En España tenemos una mastodóntica administración autonómica, que constituye el agujero negro de la deuda pública española, que está manteniendo una escalada imparable y que ya ha superado el 100% del PIB. En sólo los tres últimos años, se han incrementado en 4.000 millones los sueldos del personal. Pese a que en los últimos tiempos, como consecuencia de la bajada de los tipos de interés, el pago de los intereses de la deuda se ha reducido, los gastos estructurales de las diecisiete autonomías, sigue creciendo sin parar.

Es curioso que habiendo como hay materia para aligerar esos mastodónticos entes, que se han ido reproduciendo para alimentar a las castas políticas, más concretamente, a 450.000 políticos y a una enorme red clientelar unida a ellos, nadie está dispuesto a meter la tijera en esos gastos tan desproporcionados.

Para qué queremos 17 entes autonómicos que generan 17 legislaciones diferentes, que generan desigualdad entre los ciudadanos, que rompen la unidad de mercado, que dificultan la creación de empleo y que ponen palos en la rueda de la recuperación económica. Las autonomías nos cuestan 86.000 millones de euros al año, que salen de nuestros bolsillos y que en vez de destinarlos a educación, sanidad, justicia o carreteras, por ejemplo, se destinan a crear ineficiencia y a alimentar redes clientelares. Para qué queremos tanto empleo autonómico, si según dicen los expertos, en razón al número de habitantes sobrarían más de un millón. En su momento, el Estado traspasó a las autonomías 821.000 funcionarios, pero las Comunidades los incrementaron en 920.000 más, para hacer lo mismo que hacía la administración central. Estamos por tanto ante un problema estructural.

Hay una estimación de que 520.000 son enchufados de las castas políticas y que otros 400.000 son el resultado de multiplicar 17 estructuras de gestión idénticas a las que ya tiene la administración central. Hay 2.671 empresas públicas creadas por las Comunidades. Hay 17 Parlamentos que acogen a 1.200 diputados. Se gastan más de 1.200 millones en TV autonómicas. Hay 17 Tribunales de Defensa de la Competencia, que se han gastado 60 millones de euros para tramitar solo 60 expedientes. Hay 17 Consejos Consultivos que se gastan la friolera de 80 millones de euros para evacuar consultas que perfectamente podría resolver cualquier funcionario cualificado como los hay.  Hay réplicas en varias Comunidades de la Agencia Española de Protección de Datos. Hay repartidas por todo el mundo 114 embajadas autonómicas que se comen 150 millones de euros al año.  Hay Universidades a granel y de escasa calidad. Hay  Observatorios de toda índole y difícil control como los de violencia de  género, empleo, convivencia ciudadana, educación… Poco importa que, en muchos casos, ya funcionen organismos estatales que se ocupan de estas materias. De lo que se trata es de emplear a los amigos.

Mientras que en países como Alemania, los landers están devolviendo competencias al estado para economizar y hacer más eficiente la gestión, en España, contra toda lógica, mantenemos una estructura autonómica gigantesca y nadie hace nada por recortarla.

Si en la gran parte de los países de la UE, es el Estado quien concentra más del 80% del gasto público total, por qué aquí nos empeñanos en tener este mastodonte autonómico ineficiente, que genera desigualdades que se solapa con los Ayuntamientos y Diputaciones, que acoge a estructuras paralelas a las del Estado, que nos cuestan la friolera cifra de 28.000 millones (cerca del 3% del PIB).

De una vez por todas hay que acabar con la ineficiencia del Estado de las Autonomías, y como primera medida habría que volver a centralizar Sanidad, Educación, Justicia e incluso Obras Públicas.  De otra parte, habrían de evitarse solapamientos y ceder a los Ayuntamientos algunas de esas competencias que ahora están solapadas.

Todo esto parece de perogrullo, pero, teniendo en cuenta esa historia de amor que ahora están viviendo PPPSOE y negociando abiertamente con Cataluña y País Vasco, a ver qué partido es el que se atreve a poner encima de la mesa ese adelgazamiento de la administración autonómica, esa reducción drástica de chiringuitos albergadores de enchufados varios, esa reducción de entes que son puerta giratoria para el pago de favores a políticos jubilados. Me temo que, como decía uno de esos políticos corruptos jefe del clan Pujoliano, ahora eso no toca…..

¡¡qué pena me da esa casta política de tan baja altura que tenemos!!.