Tras 40 años de democracia, los españoles vivimos con honda preocupación el grave deterioro de nuestra política, y por ello sentimos una gran desafección por todo lo que rodea a esos partitócratas, que sólo buscan y persiguen los intereses de sus partidos, o a esos politócratas que desde jóvenes han entrado en los partidos y que sólo saben vivir de la política y de sus redes clientelares.

En todos estos largos 40 años, no ha habido pactos o legislación adecuada para controlar el funcionamiento interno de los partidos políticos, pese a que se están financiando con cargo a los presupuestos públicos, razón por la que, al tratarse del dinero de todos los ciudadanos, deberían de ser transparentes y someterse a las correspondientes auditorías de cuentas. En este momento, las reglas que han establecido los políticos, por mucho que se hable de primarias y de otros procedimientos, hacen que el ascenso o la trayectoria de los políticos dependa de sus cúpulas dirigentes, impidiendo con ello que haya una auténtica democracia interna.

Los partidos políticos se financian con los presupuestos del estado y por ello, sus cargos estructurales perciben retribuciones públicas, así como el personal que tienen asalariado, que percibe sus sueldos con cargo a las subvenciones que se asignan a cada partido. Siendo esto así, no es de recibo que entre tanto a las empresas o asociaciones privadas, se les exigen todo tipo de obligaciones contables, se les exigen depósitos de cuentas en los registros mercantiles, se les exigen auditorías y se someten a inspecciones fiscales, a los partidos políticos prácticamente no se les exige nada. Un partido político tiene menos exigencias de control que cualquier asociación cultural o deportiva o incluso que una comunidad de vecinos.

Lo lógico y coherente es que en este momento existiese una Ley de Partidos, que como mínimo fuere tan meticulosa y exigente como lo es la Ley de Sociedades, lisa y llanamente porque su funcionamiento ha de tener y tiene una trascendencia social que ha de ser muy superior a la de cualquier empresa privada, por grande que sea.

Antes que nosotros, otras democracias avanzadas como pueden ser la alemana o la de Estados Unidos, legislaron e implantaron de modo riguroso y eficaz, el control interno de los partidos, estableciendo tanto procedimientos para elegir cargos internos o de representación, como para su control contable, lo que permite una mayor trasparencia y con ello un alto nivel de moralidad, algo que, lamentablemente no ocurre en nuestro país.

Antes, ni PSOE ni PP, que gobernaron de modo alternativo, mostraron mucho interés en reformar la vigente Ley de Partidos. Estaban muy cómodos teniendo poquísimos controles y esto nos llevó a que de modo sistemático se estuvieren financiando ilegalmente, al tiempo que eliminaban la democracia interna. Por ello, ahora que se ha roto el bipartidismo en el ámbito nacional, con la entrada en la escena política de los partidos Ciudadanos y Podemos, y en la que tras la elección del nuevo presidente del PP, todos sus dirigentes son jóvenes, esperemos que, si de verdad, como dicen, escuchan a los ciudadanos, se pondrán manos a la obra para que lo más pronto posible, se promulgue una nueva Ley de Partidos que regule con rigor su organización, su financiación y su funcionamiento interno.

En esta línea, lo razonable sería que se exigiera la modificación de los estatutos de cada partido, de modo que como mínimo, cada dos años, se eligieran democráticamente sus cúpulas directivas y se formaran los correspondientes órganos de control, Juntas Directivas, Comités Federales, Comités Regionales, Comités Locales, etc.).

Los afiliados, contrariamente a lo que ocurre ahora, deberían de tener una mayor capacidad de participación, pudiendo concurrir a elecciones directas para ocupar cargos de partido. Se trata en definitiva de celebrar auténticas elecciones primarias. Y tras esta elección que por ejemplo se haya celebrado en una circunscripción local, no cabe que después, como de hecho viene ocurriendo, las cúpulas del partido impongan otro candidato con cualquier pretexto, simplemente porque el elegido no les convenía o interesaba.

Es necesario también que obligatoriamente se creen comisiones de ética y de garantías para defender al afiliado, estableciendo además la posibilidad de que cualquier decisión de las cupulas, pueda ser recurrida ante los tribunales ordinarios de justicia, en los supuestos de vulneraciones de derechos por parte de los órganos directivos del partido.

Y lo más importante, es necesario que existe auténtica transparencia, haciendo que todos los datos sean abiertos, incluyendo su publicación en el BOE o el BO de cada Comunidad Autónoma. Es necesario además que tanto los estatutos, como las resoluciones de sus órganos, estén colgadas en las páginas web de cada partido. Puntal de esta transparencia ha de ser la rendición de cuentas anuales en todos los niveles del territorio, y esta exigencia, al igual que ocurre en cualquier sociedad privada, debería de generar responsabilidades no sólo políticas, sino incluso penales, para los dirigentes del partido.

Se tiene que considerar que los programas electorales, son contratos con la ciudadanía y qué por ello, su incumplimiento, necesariamente tiene que generar responsabilidades políticas.

Capítulo trascendental ha de ser el de la financiación. En este ámbito, los contables del partido, así como la ejecutiva del mismo, tendrán que tener responsabilidades penales, por los casos en los que existan de financiaciones irregulares. Dado que existe financiación pública, los partidos tendrán que ser sometidos a una auditoría anual de cuentas, realizado por empresas externas e independientes. Tiene que existir un claro control interno, con una comisión especializada que se ocupe de supervisar tanto los gastos de las campañas electorales, como los demás gastos internos.

Para alcanzar la necesaria transparencia en los gastos electorales, además de las auditorías externas, deberían de rendirse cuentas también al Tribunal de Cuentas y a las autoridades electorales. Igualmente deberían de establecerse límites en los gastos de publicidad o en las donaciones que puedan recibir, así como la concesión de créditos por las entidades financieras, en unas condiciones especiales y fuera del mercado. Se debe de prohibir también la condonación de deudas, como ahora está ocurriendo. Creo que es hora de que los ciudadanos empecemos a levantar la voz y hacer ver a los dirigentes políticos que ya estamos hartos y que esto, necesariamente tiene que cambiar. No podemos limitarnos a callar.