Por mis actividades de voluntariado en SECOT, donde prestamos servicios a algunas ONGs que acogen a inmigrantes, conozco de primera mano la realidad social de estas personas que, en muchas ocasiones, llegan a nosotros victimas de tragedias personales y humanitarias. He podido apreciar también el alto grado de discriminación que sufren tanto por nosotros los ciudadanos, como por las propias instituciones, tanto nacionales como autonómicas. He visto igualmente, la gran cantidad de mitos y estereotipos que hay, llenos muchas veces, de racismo y xenofobia.

Para ponernos en situación, es necesario saber cual es el marco legal vigente para los inmigrantes y empiezo diciendo que, conforme al Artículo 13 de nuestra Constitución, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, en los términos que establezcan los tratados y la Ley. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España (Tratado de Ginebra). Tenemos asimismo siete Directivas Comunitarias sobre diferentes materias de inmigración (Frontex y Eurosur).

Y de modo más concreto, tenemos la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, qué a mi juicio, es la norma más politizada que tenemos, con seis modificaciones en 14 años de vigencia. Es una ley mercantilista, supeditada al mercado de trabajo. No respeta los derechos humanos y castiga una irregularidad administrativa, con la pérdida de libertad que lleva aparejado el ingreso en los Centros de Internamiento de extranjeros. Se avanza hacia una política global cada vez más restrictiva.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España tenemos 4.848.516 extranjeros, (9,8% de la población) y ha aumentando en 285.554 personas, en dos años, lo que, en alguna medida, contribuye a corregir el saldo negativo que arroja la pérdida de población española, qué a lo largo del año 2018, con inmigrantes incluidos, perdió 98.595 personas. A nivel europeo ocupamos el noveno puesto en número de inmigrantes. En Asturias sólo tenemos 41.542 extranjeros (4,6% del total de la población, que está decreciendo año tras año). Ha de decirse también que la tasa de extranjeros en el Principado es la segunda más baja del país.

La gran mayoría de los inmigrantes llegan a España por vías regulares, con visados válidos, pero algunos, al no renovarse estos, terminan siendo irregulares. Aunque resulta trágico, los que llegan en pateras o asaltan las fronteras de Ceuta y Melilla, son minoría (Hoy hay registrados 2.273 inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros).

Las causas de esta inmigración irregular, normalmente derivan de problemas sociales en sus países de origen, en conflictos armados, persecuciones políticas o religiosas y, sobre todo, a cansa de la pobreza extrema que sufren en sus lugares de origen.

La Unión Europea ha sido y es incapaz de responder a las necesidades humanitarias sobre la base de la solidaridad, e incumple de modo manifiesto los objetivos del milenio fijados en el año 2000 por los 189 países miembros de las Naciones Unidas. Además de ello, se han reducido los Programas de Cooperación, al tiempo que se sigue explotando a los países africanos. En este momento sólo hay una política común, cual es la de cerrar fronteras. Las consecuencias son que, si no resolvemos los mecanismos de la inmigración legal, difícilmente podrán resolverse los problemas de la inmigración ilegal.  Es una realidad que, está prevaleciendo el orden público interno, frente a los derechos humanos. Se realizan ilícitas repatriaciones exprés y se viola la Convención de Ginebra.

Las políticas actuales llevan a los inmigrantes a la exclusión. Los sin papeles entran de lleno en la economía sumergida y lo que es claro, es que tenemos inmigrantes irregulares, porque encuentran empleos sumergidos. El gran problema que tenemos es que, buscábamos mano de obra y el resultado es que nos llegaron seres humanos. Y ahora ¿qué hacemos? ¿los confinamos cerrando herméticamente nuestras fronteras, los repatriamos o les prestamos ayuda humanitaria?

Para entender el problema, es necesario también hablar de esos mitos y estereotipos que provocan racismo o xenofobia, pero que no tienen fundamento alguno, en base a los datos reales. Por ejemplo, se dice que nos quitan el trabajo, algo que resulta totalmente falso, ya que estas personas sólo pueden encontrar empleo en aquellos puestos que estén comprendidos en el catálogo de profesiones de difícil ocupación que publica trimestralmente el INEM. Ha de decirse también que los inmigrantes están detrás de nuestro crecimiento económico y que sus aportaciones a las arcas públicas dan un saldo neto positivo del 6,6%, dando un importante respiro a la Seguridad Social.

Han permitido también la incorporación al trabajo de la mujer española, que antes se quedaba en su casa al cuidado de los hijos. Al ocupar puestos de trabajo poco deseables para los españoles, han permitido que nosotros ocupemos puestos mas altos en la pirámide laboral. Han contribuido a la mejora de nuestro estado de bienestar y ya en este momento, son absolutamente necesarios para que nuestra economía, con una población cada vez más envejecida, pueda funcionar.

Otro mito que conviene desterrar es el de que viven de subvenciones, que abusan de nuestra sanidad o que traen delincuencia. El dato real es que sólo el 8% de los que cobran el salario social básico, son inmigrantes. Otro dato es que mientras el porcentaje de población dependiente española es del 30,8% el colectivo de inmigrantes tiene una tasa del 7,9%. Aportan de manera neta a la caja del estado, más que la población nacional. En cuanto a la sanidad y frente a ese mito de que colapsan la atención sanitaria, el dato real es que el inmigrante hace uso de ella un 45% menos que los españoles, debido a que ellos son jóvenes mientras que nuestra población está envejecida.  En cuanto a delincuencia otro dato real es que con un 9,8% de población inmigrante, sólo en 3,2% de los delincuentes son inmigrantes.

Termino diciendo que, guste o no guste a algunos, la realidad es que, con una población española cada vez mas envejecida, necesitamos que a nuestro país y más concretamente a nuestra Asturias, lleguen inmigrantes, como único recurso tanto para evitar la pérdida de población, como para contribuir al mantenimiento de una economía sostenible y a mantener nuestro estado del bienestar.