Sacando pecho y alardeándose de honestidad política y transparencia, el gobierno sacó adelante al final del 2013, la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, como eje fundamental de toda acción política. Se decía ampulosamente en esta ley, que todos los responsables públicos pasaban a someterse al escrutinio de los ciudadanos, que íbamos a poder conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Decía el Gobierno que se iniciaba un proceso en el que los poderes públicos comenzarían a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participar en los poderes públicos.

Pues qué quieren que les diga, mucha transparencia y mucho buen gobierno, pero la realidad es que antes de la ley, los ciudadanos no teníamos información y ahora, después de la ley, seguimos sin tenerla. Conforme a esta norma, cuando un ciudadano acuda a un ente público y solicite determinada información, y se entiende por información todos los contenidos y documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, en un plazo máximo de un mes, este órgano debería de darla y caso de denegarla debería de hacerlo mediante resolución motivada.

¿Cuál es la trampa que puede utilizar la Administración para denegarte una solicitud? Pues sencillamente, que, si en ese mes de plazo decide no dar respuesta, conforme a la normativa, por silencio administrativo, queda denegado el acceso a la información. Es decir, simplemente no responde a la solicitud de acceso y asunto resuelto. Esto queda claro en el artículo 20 de la Ley que dice expresamente: “transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado o notificado resolución expresa, se entiende que la solicitud ha sido desestimada”. Como todo el mundo puede suponer el silencio administrativo no es precisamente un alarde de transparencia y buen gobierno. Muy al contrario, es un alarde de opacidad.

Pero tranquilos, que el legislador ha seguido pensando en nosotros los ciudadanos y para ello creó un órgano administrativo autónomo e independiente, llamado “Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, que tiene como fin básico promocionar la transparencia de las administraciones y velar por el derecho a la información que tenemos los ciudadanos. Si un órgano administrativo no responde o si lo que nos facilita no nos satisface, tendremos el derecho a formular reclamación ante el Consejo de Transparencia. El problema es que, nuevamente volvemos a toparnos con la trampa administrativa, ya que, conforme a la propia Ley, ese Consejo tiene que resolver en el plazo de tres meses, pero si no quiere resolver, opera nuevamente el silencio administrativo y la reclamación que se haya formulado por falta de transparencia, quedará desestimada.

Por ejemplo, el 19 de junio pasado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una Resolución por la que se insta al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes e Igualdad “a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: “Toda la correspondencia entre el Gobierno y el Vaticano (Santa Sede) relativa a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos”. Como suele ocurrir, es otra de las resoluciones que termina en silencio administrativo, como sistemáticamente viene ocurriendo, cuando de modo reiterado, como muestra, se negó el Informe de la Alta Inspección educativa del Estado sobre el adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña, o la información sobre las retribuciones percibidas por el personal directivo de RTVE, etcétera. Al final, lo que se suministra al ciudadano es información intrascendente y de ninguna relevancia.

Todo muy transparente, ¿no? Un ciudadano solicita una información pública, transcurre un mes, no obtiene respuesta y por tanto su solicitud ha quedado denegada. Recurre entonces al Consejo que ha de velar por esa transparencia en las administraciones, transcurren tres meses sin que resuelva nada, opera el silencio administrativo y nuevamente se encuentra con su reclamación desestimada. No hizo falta ni resolución motivada, ni explicaciones ni sin tan siquiera respuesta. Pues nada, señor ciudadano, si no queda contento con ese deshonroso silencio, contrate usted a un Abogado y Procurador y recurra usted al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. ¿fácil, ¿no?

Conozco el caso real de un amigo que, iluso el, pensó que, al habérsele denegado una información, recurrió al Consejo creyendo que al tratarse de un órgano creado recientemente y que por tanto no debería de tener mucho trabajo, resolvería rápidamente la reclamación.  Transcurrieron los tres meses y obtuvo la callada por respuesta (un ejercicio de transparencia sin precedentes, como dice el). Como es Abogado, se ha cabreado bastante y ya ha formulado recurso contencioso administrativo en el Juzgado correspondiente.

Es lamentable que un Órgano, creado específicamente para velar por la transparencia, utilice el silencio administrativo para denegar a un ciudadano una información pública a la que legalmente tiene derecho de acceso. Esto, contrariamente a la transparencia es una manifiesta opacidad. Para qué nos sirve entonces un Consejo que nos cuesta 2,58 millones de euros al año, con un presidente que un sueldo asignado de 102.000€. Eso sí, he podido conocer información de gran relevancia económica y es que el Consejo se gastó 13,58€ en 9 cafés de una reunión del pasado 2 de junio. Son los únicos gastos transparentes de esta institución que sólo lleva funcionando poco tiempo y que por lo que veo, no sirve para otra cosa que tomarse unos cafelitos y dar las calladas por respuesta.

Y es más lamentable aun que ese consejo de Transparencia, no tenga ningún apoyo político, ya que está siendo reiteradamente olvidado por el Gobierno y sus miembros están hartos de ser ignorados de modo sistemático. Así, por ejemplo, en una resolución de 3 de mayo de 2019, el Consejo de Transparencia ha dicho que “viene observando, con cierta preocupación, que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno desatiende tanto las solicitudes de acceso a la información que le dirigen los ciudadanos, como los requerimientos que, en vía de Reclamación, le realiza este Consejo de Transparencia para que presente alegaciones, que ayuden a clarificar los contenidos de los expedientes de los que es parte”.

Elimínese este inútil Órgano y déjese que el ciudadano recurra directamente a los Tribunales cuando no recibe respuesta por silencio de la Administración. Acortaremos el circuito y nos ahorraremos mucho dinero.  Y, por cierto, viva la transparencia opaca.