Como leí por una red social en sentido jocoso, decir que los independentistas catalanes son presos políticos por sus ideas, es lo mismo que decir que los violadores están en la cárcel por practicar el sexo.

Es verdad que en la Unión Europea, probablemente, por primera vez se ha llevado a prisión preventiva a líderes políticos, no por corrupción o por delitos comunes, sino por una manifiesta insurrección institucional. También es cierto que estas decisiones judiciales pueden resultar traumáticas y que de hecho están provocando muchas reacciones de todo tipo. Pero, en lo que en modo alguno puedo estar de acuerdo es que ciertos dirigentes como Iglesias, Colau y otros más, digan que España hoy es una dictadura, donde hay presos políticos porque se detiene a los opositores. Concretamente Pablo Iglesias recrimina aquí lo que en sentido contrario aplaude que se haga en Venezuela. Tampoco puedo estar de acuerdo con esas consignas de “libertad para los presos políticos” que utilizan propagandísticamente los independentistas para convencer a no sé quién, de que en España tenemos un estado opresor que encarcela a los disidentes políticos por sus ideas.

Lo que sabemos con certeza, porque se ha comprobado, es que los hechos por los que se les juzga, son que todos los miembros del Gobierno de Cataluña, de común acuerdo con otras autoridades funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas, unieron sus voluntades para llevar a cabo un referéndum independentista, para declarar el estado catalán independiente en forma de república. Utilizaron violencia intimidatoria de sectores independentistas de la población, llamaron a la insurrección y vulneraron descaradamente tanto nuestra Constitución, como todas las resoluciones que el Tribunal Constitucional vino dictando ya desde el pasado 2015. Es cierto que tenían la mayoría absoluta de diputados, pero no así de votos. Estos personajes públicos también se valieron de las asociaciones civiles independentistas Omnium y Asamblea Nacional Catalana,   a las que pertenecen un gran número de los diputados y miembros del Govern.

Elaboraron un documento titulado “reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica” que era la hoja de ruta para llegar a la independencia y que definía el papel que cada uno debería de jugar en el plan establecido. Este documento, en realidad, lo que recogía es todos los pasos que terminó ejecutando el gobierno de la Generalitat y el Parlament.

En este proceso, aprobaron leyes y resoluciones para dar aparente cobertura legal al proceso. Estas leyes y resoluciones fueron declaradas todas inconstitucionales. Cataluña no tenía competencia ni para declarar el referéndum ni para ejecutar el proceso de desconexión. Pese a todo esto, Pugdemont lideró la movilización de los sectores independentistas y se saltó a la torera la Constitución. Promovieron actos, manifestaciones, proclamas para inyectar en la sociedad la idea de que existía un derecho de autodeterminación y que todo lo que estaban haciendo estaba legitimado.

El gobierno de Puigdemont, para conseguir efecto intimidatorio, asumió de modo exclusivo el mando de los Mossos d`esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos. Se mandaron cartas a los alcaldes catalanes para que pusieran a su disposición los locales municipales necesarios para celebrar el referéndum, mandado que algunos alcaldes desatendieron. En mítines se hicieron llamamientos al enfrentamiento. Se promovieron movilizaciones y concentraciones tumultuarias para oponerse a la ejecución de órdenes judiciales, para impedir que policía y Guardia Civil cumplieran sus funciones, así como actos de acoso o “escraches” en sus lugares de trabajo y de descanso. Se trataba de conseguir la secesión de modo coactivo.

El pleno del parlament aprobó la declaración unilateral de independencia, lo que como sabemos, provocó la aplicación del art 155 de nuestra Constitución. El gobierno organizó y financio con fondos públicos, todo el proceso. Se habilitaron partidas presupuestarias para hacer frente a las necesidades derivadas del proces. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de estas partidas.

Pese a eso Puigdemont hizo posible la realización de pagos por importe de 6.207.450 €, no ya por llevar adelante un acto contrario a derecho, sino que además, es constitutivo de un delito, en cuanto que vulnera una orden constitucional. Se ordenaron gastos para algo que era delictivo. Eran gastos que nada tenían nada que ver con la función pública y que nada tenían que ver con el correcto funcionamiento de la Comunidad.

Y todo esto,  amigos míos, lisa y llanamente,  constituye delito de rebelión del artº 472 de nuestro Código Penal, de sedición del  artículo 544, de malversación del 432, de prevaricación del 404 y de desobediencia del 503. Estamos hablando no de uno, sino de cinco delitos claramente tipificados en nuestra Ley penal. Y además de todo esto, también deberíamos de hablar de la gran fractura social que se ha provocado en Cataluña, unida a unas desastrosas consecuencias económicas y a una falta total de reconocimiento internacional de este procés que ojala olvidemos pronto.

Por tanto, los que ya están en prisión provisional y los que han huido a Bruselas que confío pronto estarán en prisión también, en modo alguno son presos políticos, son presos en prisión preventiva hasta que se les juzgue por los cinco delitos de los que se les acusa.