Estamos viviendo unos momentos de nuestra democracia, en los que impera de modo manifiesto el oportunismo político, lleno de intereses personales y de partido. Tristemente, tenemos instalada una política carente de ideología y carente también de políticos con capacidad intelectual y con altura de miras. En esta política de bajura, no se practica el debate intelectual, no se practica el necesario debate para alcanzar el fin común de todos los ciudadanos y por el contrario, lo que se practica es el discurso lleno de palabras huecas y de frases totalmente vacías de contenido. Lo único que importa es alcanzar el poder y para eso se pacta con quien sea, aunque esto implique claudicar ante partidos independentistas, o aunque implique provocar desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas.

Siguen apareciendo prácticamente todos los días, nuevos casos de corrupción política, en todo el arco parlamentario, pero no importa. Lo único que se oye a los políticos es eso del “y tu más”. Se buscan todo tipo de justificaciones para escurrir el bulto y nadie hace nada para eliminar de una vez por todas esta lacra.

Quizá sea esta la causa por la que, ni PP ni PSOE ni los partidos nacionalistas que sustentaban en el poder al bipartidismo, ha hecho nada para poner en marcha la necesaria reforma del Poder Judicial, dotándola de todos los medios personales y materiales que necesita para que de verdad tengamos una justicia rápida y eficaz. Es la vía de los presupuestos generales del Estadio la que tiene que dotar la implementación de estos necesarios medios, pero ya ha pasado mucho tiempo y el poder judicial sigue estrangulado con una manifiesta carencia de medios.

Pero es que, por si esto fuere poco, además siempre se ha pretendido interferir en la independencia del poder judicial y para ello nada mejor que intervenir en el Consejo General del Poder Judicial que es el órgano encargado del nombramiento de cargos judiciales, concursos de traslado, comisiones de servicio o régimen disciplinario de los jueces.

Las sucesivas reformas legislativas introducidas tanto por el propio gobierno como por las cámaras legislativas, implantaron el politizado sistema de elegir vocales del CGPJ, estableciendo así un Consejo manifiestamente politizado.

Se propicia la elección de los vocales politizados pactando a puerta cerrada en las sedes de los partidos políticos, limitándose las Cámaras legislativas a ratificar el reparto del pastel que se ha cocinado en el seno de los partidos.

Todas estas maniobras políticas para cercenar la independencia, se practican desoyendo tanto las exigencias de nuestro propio Tribunal Constitucional como las del Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, que impide estos procedimientos. Se desoyen también las exigencias de las asociaciones judiciales que de modo unánime, claman para que los doce vocales del Consejo fueren elegidos por todos los jueces de todas las categorías, ya que este es el único medio de preservar su independencia.

No es admisible que, en la última renovación del Consejo, aun cuando tenemos más de 5.000 jueces, tan sólo se presentaran a la elección de los 12 miembros, 52 candidatos y qué casualidad, la mayor parte de ellos promovidos por los partidos políticos. Pero es que, además, es grave que, a algunos de ellos, desde el propio Ministerio de Justicia se les prometió que iban a ser elegidos. En resumen, elección a dedo pura y dura, sin que ni tan siquiera interviniera el parlamento por donde los candidatos tenían que pasar por la correspondiente comisión parlamentaria. Es también muy grave que algunos candidatos fueren excluidos, aun cuando tenían más avales que los elegidos, tenían más amplias trayectorias profesionales, o tenían superadas pruebas de especialización en diferentes órganos jurisdiccionales.

No eran necesarios ni avales, ni trayectoria profesional, ni capacidad, ni especialización. Sólo se trataba de repartirse políticamente el pastel, con un reparto proporcional de miembros del Consejo. Y en este reparto, algunos jueces politizados, dejando a un lado los necesarios principios éticos y morales exigibles a un juez, aprovecharon la oportunidad para obtener una mejor carrera profesional, que nunca alcanzarían estando en el escalafón.

Pero es que, además, por si con esta elección a dedo no fuere suficiente, se configuró a un presidente del Consejo totalmente presidencialista, evitando con ello que las decisiones sean tomadas de modo colegiado por todos los miembros. Tanto es así que no sólo los jueces, sino que muchos vocales del Consejo, critican no sólo el presidencialismo, sino además la falta de transparencia en el nombramiento de los diferentes cargos judiciales, que no es suficientemente motivada y que no reconoce el mérito y capacidad de los magistrados, sino que lo que hace es reconocer sólo la proximidad al presidente

Los magistrados denuncian también que se está utilizando la potestad disciplinaria, para acallar a los miembros críticos. Denuncian igualmente que existe una opacidad total en el trámite de los concursos de traslados o en las comisiones de servicio. Denuncian asimismo que no se publican las plazas judiciales vacantes para que cada uno, libremente decida solicitarla.

Y por si todo esto fuere poco, aparecen en la prensa filtraciones de esas cloacas del estado que según parece, manejaba ese impresentable Comisario Villarejo, ahora en prisión, en las que aparecen conversaciones del ya nada sospechoso Juez Garzón, que utilizó las puertas giratorias para ir del poder judicial a la política y otra vez vuelta a la magistratura, así como la de entonces fiscal y ahora ministra de justicia.

De una vez por todas, es necesario alcanzar la plena independencia del poder judicial, como único medio de tener una justicia libre e independiente, no encorsetada por intereses políticos. Yo confío plenamente en esa gran cantidad de Jueces, Magistrados o Fiscales que ejercen sus funciones de modo ético y profesional y que son los garantes de nuestro Estado de Derecho. No se puede seguir consintiendo que los políticos quieran limitar esta independencia y que además de eso, quieran criticar abiertamente decisiones judiciales porque les afectan y no les gustan, o quieran erosionar la profesionalidad de esos jueces y magistrados.

Los ciudadanos debemos de alzar la voz para que este asalto político al poder judicial finalice y para que las reformas necesarias sean el eje fundamental del debate parlamentario. No obstante, reconozco que, hoy por hoy, tristemente nuestros políticos están jugando a otras guerras de poder y juego de tronos, que les interesa mucho más que la independencia del poder judicial.