Por suerte, parece que nuestro sistema sanitario ya está saliendo del colapso que sufrió, a causa de la pandemia que vivimos. Ahora, por lo que se puede intuir, este colapso va a afectar de lleno a nuestro sistema judicial, cuando tras el parón al que ha sido sometido, tenga que soportar una ingente cantidad de demandas de todo tipo que se van a derivar del estado de alarma.

La Administración de Justicia, como vine manifestando en artículos escritos anteriormente, tenía y tiene enormes carencias, derivadas tanto de su propia estructura, como de la falta de los necesarios medios personales y materiales. Yo ya decía años atrás, que una justicia lenta, no es justicia y, lamentablemente, la nuestra adolece de una lentitud exasperante. Ante esta situación, ninguno de los gobiernos anteriores, quiso tomar medidas. Daba la impresión de que con toda la corrupción política que padecíamos, a los dirigentes les interesaba muy poco, tener una Administración de Justicia eficaz y eficiente.

Si hablamos del Consejo General del Poder Judicial, pese a todas las advertencias que nos trasladaba el Grupo de Estados Europeos Anticorrupción (GRECO), ninguno de los gobiernos que tuvimos, quiso hacer nada para despolitizarlo, dado que los partidos políticos quieren tenerlo bajo su control.   Y qué decir de la Fiscalía General del Estado, al frente de la que está, nombrada prácticamente nada mas dejar su cargo, la ex Ministra de Justicia. Fruto de esa politización, estamos teniendo Magistrados que han hecho mas carrera política que judicial, hasta el extremo que algunos de ellos, son miembros del poder judicial, al ser nombrados como juristas de reconocido prestigio, aun cuando en la vida se han puesto una toga para subir al estrado de un tribunal.

A todo esto, hemos de añadir los problemas estructurales del sistema judicial, derivados de que mientras los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia, dependen del Ministerio, el resto del personal, así como los medios materiales, dependen de las diferentes Comunidades Autónomas, al habérseles delegado estas competencias. Al no haber autoridad jerárquica, resulta muy difícil que un Juez o un Letrado judicial, puedan dar ordenes o instrucciones a unos funcionarios que trabajan cómodamente sólo por las mañanas, que tienen su sueldo garantizado y que, apoyados por sus sindicatos, no están dispuestos a arrimar el hombro para desatascar su juzgado. Como se dice vulgarmente, unos por otros…la casa sin barrer.

Antes de la pandemia, sobre todo en algunos tribunales, la justicia ya estaba colapsada. Por tanto, ahora, con el aluvión de procedimientos que la crisis va a generar, los resultados ya nos los podemos imaginar. Mientras en relativo poco tiempo, se podían montar hospitales y reclutar personal sanitario que estaba en desempleo, no pasa lo mismo con la justicia. Los jueces no se pueden formar de hoy a mañana y ha de reseñarse, además, qué en proporción a otros países desarrollados, España tiene insuficiente número de jueces por habitante.

Si hablamos de medios materiales, frente al mundo digitalizado en el que vivimos, los tribunales tienen unos sistemas informáticos más que deficientes. Es curioso que esos avanzados sistemas que tiene por ejemplo la Agencia Tributaria o la Dirección General de Tráfico, no estén al alcance de los Tribunales que tienen aplicaciones informáticas que hacen agua por todos sitios, o equipos informáticos totalmente obsoletos.

Para concluir, además de poner al día todos los procesos judiciales que estaban en marcha antes del confinamiento, además de que muchos tribunales ya estaban colapsados, ahora va a llegar un aluvión de demandas, que se generará tras la aplicación de los diferentes Reales Decretos que se han ido dictando y que a mí juicio, en muchos casos, contravienen nuestro ordenamiento jurídico. De un sistema sanitario colapsado, ahora, el siguiente paso, será una administración de justicia colapsada. Ojalá estuviere equivocado.