En 2015, la Dirección General de Tráfico trasladaba esta noticia: “Nuevo mínimo histórico en el número de víctimas mortales por accidente, desde 1960”. Paralelamente a esto, también decía que 2015 había sido el año con más sanciones por exceder la velocidad permitida, con cerca de 3,29 millones de multas. (en 2014 habían sido 2,46 millones y en 2013, 2,17 millones).  La DGT parecía querer dar a entender que a más sanciones por exceso de velocidad, menos muertes en la carretera.

Pero, llegamos a 2016 y súbitamente, la tendencia se rompe. Se imponen más multas que nunca, pero por el contrario, asciende la cifra de víctimas, poniendo fin a trece años de reducción de la mortalidad en las carreteras. Ciertamente, resulta preocupante este incremento de la mortalidad pero, contrariamente a lo que quiere hacernos pensar la DGT (que lo único que pretende es recaudar cuando más mejor), no es cierto que estas muertes tengan su causa en la imprudencia de conductores,  que superan los límites de velocidad permitidos.

Sólo basta consultar las estadísticas que publica la propia DGT, para poder ver nítidamente, que en autovías y autopistas, vías donde tenemos más radares instalados,  ha habido 102 fallecidos,  en vías convencionales 962, en caminos 43, en vías interurbanas 152 y en otro tipo de vías y ramales de enlace 53. Pero es que, además, nos encontramos con otro dato sorprendete: Ha habido 132 víctimas por infracciones de velocidad  y 1.180 víctimas sin haberse registrado infracción del conductor por exceso de velocidad.

A la vista de estos datos, la cuestión es más que clara. Los fondos del Estado, se están destinando a mejores sistemas sancionadores como son los radares móviles de última generación, o los helicópteros Pegasus, o al cada vez mayor número de radares fijos instalados en las autovías. Se da la paradoja además, que estos radares para cazarnos, se instalan en tramos rectos de las autopistas donde los riesgos de accidentes son escasos (estadísticamente, en estos tramos rectos y bien trazados, no se producen accidentes). Pero nadie en la Administración quiere admitir que la mayor parte de los accidentes se están produciendo por la reducción de la inversión en la mejora de los firmes de las calzadas, la mejora en las vías de circulación convencionales y secundarias, que es donde se concentran los puntos negros de siniestralidad, debidos en gran parte al mal estado del asfalto, a la poca visibilidad o a la falta de poda y limpieza de los ramajes que llegan a interferir en la circulación rodada. Inciden también la falta de iluminación en muchos de esos puntos negros.

Sólo basta con circular por nuestras carreteras asturianas para ver que la calzada está llena de ramajes caídos de los árboles, que la vegetación se apodera del asfalto, que existen parches de bacheados que desestabilizan la rodadura del vehículo, y que incluso tenemos autovías recién construidas, con un firme asfáltico deteriorado en muchos tramos y en muchos casos parcheado de manera deficiente. Esta es la verdadera causa del incremento de los accidentes con víctimas mortales y que la DGT no nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino, atribuyendo esto a los excesos de velocidad, causa por la que anuncian que van a instalar aún más radares.

La DGT tiene que asumir de una vez por todas, que la tecnología y los instrumentos de seguridad de los vehículos modernos, permite conducir a velocidades más altas, sin comprometer la seguridad de la conducción. Y por eso yo propongo que, menos radares y más desarrollar el nuevo Reglamento de Circulación que tenía previsto aprobar hace ya más de dos años, en el que se iba a permitir la subida a 130 km/h en ciertos tramos de autovías y autopistas.

La DGT tiene que reconocer también que, actualmente, 17 estados miembros de la Unión Europea, ya tienen incorporadas velocidades máximas de 130 Km/h y en algunos casos superiores. Se da la circunstancia además que esos estados tienen incluso menos siniestralidad que la nuestra.

Por tanto concluyo, menos radares para recaudar sableando a los conductores y más inversiones en la conservación de las carreteras, en la mejora de la seguridad vial, y en la eliminación de los puntos negros de accidente.