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Guillermo Díaz Bermejo

A las pruebas me remito

INSOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES

A mi no me sorprende nada qué en la pasada campaña electoral, ningún partido político se haya atrevido a tocar en sus programas el tema de las pensiones, ya que, de haberlo hecho, igual habrían perdido muchos votos. Ahora, pasadas las elecciones, sale a la palestra la ministra en funciones Sra. Calviño, para decir que el sistema de pensiones no está en crisis, que sólo necesita algunos ajustes.

Lo que me molesta de los políticos, es que se oculte que tenemos un problema muy grave con nuestras pensiones, sistema que en este momento es totalmente insostenible y que, pese a que lleva muchos años en la agenda política, los gobernantes sólo han introducido pequeñas reformas que resultan totalmente insuficientes e incluso inadecuadas para hacer frente al verdadero problema, cual es el de ver claramente que ya en este momento, las pensiones públicas son insostenibles.

Se habla de que se necesitan 22.000 millones para salvar al sistema de un colapso. Se habla también de que el Fondo de Reserva, llamado vulgarmente hucha de las pensiones, quedará agotado en este ejercicio 2019, debido a que, para hacer frente a las pagas extraordinarias, desde el año 2012 se están sacando 8.500 millones para pagar las extraordinarias de Navidad y Julio. Se habla también de que la actual recaudación por cotizaciones a la seguridad social, es totalmente insuficiente para hacer frente al pago de las pensiones de hoy.

Según leo, el Gobierno sacará 3.693 millones del Fondo de Reserva, para pagar las pensiones de 2019. Así figura en el Informe Económico y Financiero que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno al Congreso. Esta disposición dejará la hucha de las pensiones en algo menos de 1.500 millones de euros al cierre del año. Por lo que parece, el Gobierno ha decidido no agotar el Fondo para evitar que le acusen de agotarlo, pero la realidad es que la deuda neta de la Seguridad Social seguirá aumentando como consecuencia de su déficit galopante. Está claro que las pensiones son el gran problema de España aunque ningún político quiera hablar de ello.

Al margen de noticias u opiniones mas o menos fundadas, ha de decirse que el Fondo de Reserva fue creado en el año 2000, fruto del pacto de Toledo y tenía como objetivo el de crear un fondo suficiente, en los periodos de bonanza económica, para hacer frente con él a posibles desequilibrios futuros, como es el caso de los que se están produciendo tras la crisis económica que hemos sufrido.

La realidad es que en este momento y con los datos que se barajan, el sistema público de pensiones está en crisis. Todos los indicadores nos llevan a pensar que el sistema atraviesa por graves dificultades y que se necesitan urgentes reformas para asegurar su futuro. Yo añadiría también que este no es un problema que se está produciendo específicamente en España. Se ha producido y se seguirá produciendo en otros países comunitarios.

Como todo el mundo sabe, nuestras pensiones públicas se crearon como un “sistema público de reparto” establecido bajo el principio de la solidaridad intergeneracional, a través del que, las cotizaciones de los trabajadores más jóvenes, han de servir para pagar las pensiones de los jubilados. Se trata de un sistema que funcionó muy bien en su momento pero que ahora, por los cambios habidos en el entorno sociolaboral, va a provocar graves problemas de sostenibilidad. Estos graves problemas tienen su causa en dos factores muy concretos.

Uno es el serio problema de nuestra negativa evolución demográfica, más acusada aun que la de otros países europeos que están perdiendo población de modo alarmante. A una muy baja tasa de natalidad, se le une un gran incremento de la esperanza de vida de los ciudadanos. Sólo basta decir que, en sólo 20 años, conforme a las tablas de mortalidad que se manejan, la esperanza de vida de los hombres, pasó de 71 a 82,3 años y la de las mujeres de 77 a 86,4 (esto es casi el doble de lo que teníamos hace 100 años).  El otro factor es el que ha generado la crisis económica vivida, que además de provocar elevadas tasas de paro, ha generado también nuevos empleos de muy poca calidad. Esto sin duda alguna ha producido una drástica reducción de las cotizaciones sociales.

