En su día, el Gobierno del Sr. Rajoy, entre el montón de medidas que deseaba poner encima de la mesa para reformar la Administración Pública y con ello evitar duplicidades, reseñaba con especial énfasis, la eliminación de los Consejos Consultivos autonómicos, ya que se habían creado en un contexto económico distinto al actual y ahora era necesario velar por la estabilidad presupuestaria, la austeridad, la sostenibilidad y la racionalización del sector público.

Han pasado varios años y, lamentablemente, poco se ha hecho al respecto. Inició el proceso de supresión la Comunidad de Cantabria y después sólo han seguido esta iniciativa las Comunidades de Madrid y Extremadura, que han eliminado sus consejos en el mes de diciembre del pasado año 2015.

Estoy convencido que se ha hecho tan poco para su supresión, porque los políticos de turno, se resisten a eliminar ese entramado institucional duplicado, que sirve para proporcionar buenas retribuciones dinerarias a aquellos que van abandonando sus cargos públicos. En primer lugar, esos políticos inventaron el Consejo de Estado, para acoger a ex presidentes del Gobierno de España, ex Fiscales Generales del Estado, ex ministros, ex gobernadores del Banco de España, ex presidentes de Consejos de Gobierno, de Comunidades Autónomas y ex de los más variopintos cargos políticos. Después, aun cuando este Consejo de Estado tiene competencias para asesorar a las Comunidades Autónomas, estas no se quedaron cortas y se inventaron los “Consejos Consultivos” para ese mismo asesoramiento ceñido a la respectiva Comunidad Autónoma

Lo curioso es que, los Consejos Consultivos autonómicos cuestan, en su conjunto, más del triple que el Consejo de Estado. Los gastos de personal se disparan en la misma proporción: cerca de 20 millones entre los diecisiete consejos consultivos autonómicos, frente a los en torno a 7 millones del Consejo de Estado.

Al igual que ocurre en el Consejo de Estado, en todos los Consejos autonómicos aun existentes, hay infinidad de políticos que, sólo por asistir a una reunión semanal, cobran entre 60.000 y 90.000 euros anuales. Y lo que indigna es que, puede que asistan a esas reuniones, pero quien les hace el trabajo y elaboran los dictámenes que ellos se limitan a suscribir, son los Letrados que tienen adscritos esos Consejos y que evidentemente cobran su sueldo como funcionarios adscritos que son. Como he leído en algún lado, “los miembros de la casta política son como los marines americanos. Nunca dejan a un compañero atrás”.

Ciñéndonos a nuestra Comunidad, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias está compuesto por seis miembros, casi todos ex políticos y a su servicio tienen dieciocho funcionarios adscritos, entre los que predominan los Letrados.  Repasando su memoria del pasado año 2017 he visto que han tenido 46 reuniones plenarias y que han generado unos gastos anuales de 1,3 millones de euros.

Entre las 358 consultas que les han formulado, predominan las reclamaciones que los ciudadanos hacen por el funcionamiento de los servicios públicos, como por ejemplo la de un viandante que se tuerce un tobillo en una alcantarilla, o la de un ciclista que reclama por caerse de la bicicleta en una senda pública con mantenimiento deficiente, o la de un conductor que reclama por habérsele caído un cartel publicitario encima de su vehículo. (No hay ni una sola que tenga una relevancia tan especial, que hubiere sido merecedora de una consulta al Consejo). Caramba, que se trata de cuestiones que cualquier Letrado del Principado puede resolver sin esfuerzo alguno, por su escasísima complejidad. Además, si el Principado tiene contratado un seguro de responsabilidad civil, que entre otras cosas, garantiza la defensa frente a las reclamaciones de los ciudadanos y en su caso la correspondiente indemnización por los perjuicios causados, ¿para qué ir a buscar el dictamen del Consejo Consultivo si van a ser los Abogados de la compañía de seguros, los que se van a ocupar de esas reclamaciones?

Para qué queremos unos órganos que nos cuestan más de 30 millones de euros al año, (Nuestro Consejo nos cuesta 1,3 millones) y que no sirven para nada, ya que sus dictámenes no son vinculantes y además de eso, quien realmente se los curra son los Letrados funcionarios. Conforme a la Ley de Presupuestos, los sueldos de todos estos consejeros, que no aconsejan nada, tienen unos emolumentos equiparables a un Subsecretario de Estado. Es decir, cobran más de 62.000 euros anuales sólo por asistir a una reunión semanal que apenas dura unas horas.

Por tanto, señores del gobierno tanto central como autonómico, tengan la tijera preparada para recortar y para reducir el déficit público. Recorten estos Consejos, que son costosísimos y que son ineficaces e ineficientes. La garantía del ciudadano no está en los consejos consultivos, sino en los tribunales”. Además de reclamar a la Administración hay que reclamar a la justicia.

Y si de verdad lo que quieren es proporcionar una jubilación dorada a sus ex, caramba, díganlo abiertamente que igual encajamos el gol mejor. Pero, en cualquier caso, si se resisten al recorte y persisten en la idea de jubilar magnánimamente a sus ex, caramba, acuérdense de que los ciudadanos de a pie, no tenemos ese privilegio y que si la empresa en la que trabajamos nos da una patada en el culo, nos vamos a la cola del paro, a ver si con suerte cobramos el subsidio un tiempo  y en base a lo que hayamos cotizado, así va a ser nuestra pensión, que nunca, en ningún caso, va a alcanzar el nivel de sus privilegiados ex políticos. ¡¡será mucho pedir!!.