Muchos políticos nacionalistas, independentistas y algún que otro oportunista, vienen hablando en estos últimos tiempos, de nación histórica, de nacionalidad histórica, de comunidad histórica o de región histórica. De modo concreto hablan de Cataluña, de Euskadi y algunas veces también de Galicia. Fundamentan sus alegatos en que estas tres comunidades, tienen lenguas e identidades culturales y políticas, diferentes a las del resto de España. Primero fue el lehendakari Ibarretxe el que en 2003 propuso un nuevo estatuto basándose en la identidad propia del pueblo vasco y su derecho a decidir y a la autodeterminación. El Parlamento le dio un buen revolcón y se acabó el plan Ibarretxe.  Ahora fue  el Sr. Puigdemont el que, utilizando esos mismos argumentos de identidad propia, saltándose a la torera el orden jurídico establecido, decidió meterse en la declaración unilateral de independencia.  Frente a esto, en aplicación de los principios constitucionales, se puso en marcha del artículo 155, para restaurar los desmanes de tal despropósito.

Frente a esas grandes falacias argumentales, tanto desde el punto de vista jurídico como histórico y frente a tanto despropósito, voy a tratar de desmontar esos argumentos, que a mi juicio, caen en una manifiesta e interesada tendenciosidad. Voy a centrar mis argumentos en esos hipotéticos derechos históricos. Y para ello empiezo diciendo que  la disposición adicional primera de la Constitución española establece que «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La cuestión es que, históricamente, los territorios forales, que yo sepa, sólo son los del País Vasco y Navarra y de ahí viene, como hecho diferencial, el concierto económico aplicable sólo a estas comunidades.

Nuestra Constitución Española de 1978, reconoce la existencia de regiones, comunidades y nacionalidades y en base a ello les concede autonomía, pero sin establecer diferencias administrativas entre unas y otras. La expresión “Comunidad histórica” no está en el texto constitucional.  El concepto de “comunidad histórica” fue aplicado de modo pacífico al País Vasco, a Cataluña, a Andalucía y a Galicia, única y exclusivamente porque eran territorios que durante la segunda república, habían plebiscitado proyectos de estatuto de autonomía propio, antes de que estallase la guerra civil. Sólo podemos calificar de histórico por tanto, que lo único que tenían en común y que las distinguía de las demás, es que estas cuatro comunidades, entre 1931 y 1936, antes de estallar la fratricida guerra, tenían en marcha unos proyectos de autonomía (no de independencia). Sólo por este hecho y por nada más, es por lo que se las calificaba como comunidades históricas.

Y llegados a este punto, me pregunto ¿Cuántas comunidades tanto desde el punto de vista jurídico como histórico, pueden sostener que son naciones históricas? Y va por delante que nuestra Constitución y nuestro Tribunal Constitucional declaran que sólo hay una nación y esta es la Nación Española. En el desarrollo estatutario posterior a la Constitución, algunas comunidades, en la redacción de sus estatutos de autonomía se definieron como nacionalidades o naciones históricas. Otras como es el caso de Asturias, se definen como comunidades históricas.

Si partimos de las bases comúnmente aceptadas por los historiadores, ha de decirse que, tras el fin del estado visigodo, provocado por la derrota en la batalla de Guadalete del año 711, que inició la invasión musulmana de la península ibérica, fue el Reino de Asturias el que empezó a reconquistar, primero los territorios musulmanes de la cornisa cantábrica así como los territorios adyacentes y se convirtió en la primera entidad política cristiana tras el hundimiento de ese reino visigodo. Los reyes asturianos se fueron expandiendo de modo que a principios del siglo X ya habían alcanzado el río Duero. Se dice  por eso, que el Reino de Asturias ha sido el embrión de España, embrión que fue creciendo hasta ser el precedente de la Corona de Castilla y el Reino de Portugal.

Los asturianos lucharon primero contra los romanos, después contra los vándalos y más adelante iniciaron la reconquista y forjaron una identidad propia, identidad que se fue trasladando a medida que avanzaba la reconquista al reino de León, a la Corona de Castilla y al Reino de Portugal. ¿Acaso no es esto tener identidad propia y por tanto el derecho a lucir con todo honor, el distintivo de comunidad histórica?.

En cambio, si hablamos de Galicia, ¿dónde está su identidad propia, si tras la insurrección de los gallegos, estos fueron sometidos al monarca asturiano Fruela I y después al Rey Silo?  Si hablamos de Euskadi, ¿dónde está su identidad propia, si resulta que los vascones, estaban sometidos al a la monarquía asturiana de los reyes Alfonso I y Fruela?  Y por último, si habláramos de Cataluña ¿dónde está su identidad propia si resulta que formaban parte de la Marca Hispánica, como condado dependiente del imperio carolingio, para más tarde quedar integrados en la Corona de Aragón?

Así que por favor, menos identidades propias y menos presumir de derechos históricos, porque, al margen de espúrios  intereses políticos, la relación de comunidades verdaderamente históricas, tras la desaparición de el Al Andalus, ha de empezar por Asturias, continuando por León, siguiendo por Castilla y terminando en Aragón.  La Comunidad autónoma catalana o la Comunidad autónoma vasca, son eso, comunidades autónomas, al igual que lo es el Principado de Asturias que, como he dicho antes, quizá sea la comunidad histórica de más peso en la historia moderna. Asturias, por las raíces de su historia, sí podría ser una nación histórica si se utilizaran las falacias argumentales de los nacionalistas e independentistas.

Dicho todo esto, es lamentable que viviendo como vivimos en una democracia que ya tiene más de 40 años, que viviendo en uno de los países de más larga historia de Europa,  que viviendo en uno de los países económicamente  más destacados de Europa y del mundo, una casta de indecentes políticos, con una infinita bajeza moral, tergiversando la historia y saltándose a la torera tanto nuestra Constitución como sus propios estatutos de autonomía, estén provocando tamaños disparates. Estos oportunistas dirigentes nacionalistas e independentistas, bajo el pretexto de hechos diferenciales, derechos históricos o amenazas de independencia, lo que pretenden, sin lugar alguno de duda, es chantajear al Estado español  para seguir catando la teta de la vaca del estado, para obtener ventajas y privilegios que otras comunidades por muy históricas que sean, no van a tener, porque constitucionalmente hablando todas las comunidades han de ser iguales en derechos.

También es cierto que, durante muchos años, esa bestia nacionalista e independentista, ha estado siendo alimentada y bien alimentada, por los diferentes gobiernos que hemos tenido en España, ya que para poder gobernar, como necesitaban el apoyo de esos partidos nacionalistas, les fueron concediendo unas ventajas y unos privilegios que otras comunidades no tenían.

Así que ¡basta ya! Creo que ha llegado el momento. Utilizando las experiencias de esta difícil situación que se vive en Cataluña, el Estado español, con mano firme y rechazando el chantaje nacionalista, debe de avanzar con paso seguro y sin titubeos, hacia la igualdad de todas las Comunidades sin excepción. Basta ya de hechos diferenciales. Llega la hora de que políticos, con altura de miras, empiecen a gobernar para que todos seamos iguales y para erradicar esas desigualdades comunitarias. Quizá haya que pensar en volver a centralizar la sanidad, la justicia o la educación. Y para bajar la tensión de mis palabras, en lo que se refiere a comunidades históricas, termino con ese dicho tan popular de ¡Asturias es España, lo demás es tierra conquistada!