Con cierta frecuencia, he venido escribiendo sobre la percepción negativa que los ciudadanos tenemos sobre la justicia, debido básicamente a su politización, a su intento de colonización por el poder político, a su exasperante lentitud, generada sobre todo por su endémica carencia de medios tanto personales como materiales y a su alejamiento del ciudadano.Hace ya varios años, unos 1.400 jueces españoles, firmaron un manifiesto denunciando el atentado contra la democracia, que provocaban las injerencias del poder político,  para tratar de controlar al poder judicial. Tiempo después, la asociación de Jueces para la Democracia, junto con la ONG de derechos humanos Rights International Spain,  pidió a la ONU que hiciese una visita en misión especial a España para que investigue sobre la politización de la justicia.

Pues bien, acabo de comprobar que las opiniones que vertía en mis artículos, no estaban nada desencaminadas, ya que en estos últimos días, todas las asociaciones tanto de jueces como de fiscales, están sosteniendo y ratificando estas opiniones.

El pasado 17 de Mayo, las cuatro asociaciones de jueces existentes, con unanimidad total, en la subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, han criticado abiertamente los intentos de colonización de la Justicia por parte de los partidos políticos. Han dicho alto y claro a los Diputados, que es absolutamente necesario modificar el sistema de elección de los miembros del Poder Judicial por el poder político, de modo que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a los miembros de las cúpulas judiciales, bajo los criterios de capacidad, competencia y experiencia.  Han dicho y reconocido abiertamente que la justicia sufre una gran pérdida de credibilidad por parte de los ciudadanos. Han dicho a los diputados que el funcionamiento de la justicia es absolutamente deficiente y que además de ello existe una apariencia de politización, entendiendo esto como control, manipulación o injerencia del poder político en el ámbito judicial. ¿cabe más claridad?

Esta primera reunión de la subcomisión del Congreso, debería de sentar las bases o los cimientos para alcanzar un Pacto de Estado de la Justicia. El problema es que, con lo que estamos viendo en los recientes casos de corrupción, como por ejemplo, la operación Lezo, donde se ha visto de modo manifiesto, la injerencia del poder político gobernante, a través del Ministro de Justicia, Fiscal General del Estado y dimitido Fiscal Anticorrupción, va a resultar muy difícil que las clases políticas, de buen grado, accedan a alcanzar la necesaria descolonización de la justicia para alcanzar su total independencia.

Lo cierto es que, si de verdad tuviéremos políticos de altura, algo que pongo en cuestión, debería de alcanzarse ese Pacto de Estado que impidiera a los partidos políticos nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ya que con ello sin duda se evitaría la sospecha de que los candidatos nombrados por los políticos, aun cuando puedan ser honestos, podrían ser los enlaces necesarios de las formaciones políticas que los nombraron.  En esta misma línea las reformas también tienen que llegar al Ministerio Fiscal, siendo necesario modificar de inmediato el Estatuto Fiscal para reformar su independencia y autonomía y evitar las injerencias que ahora se están produciendo desde el mismo momento en que el Fiscal General del Estado es nombrado por el gobierno de turno, generando con ello una clara servidumbre.

Para evitar conflictos, como los que estos días hemos vivido en la Fiscalía Anticorrupción, es necesario introducir procedimientos que permitan equilibrar los principios de jerarquía, con los de profesionalidad y honestidad de los fiscales. Se hace necesario también que, esos políticos de altura, de una vez por todas, pongan encima de la mesa todos los medios personales y materiales necesarios, para acabar con la organización judicial decimonónica que hoy tenemos.

Si seguimos con un número insuficiente de jueces, si hay escasez de funcionarios, si no hay la adecuada especialización, si no hay sistemas informáticos modernos, ¿cómo se pueden instruir esos mastodónticos y complejos procesos que llegan a los Juzgados?..

No se puede consentir y hay que erradicar que los políticos, entre ellos hablen del “ juez amigo” “este es aliado nuestro”, “este es de nuestro partido”.. No se puede seguir consintiendo los nombramientos discrecionales por parte de los políticos. Y esto sólo se puede evitar si de verdad se ponen todos los medios para que la justicia sea imparcial e independiente.

Quiero ser optimista, pero mucho me temo que, con la poca altura de miras que tienen nuestros actuales políticos, sigamos sin alcanzar ese necesario pacto de estado.