Cuando se creó el sistema público de pensiones y después cuando se gestó el Pacto de Toledo, había muchos trabajadores en activo, la vida laboral se iniciaba a edades muy tempranas y esto llevaba a tener trabajadores que cotizaban durante 40 o incluso 50 años para alimentar el sistema. Por otro lado, dada la juventud de la población y las elevadas tasas de natalidad, el porcentaje de trabajadores jubilados, era muy pequeño. A esto había añadir además que los fondos de reserva, que de modo creciente se iban constituyendo, obtenían grandes rendimientos financieros por los elevados tipos de interés que se manejaban en los mercados de capitales. Ahora, en el ciclo actual, tenemos menos trabajadores, los jóvenes tardan más tiempo en incorporarse al mercado laboral y además de ello, al tener condiciones de trabajo más precarias, cotizan menos a la seguridad social. Tenemos también un mercado de capitales con tipos de interés incluso negativos, lo que impide que se obtengan plusvalías por los fondos acumulados. En el otro lado de la balanza tenemos más jubilados que, además, por suerte, son mucho más longevos.

Resulta por tanto incuestionable que el sistema tiene un grave desequilibrio y que, por ello, si no se hace nada, el problema seguirá creciendo cada vez más. Por tanto, el Gobierno que finalmente sea elegido, ha de iniciar, de modo urgente, un profundo debate sobre el sistema de pensiones.

A mi juicio, el debate para alcanzar un pacto urgente, ha de pasar por cambiar el sistema actual de reparto a otro de capitalización individual o incluso mixto. Entiendo que una buena solución puede ser llegar al sistema de capitalización individual en el que cada afiliado al sistema vaya constituyendo un fondo propio que va a ser gestionado por el propio Estado. Al final de su vida laboral empezaría a percibir el capital que hubiere ido constituyendo durante toda su vida laboral y por tanto cotizante.

Este sistema, para muchos podrá resultar insolidario, pero ¿acaso no es más insolidario aun que los hoy pocos jóvenes tengan que estar cotizando para pagar a los muchos jubilados? A mi juicio, el sistema de capitalización individual incrementa el sentido de previsión de los trabajadores que lucharán por conseguir una jubilación digna a cambio de las aportaciones que de modo individualizado hayan ido realizando en su vida laboral. De otra parte, este sistema resulta inmune a los cambios demográficos poblacionales, que, si afectan de modo muy directo al sistema de reparto, como hemos visto. Añadiría también que las pensiones privadas se rigen por el método de capitalización individual, pero que en España se encuentran muy poco desarrolladas. Baste conocer que en nuestro país sólo un 25% de la población tiene contratado un sistema privado, frente al 86% de media que existe en la UE. Quizá fuere preciso dotar a los sistemas privados de incentivos fiscales.

Como otra opción, podría pensarse en un sistema mixto, en el que una pensión mínima podría quedar integrada en el sistema de reparto entre todos los trabajadores y otra complementaria sería completada con el método de capitalización individual. Sería importante también mejorar el cambio generacional, eliminando estereotipos y facilitando el ingreso en España de trabajadores extranjeros, ya que no ha de olvidarse que antes de la crisis, estos extranjeros en general jóvenes, fueron los que estuvieron sosteniendo el sistema con sus cotizaciones. Más tarde o más temprano, en cuando el ciclo económico cambie, sin duda vamos a necesitar extranjeros que van a ser los únicos capaces de equilibrar el sistema, tanto en España como en la propia UE. El cambio intergeneracional nos empujará sin duda hacia esta vía.

Creo que al nuevo gobierno que se constituya, le queda un duro trabajo encima de la mesa.

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Sobre el autor

El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.


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