A la chita callando y por la puerta de atrás, el Gobierno nos está colando una enorme subida de impuestos, para incrementar la recaudación en las arcas públicas y con ello cuadrar sus cuentas, para satisfacer las exigencias que impone la Unión Europea y que han de entrar en vigor en el próximo 2023.

Ahora, tras el envío a Bruselas hace unos días, del Plan de Recuperación que ha diseñado, hemos podido saber cuales son los planes del Gobierno para acometer la reforma fiscal que ha de estar vigente en el 2023. Este plan, como ya se está desvelando, trae consigo un fuerte endurecimiento de la presión fiscal que soportamos los españoles.

Es cierto que aun faltan muchas decisiones para emprender las reformas, pero lo que está más que claro es que, a la vista de la documentación enviada a la UE, todas las reformas van a afectar a casi todos los contribuyentes en una u otra medida, ya que se está planteando, por ejemplo, incrementar el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sociedades, el impuesto al diésel, peajes de autovías y carreteras nacionales, incremento de las bases máximas de cotización, etc.

Dice el Gobierno con todo descaro, que nuestro sistema tributario tiene margen para incrementar los ingresos fiscales y que la subida de impuestos que han de aprobarse en el Congreso de los Diputados resulta totalmente necesaria para que podamos recibir los fondos europeos que precisamos y también para que se puedan pagar las pensiones,

La medida mas contundente que se plantea, es la de incrementar las bases máximas de cotización, algo que puede afectar a casi millón y medio de contribuyentes, cuyos ingresos superan la base actual. La consecuencia es que todos aquellos trabajadores que tengan unos salarios brutos anuales superiores a 2.400€ al mes, van a resultar afectados por la medida. Pero, curiosamente, esta subida de la base máxima de cotización no va a afectar a la pensión máxima, que, según parece, no va a resultar modificada como sería lógico.

Otra medida, es la de buscar un sistema progresivo que va a implicar una subida del impuesto sobre la riqueza de las familias, incrementando por ello el impuesto sobre el patrimonio. Esto va a implicar también una armonización fiscal entre todas las Comunidades Autónomas, evitando con ello la competencia fiscal entre ellas, de modo que gran parte de las comunidades que en base a las competencias que tienen cedidas, prácticamente tienen suprimido este impuesto, van a verse obligadas a restituirlo.

Otro impuesto que se va a incrementar es el del diésel, argumentando para ello que es necesario revisar las bonificaciones y su tipo impositivo, en base a su “poder contaminante”. Actualmente el diésel tiene una bonificación sobre la gasolina y, en el momento en que se equipare el tipo, esto va a implicar una manifiesta subida. También se pretende incrementar el impuesto de matriculación de los vehículos, para adaptarlo a los “estándares medioambientales”, lo que implica eliminar algunos beneficios fiscales que tenían ciertos vehículos poco contaminantes.,

Se pretende también eliminar las bonificaciones que ahora tienen las aportaciones a planes de pensiones privados, argumentando que estas bonificaciones no estimulan el ahorro y son regresivas. En sentido contrario, pese a su incoherencia, dice que, para estimular el ahorro de los trabajadores, va a otorgar beneficios fiscales a los planes de pensiones de empleo que se habrán establecer mediante negociación colectiva. Para determinar cual ha de ser la aportación de los trabajadores y cuál de las empresas.

Se pretende eliminar también la reducción por tributación conjunta de los cónyuges, aunque la ministra Calviño diga que se trata de una errata, así como las bonificaciones y reducciones por contratación de personas desempleadas. Pero, sobre todo, lo mas sorprendente es que se pretende establecer peajes no sólo en todas las autovías, sino también en todas las carreteras nacionales, con el argumento de que esto es necesario para financiar su conservación y mantenimiento.

Termino diciendo que el Gobierno va a seguir succionando a todos los contribuyentes y no sólo a los ricos, como dicen, pero en sentido contrario, por lo que se ve, no están dispuestos a hacer nada para reducir los privilegios fiscales de los políticos, para reducir el número de diputados nacionales y autonómicos, para eliminar los senadores inútiles, para eliminar todos los cargos de confianza ocupados por toda su red clientelar, para reducir esa ingente y costosa flota de coches oficiales, y en definitiva, para que ellos sean los primeros que han de “apretarse el cinturón”. Tristemente, estamos siendo gobernados por cleptócratas.