Últimamente, el Ministro de Justicia Sr. Catalá parece mostrarse muy activo, defendiendo en público la necesidad de que la justicia sea más rápida, que sea más ágil y que haya Jueces y Fiscales independientes, para que actúen con autonomía y para que puedan desempeñar bien su trabajo. El 28 de Enero pasado se expresó en estos términos, en una ponencia que tuvo lugar en Riojaforum y ayer, en un encuentro que tuvo con representantes de las asociaciones de Jueces, volvió a insistir en la necesidad de revisar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como los nombramientos de los presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo, introduciendo criterios de transparencia y objetividad en los procesos selectivos.

Los ciudadanos venimos percibiendo y muchas veces sufriendo, la exasperante lentitud, ineficiencia y baja calidad de la justicia y por eso, resulta esperanzador escuchar al Ministro defendiendo una Justicia del siglo XXI más ágil, con buenas leyes, con mejores medios materiales y con mejores plantillas. El problema, como dice el refrán, es que del dicho al hecho hay un trecho.

Yo tengo bastante claro que los jueces en sí, cuando ejercen la acción jurisdiccional, tienen sus propias ideas políticas y que en base a esos sesgos ideológicos, aplican el derecho dentro de ese margen razonable de interpretación que han de tener, ya que la ciencia jurídica no está desconectada de las ideologías.

Pero, el problema no está ahí. El problema está en las permanentes injerencias de los poderes políticos, injerencias que ya han sido denunciadas por el Consejo de Europa, que critica abiertamente a España, por no garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, desde el momento en que permite que todos los magistrados con cargo de mayor nivel, sean elegidos por el Congreso, el Senado, el Gobierno o las Comunidades Autónomas  Otro modo de injerencia del poder político, se produce desde el momento en que es quien, con los presupuestos generales del estado, tiene la facultad de facilitar o dificultar económica y laboralmente,  el buen o mal funcionamiento de la justicia.

A causa de esta asfixia presupuestaria, en contraste con los avances producidos en sectores públicos como en sanitario, el educativo, Agencia Tributaria, etc. la Administración de Justicia no ha podido superar  su ya sistémico retraso, retraso que se calificaría de tercermundista, si vemos el informe emitido por el World Economic Forum on Judicial Independence, que sitúa a España en la posición sexagésima en un ranking  de calidad de la justicia de los diferentes estados.

No es admisible que nuestra justicia esté, como está, totalmente fragmentada y con una descoordinación absoluta, ya que por un lado está el poder judicial elegido por los partidos políticos y del que dependen los jueces. Por otro está el Ministerio de Justicia del que dependen los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios) y por otro están los cuerpos de gestión y auxilio procesal, así como la dotación de medios materiales, dependiendo de las diferentes Comunidades Autónomas.

Si de verdad el Ministro quiere llegar a esa soñada justicia imparcial, independiente, eficiente y rápida, va a tener que ponerse las pilas y a toda prisa reunir a las fuerzas políticas para alcanzar un Pacto de Estado. Pacto que ha de alcanzarse a toda prisa para volver a centralizar la administración de justicia, eliminando así su actual fragmentación. Que permita cambiar el actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de los partidos políticos, por otro en el que sean los propios jueces y magistrados, en votación directa, los que elijan a sus representantes. Igualmente, habría que eliminar la designación discrecional actual de los presidentes de los Tribunales, por otro en el que sean los propios jueces y magistrados quienes los elijan.  Ese pacto  tiene que dotar también de mayor independencia económica a la administración de justicia o en su caso que dote al sistema judicial de los medios personales y materiales que precisa para mejorar la agilidad, la eficiencia y la duración de los procedimientos.

Si no existen esas dotaciones de medios necesarios, tanto para agilizar procesos como para ganar en eficiencia, si no existe una auténtica independencia judicial, de qué pueden servir leyes o decretos que digan que porque lo dice la ley, los procesos van a durar tantos o cuantos meses. Los procesos durarán el tiempo que se requiera, en función a su  complejidad y a los medios con los que cuenten los juzgados correspondientes. Estas leyes sólo serían un canto al sol y ocultarían el verdadero propósito de modernizar o no la justicia, facilitándole todos los medios e instrumentos que necesita.