Tras estos meses de pandemia y confinamiento, algo se ha roto en la solidaridad con las personas mas vulnerables, como son los ciudadanos sin techo o sin recursos, las mujeres maltratadas, los parados, los inmigrantes y sobre todo las personas mayores (peyorativamente viejos). El Covid-19 y la crisis que ha dejado, ha incrementado sobre todo la desigualdad con muchos colectivos, además de una serie de daños colaterales, que van a ampliar la brecha y a incrementar ostensiblemente la pobreza.

En este artículo, voy a referirme de modo concreto a los “viejos” con los que el principio de solidaridad se ha quebrado, condenándolos a la soledad, al miedo, a la falta de cariño y en muchos casos al abandono. Voy a poner el foco en las obligaciones que los poderes públicos han de asumir en los próximos meses y años, para resolver el problema de esas personas tan vulnerables, como son los ancianos.

En la gestión de la pandemia se ha impuesto una cruda realidad y es que el confinamiento, ha dejado muchas sombras y muchos pecados, ya que, como ejemplo, para evitar un colapso hospitalario, se han aplicado una serie de medidas, a costa de dejar desatendidos otros frentes, como han sido los ancianos que vivían solos en sus casas, o como han sido las residencias de la tercera edad, donde los efectos de la crisis han sido devastadores. Se puso el foco en los hospitales y en el objetivo de salvar a personas mas jóvenes, dejando en un segundo plano a esos mayores que eran las personas verdaderamente vulnerables.

Antes nos llenábamos la boca hablando y defendiendo la “muerte digna”, pero el resultado final es que muchos miles de ancianos, han muerto en unas circunstancias muy poco precisas y muy poco explicadas, sin que pudieran sentir el calor de sus familiares y seres queridos. Se les condenó en definitiva a una “muerte indigna”, sin ningún tipo de duelo. Se ha implantado un egoísmo total, apartado de la solidaridad y la empatía, dejando en un segundo plano, el cuidado de esas personas mayores que estaban padeciendo y sufriendo los duros efectos de la crisis sanitaria.

Me resisto a creer que los poderes públicos y la propia sociedad, hayan aceptado la “gerontofobia”, aunque los hechos pueden llevarnos a pensar eso. Se apostaba por los más jóvenes y se les daba prioridad sobre los mayores que son menos valiosos y además consumen más recursos, transformándolos así, en una carga para la sociedad.

Frente a las personas que tenían recursos, medios y espacio doméstico, las personas mayores fueron condenadas a un confinamiento estricto tanto en sus casas, cuando vivían solos, como en los guetos de las residencias de ancianos.

Otro tema para tener en cuenta, es que la brecha digital que sufren las personas mayores, se agudizó con la pandemia, ya que tenían dificultades para acudir a las sucursales de sus bancos, o para acudir a los mecanismos de ayuda, al ser incapaces de manejar los mecanismos telemáticos que impuso la propia Administración Pública, en los que, una vez más, las personas mayores que no dominan las nuevas tecnologías quedaron marginadas en esos servicios.

Creo que lo que hemos vivido y aun estamos viviendo, ha de servirnos para aprender muchas lecciones. Hemos “descuidado” públicamente a las personas mayores, además de a otros colectivos vulnerables. Ha quedado puesta de manifiesto una importante crisis de cuidados y responsabilidad, además de una clara ruptura del pacto intergeneracional del que tanto presumíamos.

Creo que toca dejar a un lado las políticas de beneficencia y empezar a trabajar en la búsqueda de soluciones estructurales que palíen esa desigualdad que sufren los mayores. Además de criterios epidemiológicos, era necesario manejar también criterios del cuidado y el acompañamiento a ese colectivo tan vulnerable como son las personas mayores.