La ocupación ilegal de viviendas, es un fenómeno social al que ya se le está poniendo el nombre de “movimiento okupa”, con el que algunos sectores de la sociedad empatizan y pretenden justificar, debido a los desahucios por falta de pago que se están produciendo y también por la existencia de muchas personas que no tienen hogar para vivir. A mí no me cabe duda alguna de que nuestra sociedad debe de luchar para que todos los ciudadanos, sin excepción, tengan un techo bajo el que vivir. Debería de ser una preocupación permanente de los políticos para evitar este problema que sufren muchas familias.

No obstante, por lo que se está viendo y a lo que quiero referirme, es al fenómeno “okupa”, que está proliferando por todos lados y por el que, bajo la falsa apariencia de una necesidad, determinados grupos de personas están operando en la más absoluta impunidad, secuestrando viviendas para obtener beneficios económicos, exigiendo dinero a los propietarios para abandonar las mismas. Ahora ya no se trata de familias que no tienen techo y buscan un hogar para cobijarse, aunque sea de modo ilegal. Se trata de bandas organizadas que asaltan viviendas y locales privados, con el fin exclusivo de conseguir un dinero fácil.

Como consecuencia de este fenómeno, los okupas provocan altas dosis de inseguridad entre los vecinos, utilizan los elementos comunes cono les viene en gana, provocan ruidos, gritos y, en definitiva, situaciones insalubres, para crear el caldo de cultivo necesario, al objeto de que los vecinos ejerzan una fuerte presión sobre el propietario de la vivienda, al objeto de que este actúe rápidamente pagando un dinero para que se vayan.

Mientras que muchos países como es el caso de Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido, han legislado y tienen vías legales para recuperar la posesión de los inmuebles ocupados ilegalmente, en un corto plazo de tiempo e incluso en las propias sedes policiales, en España no disponemos de instrumentos jurídicos rápidos y eficaces para e vitar este fenómeno.

Es este un fenómeno totalmente ilegal, mírese por donde se mire, ya que, aunque los ocupadores fueren familias necesitadas, en modo alguno pueden ser propietarios elegidos al azar, los que tengan que cargar con este problema. Quienes tienen que resolver la cuestión son los poderes públicos con cargo a los presupuestos del estado y no ciudadanos elegidos a dedo. El coste de alojar a una familia sin techo, en modo alguno ha de ser soportado por un individuo que goza de una propiedad.

A más abundamiento, ha de decirse que conforme al artículo 33 de nuestra Constitución, el derecho de propiedad, es un “derecho fundamental” y, por tanto, su protección ha de ser garantizada por el propio Estado. Por ello, podo importa que se trate de la vivienda habitual del propietario, de una segunda vivienda o de un local de escaso valor. La protección de esas propiedades por parte de las autoridades ha de prevalecer frente a cualquier ocupación ilegal y no consentida.

Aun cuando los datos de las personas que viven sin hogar en España, sea desalentador, este es un problema que pone de manifiesto el fracaso de los poderes públicos o de la sociedad en su conjunto y a ellos les corresponde poner solución a esa seria lacra social. Estos datos no pueden servir de justificación para que, ante la inacción de los gobernantes, el fenómeno okupa se extienda por todos lados, hasta el extremo de llegar a 14.394 ocupaciones ilegales en España en 2019, cifra que, probablemente se duplicará o triplicará en este año 2020 de la pandemia.

No hay ningún argumento válido para defender la ocupación ilegal por parte de una persona, aunque tenga necesidad de un techo, y menos aun las ocupaciones de mafias organizadas. Por tanto, en un estado de derecho, en modo alguno puede consentirse que alguien ocupe una vivienda mía, sin mí consentimiento.

Por todo ello, es urgente una reforma legislativa de calado para erradicar esta injusticia. Esperemos que nuestros legisladores no miren para otro lado, como suele ocurrir en esta materia y resuelvan este gravísimo problema que tanto afecta a la convivencia.