Ya habrá tiempo de ir analizando los avances que vaya teniendo esta mesa de diálogo bilateral con el Govern y que, por lo que se ha dicho, va a seguir celebrándose con carácter mensual. Lo que ahora sí podemos saber, es que, el encuentro ha tenido lugar (quizá para conseguir el escenario de un encuentro internacional), cumpliendo con todo el protocolo destinado a las reuniones entre los jefes de estado y primeros ministros extranjeros y no con el protocolo destinado a las reuniones entre el Presidente del Gobierno y el de una Comunidad Autónoma. Se da la circunstancia además de que, legalmente, el presidente catalán, ha sido inhabilitado.

En la rueda de prensa subsiguiente, el presidente catalán dejó mas que claro que el objetivo de las conversaciones previstas, es alcanzar la independencia. Parece que lo que pretende, es negociar los plazos y los pasos a dar para alcanzar ese objetivo. Por su parte, el Sr. Sánchez dice en un comunicado conjunto, que está dispuesto a abordar las negociaciones, para alcanzar una solución, tanto política como jurídica y no hace falta ser muy listo, para saber que esta negociación puede llevar a muchas cesiones a los independentistas catalanes, sino la misma cesión del territorio.

En este estado de cosas, a mi juicio, estamos entrando en un proceso negociador, que va a encender todas las alarmas en nuestro estado democrático de derecho. Y esto es así porque con este inicio de negociaciones, ambas partes consideran que nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, ya no son suficientes y que por ello hay que buscar otros marcos políticos e incluso jurídicos, diferentes.

Se dice en el comunicado conjunto, que los acuerdos que se alcancen, respetarán la seguridad jurídica. El problema es que, dicho así, siguen sin aclararse muchas cosas, ya que no sabemos a qué seguridad jurídica se refieren, puesto que, si por ejemplo, para la Generalitat, esa seguridad que los ampara, son las leyes del 6 y 7 de Septiembre que intentaron vulnerar la Constitución española y con ello los derechos y libertades de más de la mitad de la población catalana, que no aceptaba una república independiente, mal vamos y digo que mal vamos porque, es mas que evidente que se usan procedimientos formales que se están apartando de modo flagrante, de nuestro actual sistema jurídico. El estado de derecho parece que no va con el Govern, desde el momento en que sostienen que la voluntad del pueblo catalán está por encima de las Leyes.

No puedo entender que un gobierno que se dice progresista, con estas negociaciones, decida asumir principios diametralmente contrarios a lo que defiende y que están basados en la igualdad.  ¿cómo se puede aceptar una negociación sobre lo que los independentistas llaman el “derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos”? o esos eslóganes independentistas como “nuestros sueños no caben en vuestras leyes”. Otra cuestión que preocupa es que, si hablamos de una mesa de diálogo, cómo es posible que en ella no se sienten representantes del 50% de los catalanes que no han votado independencia.

Creo que el Gobierno no sabe bien ni qué es el diálogo, ni que es seguridad jurídica. Pienso que lo más probable, es que su estrategia sea ganar tiempo para así, conseguir la aprobación de los presupuestos y con eso mantenerse en La Moncloa. Termino por todo lo dicho hasta ahora que, estas negociaciones van a provocar no sólo inseguridad política sino también jurídica, ya que puede llevarnos a una reforma de la Constitución por la puerta de atrás.