Es incuestionable que toda la legislación vigente sobre protección de datos, como es el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, o la reciente Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, de diciembre de 2018, tienen el claro objetivo de preservar los derechos de las ciudadanas, en lo que se refiere a sus datos personales, a su intimidad personal, a su derecho a la propia imagen y a su propia seguridad.

El problema es que, en este momento, estamos viviendo en un mundo líquido, sin fronteras y con pocas barreras, donde cada día aparecen de modo veloz nuevas realidades y nuevas situaciones, que hacen realmente difícil su regulación, ya que cuando se dicta una norma, en poco tiempo aparece una nueva situación que queda sin regular. Es incuestionable que el derecho resulta mas lento que la veloz evolución tecnológica. Y si a esto añadimos el poco interés que nuestros políticos y legisladores ponen en este problema, al estar mas preocupados por sus particulares guerras de tronos, que en dedicarse a lo que verdaderamente importa a los ciudadanos.

Pese a la regulación que tenemos, si nos paramos a pensar fríamente, es terriblemente preocupante todo lo que rodea a la recogida masiva de datos mediante técnicas de big data. Pensemos que la Agencia Tributaria mueve ficheros de contribuyentes (piénsese lo que no hace mucho tiempo ha ocurrido en Inglaterra, con archivos que misteriosamente se han perdido). Los bancos tienen datos y cuentas de sus clientes y además por exigencia legal comunican las operaciones que superan cierta cantidad. Los Notarios comunican las escrituras que autorizan. Los Abogados interactúan vía cibernética con los Tribunales. Las empresas que realizan comercio electrónico mantienen ficheros de clientes. Las compañías telefónicas tienen datos de sus clientes, etc.etc.

Para complicar más las cosas. La Unión Europea ha tomado decisiones relativas a la guarda de datos de los pasajeros de las líneas aéreas, datos que han de custodiar durante trece años, aun cuando la mayor parte de los delitos que se pretendan perseguir con esos datos, probablemente hayan prescrito. Y además de recogerlos y guardarlos, habrá de entregarlos a las Autoridades que en muchos casos no son nacionales.

Si ponemos la vista en redes como son Google o Facebook, por ejemplo, tenemos que ser conscientes de que nos están espiando las 24 horas del día y que saben mucho mas de nosotros, de lo que nosotros mismos sabemos. Estas macroempresas, con todas sus aplicaciones gratuitas, están recogiendo información masiva sobre nosotros. Así por ejemplo Google o Alexa, con sus altavoces inteligentes, recoge todo les pedimos verbalmente y por ello, sabe cuando llegamos a casa, cuando encendemos o apagamos una luz, qué música preferimos, etc.etc.

Pienso en otras aplicaciones que llevamos en los móviles y que suben a la nube informaciones, por ejemplo, relativas a los pasos que hemos dado en el día, los recorridos que hemos hecho.

Teóricamente, con nuestro consentimiento, cuando decimos “sí” a todo para poder usar una aplicación gratuita, ya que, si dijéremos que no, probablemente no podríamos usarla, lo que estamos haciendo en realidad es regalar nuestra intimidad y nuestros datos personales, a cambio de un servicio gratuito. Hemos de ser conscientes que nuestros datos, desde el momento que accedemos a cederlos, no sabemos ni cómo ni para qué van a ser usados.

Es cierto que se ha avanzado muchísimo en la seguridad de la red, pero la realidad es que esta, nunca va a ser 100% segura, ya que los ataques de Hackers, Crackers & Phreakers son más frecuentes de lo que quisiéramos. Y, siendo esto así: ¿No se estará creando un Gran Hermano gigantesco que se esté transformando en un ente incontrolable e ingobernable?

En nuestro país, el Gobierno pretendía crear un Instituto Nacional de Datos, en el que se gestionaría toda la información de los ciudadanos que es recogida por las diversas Administraciones Públicas. Estaríamos por tanto ante un “gran hermano” español. No sé si ahora, con las persistentes disputas y continuadas guerras de tronos que mantienen, se habrán olvidado de este proyecto, pero lo cierto es que, dentro de un Plan Estratégico de Inteligencia Artificial que se ha firmado no hace mucho por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se intentaba crear este gran hermano.

El objetivo de este proyecto es modelar, analizar, utilizar y explotar de forma segura y ética, la ingente cantidad de datos abiertos y públicos que generan las diferentes Administraciones. Mediante técnicas de inteligencia artificial y big data, se pretende obtener el máximo partido de esos datos abiertos y agregados. Esas informaciones permitirían tomar decisiones en razón a los resultados obtenidos.

Otra de las ideas del proyecto es generar colaboraciones público-privadas, creando plataformas públicas y privadas que van a estar conectadas para compartir datos de todo tipo. Dice el documento que lo que se pretende es beneficiar a la ciudadanía, así como al mejor funcionamiento de las administraciones Públicas.

Todo esto me llena de incertidumbres porque igual, en vez de beneficiar a la ciudadanía, lo que se pretende es mantenerla totalmente controlada y sometida a decisiones automatizadas, sin contar con información legal sobre como se han conseguido estos datos.

La Inteligencia Artificial, en manos de una administración Pública que persiga no el interés de los ciudadanos, sino el de un partido político determinado, es un gran riesgo, ya que una cosa son las políticas públicas y otra las políticas de partido.

Y, ante este estado de cosas me pregunto ¿cuáles son los límites? ¿quién habrá de poner los límites? Toda esta información ¿protegerá verdaderamente a los ciudadanos? ¿será utilizada exclusivamente en beneficio de la ciudadanía? Creo que procede una profunda reflexión.