Leo otra vez en el Diario el Comercio, una nueva información, que vuelve a incidir en los problemas que sigue generando la tramitación del salario social, por parte del Principado de Asturias. Siguen subsistiendo e incluso incrementándose las trabas burocráticas de todo tipo que existen para otorgar esta prestación. La propia Consejera Pilar Varela, sale a la palestra y dice que se han incrementado las plantillas de personal para agilizar los trámites, pero sorprendentemente, en vez de mejorar, la situación empeora aún más.

Para los que no lo conocen, he de decir de modo sintético, que el salario social es una prestación económica periódica, dirigida a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que se otorga exclusivamente a los fines alimenticios establecidos en el artículo 142 del Código Civil, indispensables para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción alimentista.  El Principado de Asturias reguló esta prestación, mediante la Ley de Salario Social Básico, que tiene como objeto desarrollar el derecho fundamental de la persona, a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. Esta Ley tiene su causa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, qué con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, proclama el reconocimiento del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes.

El problema es que, al igual que hicieron otras Comunidades, el Principado promulgó esta ley, pero la está incumpliendo de modo reiterado, envolviendo a los solicitantes en un entramado burocrático, que los lleva a que año y medio, dos e incluso más años después de haber presentado su solicitud, no puedan percibir la prestación a la que son acreedores. Por precepto legal, la resolución administrativa de las solicitudes, debe de hacerse en un plazo máximo de tres meses. Es por tanto más que evidente que la norma se infringe de modo manifiesto.

Conozco de primera mano la desidia de la Consejería de Bienestar Social, debido a las labores de asesoramiento que realizo como voluntario en una ONG, en la que, de modo frecuente, me entrevisto y ayudo a personas que llegan en busca de apoyo. Ayudando a esas personas, puedo ver las consecuencias de ese entramado administrativo que, en vez de simplificar el trámite, parece que lo que pretende es dilatarlo lo más posible. A título de ejemplo, una persona presenta solicitud de salario social el día 3 de Agosto de 2015. Han transcurrido casi dos años y aun no se ha dictado ninguna resolución. Ante esta situación, forzada por la reclamación continuada de la solicitante, quizá para quitarla del medio, en ventanilla le facilitan un documento de la Jefe de Negociado, donde se certifica que su solicitud tuvo entrada en la Consejería el 3 de Agosto de 2015, que se ha realizado una subsanación el 16 de Febrero de 2017 y que en estos momentos, no puede precisarse fecha probable de resolución del procedimiento. Otro ejemplo habitual es de una persona beneficiaria de la prestación y que encuentra un trabajo temporal de 3 meses. Debido a este contrato temporal, se le suspende la prestación. Transcurridos esos tres meses trabajando, vuelve a solicitarla y ¿qué ocurre entonces? Que tiene que esperar un año o más a que vuelvan a rehabilitársela y, lógicamente esto lo que provoca, es la desmotivación en esa persona para la búsqueda activa de empleo.

Yo a esto, lisa y llanamente, lo califico como una clara negligencia y una manifiesta dejación de funciones de la Administración del Principado de Asturias. Podríamos estar hablando incluso de un ilícito penal si tenemos en cuenta que nuestro Código Penal sanciona aquellas conductas que lesionan de forma grave los principios organizativos y la eficacia de actuación de la Administración Pública, que ha de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y coordinación, con sometimiento expreso a la Ley y al Derecho. Nuestro Código Penal sanciona las conductas de las autoridades o funcionarios que vicien su eficacia o el cumplimiento de los fines que tienen asignados.

De nada me sirve que la actual Consejera, al igual que hizo la anterior, diga que va a tomar medidas para regularizar la situación de los más de 2000 expedientes que tienen atrasados o que va a incrementar las plantillas de personal, como según parece ha hecho. Tampoco me sirve de nada que se haya comprometido con el Parlamento asturiano para acabar con las listas de espera y tramitar las solicitudes en el plazo legal de tres meses. Al día de hoy las listas de espera siguen y la situación aún ha empeorado más.

Si de verdad se quieren eliminar las listas de espera, falta voluntad política para hacerlo. Se trata sencillamente de cumplir la ley ,al igual que tenemos que cumplirla todos los ciudadanos, ya que si no lo hiciéremos, el peso de la Administración caería sobre nosotros. ¿acaso es que el Principado tiene alguna bula para incumplir sus propias leyes?

Las personas que solicitan el salario social, no tienen ningún tipo de ingresos y dado el desamparo que sufren por la negligente gestión del Principado de Asturias, se ven obligadas a acudir a las ONGs para que les faciliten alimentos básicos y ropa de segunda mano y quedan en un manifiesto riesgo de exclusión social. Por ello, al igual que ya dije en otros artículos anteriores, si al Gobierno del Principado le queda algo de dignidad, debería de abandonar su actual pasividad y resolver el problema de modo inmediato. Se trata sólo de que apliquen la propia Ley que han dictado. Dejen a un lado las excusas, las justificaciones, las palabras huecas y pónganse manos a la obra.

Yo invitaría a la Consejera de Bienestar Social a que antes de subir a su coche oficial para que la lleve a su casa, haga el ejercicio de pararse un momento, para hablar con una de esas personas solicitantes del salario que no tienen nada, que le mire a los ojos, que oiga cuál es su situación y a partir de ahí, a ver si tiene coraje para seguir mirando para otro lado ante la penuria de esa gente. Recordaría también a esa Consejera, que los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley, pero, la Consejería también. Me duele tamaña indignidad política.