. Montoro y dicen que aunque sean medidas que no gusten, es lo único que se puede hacer.

Frente a estas medidas yo me pregunto, ¿por qué siempre se da una vuelta de tuerca a los impuestos y en cambio no se mete la tijera donde verdaderamente es necesario hacerlo? A título de ejemplo, por qué se pagan 64 millones de subvención para atender a los gastos de funcionamiento ordinario de los partidos políticos. ¿Por qué no elimina o reduce esa enorme partida? Los partidos políticos, al igual que las organizaciones empresariales o los sindicatos, tienen que pagar sus gastos de funcionamiento con las cuotas de sus afiliados y no con los impuestos de todos los ciudadanos.

Siendo como somos el país con más políticos por habitante que hay en Europa ¿por qué no recorta drásticamente el número de políticos? No me sirve de nada que hablen de eliminar un 30% de los concejales de España, cuando todo el mundo sabe que a los que va a eliminar son los que no perciben sueldo del ayuntamiento respectivo. Voy a apuntar algunas ideas: Métase la tijera a fondo al exageradamente caro estado de las autonomías, centralizando competencias tales como sanidad, educación, justicia u obras públicas. Elimínese esa ingente cantidad de asesores que tienen los políticos, habida cuenta que en las diferentes administraciones hay unas plantillas de funcionarios profesionales plenamente facultados y capacitados para realizar esas funciones. Elimínense todas las embajadas autonómicas que hay por todo el mundo o es que no tenemos suficiente con una embajada española. Elimínese el Senado. Elimínese el Tribunal Constitucional transformándolo en una Sala del Tribunal Supremo. Elimínese el Consejo de Estado y los Consejos Consultivos autonómicos que son una puerta giratoria para acoger a los políticos jubilados. Elimínense todo ese marasmo de chiringuitos y empresas públicas que sólo se han creado para pagar favores a los políticos que han sido apartados de sus cargos. Y para terminar, realícese una drástica reducción de las dietas, prebendas y privilegios de la clase política.

Seguro que en todas estas medidas que propongo, hay un gran filón para reducir el déficit público, sin tener que castigar a los de siempre. Y no me sirve que el Gobierno diga que son medidas difíciles y dolorosas, o que el objetivo es equilibrar el presupuesto o el difícil. Sólo manejan justificaciones y más justificaciones, pero en realidad esconden porque no les conviene, ese agujero negro que es la casta política refugiada principalmente en las 17 Comunidades Autónomas. Esto ni tocarlo porque de ese modo perderían poder.

A título de ejemplo, hace algún tiempo ha habido una iniciativa popular firmada por más de 500.000 ciudadanos (mínimo legal exigido para poder formularla), en la que se sometía al Parlamento una Proposición de Ley para eliminar las prebendas que los políticos tenían una vez acabado su mandato. Con todo el descaro del mundo, el Presidente del Congreso acordó no admitir a trámite la iniciativa, escudándose en que el artículo 72 de la Constitución, reserva a las Cámaras, de modo exclusivo, este tipo de iniciativas. Es decir, si realmente hubiera habido voluntad política de recortas, seguro que sí se habría admitido a trámite.

Sigo proponiendo ¿para cuándo las reducciones o eliminaciones de las empresas públicas deficitarias de las que tanto se habla? Apenas se han reducido un 5%. ¿para cuándo el recorte, solapamiento de competencias y centralización de las Administraciones Autónomas y los Ayuntamientos?

Y si hablamos de carga impositiva, en vez de estas subidas de IVA y las otras medidas fiscales aprobadas, cuando de una vez por todas se van a dar órdenes a la Agencia Tributaria para que el 80% de sus efectivos se orienten a la intervención y fiscalización de las grandes fortunas, las grandes empresas y los grandes elusores de impuestos, que es donde están las grandes bolsas de fraude.

No sigo poniendo más ejemplos porque me indigno cada vez más. Sólo decir al Sr. Rajoy y a los partidos políticos que están pactando o pacten con el PP, que no se trata sólo de obedecer las instrucciones de la UE, ya que para eso tenemos funcionarios muy buenos y cualificados que pueden gestionar sin problema, todas esas instrucciones que nos lleguen de Bruselas. De lo que se trata entonces es que si ahora mismo somos el país con más políticos por habitante de Europa, para qué los queremos si sólo saben darle a la tuerca para incrementar la carga impositiva de los ciudadanos.

Yo, a esta actuación de nuestros dirigentes, que sólo estrujan al contribuyente al tiempo que protegen sus privilegios y su red clientelar, lo llamo lisa y llanamente “fraude político”.