No hace mucho tiempo, participando en una tertulia, pregunté al conferenciante invitado sobre las razones por las que, pese a toda la corrupción política que sufrimos, apenas haya sentencias condenatorias de políticos o banqueros corruptos. Sin duda, por su profesión, tuvo que ser políticamente correcto y se limitó a contestarme diciendo que el confiaba en la Administración de Justicia y en los Fiscales y que los que la han hecho, la terminarán pagando.

Yo sí confío en los Jueces y Fiscales a título personal, pero, por el contrario, en modo alguno puedo confiar en una Administración de Justicia que ante casos alarmantes de corrupción como los que tenemos, actúa con una lentitud exasperantemente (una justicia tan lenta no puede ser justicia), además de estar fuertemente politizada.  Tengo muchas razones para no confiar, razones que, a grandes rasgos, coinciden con lo que vienen denunciando algunas Asociaciones de Jueces y de Fiscales.

A nadie se le escapan las fuertes presiones y las continuadas interferencias del poder político sobre el poder judicial, tratando de controlar al Consejo General del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado y al propio Tribunal Constitucional. Frente a los graves casos de corrupción que se produjeron en las filas de casi todos los partidos políticos, ni antes el gobierno del PSOE ni ahora el gobierno del PP, mostraron voluntad política para llegar a pactos y combatir la corrupción.

Desde el momento que, vía Presupuestos Generales del Estado, el poder político estrangula al poder judicial, no dotándolo de los medios personales y materiales que necesita, muy difícil lo va a tener cualquier juez al que le toque instruir un caso de corrupción complejo, para que, con las carencias que tiene en el juzgado, pueda actuar con celeridad y eficacia. En este momento, los juzgados son raudos y veloces para juzgar y condenar a un robagallinas, pero, cuando se trata de estos casos complejos de corrupción, se quedan bloqueados.

Tras todas las tramas corruptas que han ido apareciendo, en este momento tenemos a más de dos mil políticos investigados por corrupción y pese a que hay innumerables casos complejos en los despachos de los jueces, no se ha creado ni un solo nuevo juzgado de instrucción, no se han convocado plazas para nuevos jueces, las plantillas de personal se van reduciendo por mor de las jubilaciones y no se convocan nuevas oposiciones para, como mínimo, mantener la plantilla. Y si me refiero a los medios materiales, tengo que decir que, para instruir estos casos tan complejos del siglo XXI, los medios materiales con los que cuentan los juzgados son de principios del siglo XX.

Para paliar esta situación, todas las asociaciones de Jueces y Fiscales, sin excepción, así como los Letrados de la Administración de Justicia, trasladaron un manifiesto al Sr. Rajoy, pidiendo medidas concretas, pero, lamentablemente, no se ha hecho absolutamente nada. Y es precisamente por esta carencia de medios, por la que muchos políticos corruptos, con toda la ingeniería jurídico fiscal a su alcance, terminen eludiendo la acción de la justicia y la eluden, sencillamente, porque ellos tienen más medios que los propios juzgados, para escaparse de sus garras

En este momento, España está a la cola de la UE en número de jueces por habitante (solo Albania y Moldavia están por detrás de nosotros). Los Tribunales necesitan una policía judicial especializada en temas económicos y fiscales. Se necesita introducir reformas legislativas para evitar como ocurre ahora, que por las administraciones públicas circulen millones de euros sin control alguno. Se necesita modificar el Código Penal endureciendo las penas para los políticos corruptos, ya que resulta inadmisible que se soliciten dos años de prisión, multa e indemnización, para ese senegalés que vende Cds en los bares, que se le someta a un juicio rápido, mientras que muchos políticos corruptos, tras varios años de instrucción del procedimiento, se vayan de rositas a su casa saldando su condena con una pequeña multa.

Resulta igual de inadmisible que a toda velocidad, todo el peso de la ley caiga sobre una joven que ha resultado condenada a cinco años de prisión, porque encontró una cartera en la calle y utilizó una tarjeta de crédito que había en ella para comprarse productos en un supermercado por valor de 200€. Y entre tanto ocurre esto, cuando se trata de políticos y banqueros que materialmente roban fortunas, los asuntos se duermen en los tribunales, se pierden pruebas, prescriben delitos y aquí no pasa nada.

Como principio jurídico es cierto que todos somos iguales ante la ley, pero yo añado: menos los políticos y banqueros corruptos. Y añado también, el peso de la ley sólo cae raudo y veloz, sólo sobre los robagallinas.

En este momento, ante tanta corrupción como ha habido y hay, en casi 40 años de democracia, por la información que tengo, sólo cinco políticos han sido condenados por sentencia firme y han entrado en prisión para cumplir condena y, por supuesto, ninguno de ellos ha devuelvo lo robado, porque resultaron jurídicamente insolventes al no encontrarles propiedades en España, cuando, como es fácil pensar, sus fortunas quedaron guardadas en algún paraíso fiscal, fuera del alcance de los Tribunales españoles. Es cierto que hay 32 políticos en prisión preventiva, como Luis Bárcenas, Jaume Matas, Granados o Francisco González, pero más de dos mil siguen en la calle, en espera de que finalice la instrucción de sus procesos judiciales.

Con un nivel de corrupción política insoportable, es difícil de digerir que más de dos mil corruptos anden por ahí libres, porque los Tribunales, con todas sus carencias, se están moviendo con una lentitud y con una ineficacia que hace imposible una correcta administración de justicia.

En este estado de cosas y con el blindaje que les proporcionan esas carencias de los tribunales, a nadie le va a sorprender que los dirigentes políticos, haciendo alarde de un cinismo monumental, se limiten a mirarse al ombligo y decir: “yo no sé nada, yo no me enteré de nada, yo sólo me dedico a la política y las cuentas las llevan otros (como dijo el Sr. Rajoy hace unos días cuando compareció como testigo), o “que los jueces hagan su trabajo”.

Refiriéndome a esa declaración del Sr. Rajoy como testigo, yo no puedo confiar en un presidente de gobierno que sólo se dedicaba a la política y que, o por no haber vigilado convenientemente a sus cargos políticos, o por haberse equivocado estrepitosamente en su elección, haya generado tan alto nivel de corrupción en sus filas.  Tampoco puedo confiar en él desde el momento en que ha hecho caso omiso a las peticiones que le formularon Jueces y Fiscales. Igualmente, tampoco puedo confiar en un dirigente del PSOE que sólo tiene como objetivo político quitar del poder a Rajoy para instalarse el, pero que oculta todo lo pasado en las filas de su propio partido

Aún no he oído a ninguno de ellos, qué como primera providencia, hablen de un pacto de estado, para luchar contra la corrupción política, con acciones y medidas concretas. Tampoco he oído que ninguno de ellos hable de establecer medidas urgentes, para dotar a los Juzgados y Tribunales de medios materiales y personales suficientes para que puedan perseguir los delitos con eficacia.  Para ellos, lo importante no es esto. Su objetivo es llegar al poder y nada más. ¿es a estos a los que tenemos que votar? Qué pena.