Leo otra vez en el Diario El Comercio, el problema que existe en la gestión del salario social básico que concedía el Principado de Asturias y que tenía del orden de 45.000 beneficiarios, así como en el ingreso mínimo vital, que hace un año ha empezado a otorgar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Según los datos que veo, el Principado ha pagado a menos de la mitad de los beneficiarios que tenía y el Ministerio, a sólo un tercio de las solicitudes que ha recibido, ya que ha rechazado hasta el momento, el 63% de las peticiones.

Para los que no lo conocen, he de decir de modo sintético, que el salario social es una prestación económica periódica, regulada por el Principado de Asturias mediante la Ley del Salario Social básico y que va dirigida a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que se otorga exclusivamente a los fines alimenticios establecidos en el artículo 142 del Código Civil, indispensables para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción alimentista.

Igualmente, a nivel estatal, mediante el Real Decreto-ley 20/2020, se estableció el ingreso mínimo vital, como prestación para sacar de la exclusión social a las personas que carezcan de recursos y que están en situación de vulnerabilidad. Para evitar duplicidades y en aras a una mayor efectividad, se abría un proceso de reajuste y reordenación de las ayudas estatales y las ayudas de las comunidades autónomas. Ambas leyes, tiene su causa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, qué con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, proclama el reconocimiento del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes.

El problema es que, al día de hoy, de modo reiterado, se están incumpliendo ambas normas, tanto por el Principado de Asturias, como por el Ministerio y como se diría vulgarmente, “unos por otros, la casa sin barrer”. Con excusas de todo tipo de unos y otros, con el argumento de que no hay suficientes funcionarios, se envuelve a los solicitantes en un entramado burocrático, que los lleva a que año y medio, dos e incluso más años después de haber presentado su solicitud, no puedan percibir la prestación a la que son acreedores. Por precepto legal, la resolución administrativa de las solicitudes, debe de hacerse en un plazo máximo de tres meses. Es por tanto más que evidente que la norma se infringe de modo manifiesto.

Conozco de primera mano la desidia tanto de la administración central, como de la autonómica, debido a las labores de asesoramiento que realizo como voluntario en una ONG, en la que, de modo frecuente, me entrevisto y ayudo a personas que llegan en busca de apoyo. Ayudando a esas personas, puedo ver las consecuencias de ese entramado administrativo que, en vez de simplificar el trámite, parece que lo que pretende es dilatarlo lo más posible.

A título de ejemplo, una persona presenta solicitud de salario social el día 3 de agosto de 2020. Ha transcurrido un año y aun no se ha dictado ninguna resolución. Ante esta situación, forzada por la reclamación continuada de la solicitante, quizá para quitarla del medio, en ventanilla le facilitan un documento de la Jefe de Negociado, donde se certifica que su solicitud tuvo entrada el 3 de agosto de 2020, que se ha realizado una subsanación el 16 de febrero de 2021 y que, en estos momentos, no puede precisarse fecha probable de resolución del procedimiento. Otro ejemplo habitual es de una persona beneficiaria de la prestación y que encuentra un trabajo temporal de 3 meses. Debido a este contrato temporal, se le suspende la prestación. Transcurridos esos tres meses trabajando, vuelve a solicitarla y ¿qué ocurre entonces? Que tiene que esperar un año o más a que vuelvan a rehabilitársela y, lógicamente esto lo que provoca, es la desmotivación en esa persona para la búsqueda activa de empleo.

Yo a esto, lisa y llanamente, lo calificó como una clara negligencia y una manifiesta dejación de funciones de la Administración. Podríamos estar hablando incluso de un ilícito penal si tenemos en cuenta que nuestro Código Penal sanciona aquellas conductas que lesionan de forma grave los principios organizativos y la eficacia de actuación de la Administración Pública, que ha de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y coordinación, con sometimiento expreso a la Ley y al Derecho. Nuestro Código Penal sanciona las conductas de las autoridades o funcionarios que vicien su eficacia o el cumplimiento de los fines que tienen asignados.

De nada me sirve que tanto el Principado de Asturias como en la Seguridad Social, digan que van a tomar medidas para regularizar la situación de los más de 20.000 expedientes que tienen atrasados o que va a incrementar las plantillas de personal. Tampoco me sirve de nada que se haya comprometido con el Parlamento asturiano para acabar con las listas de espera y tramitar las solicitudes en el plazo legal de tres meses. Al día de hoy las listas de espera siguen y la situación aún ha empeorado más, tras el solapamiento con la administración central.

Las personas que solicitan el salario social, no tienen ningún tipo de ingresos y dado el desamparo que sufren por la negligente gestión de la Administración, se ven obligadas a acudir a las ONGs para que les faciliten alimentos básicos y ropa de segunda mano y quedan en un manifiesto riesgo de exclusión social. Por ello, si a la administración central y autonómica les queda algo de dignidad, deberían de abandonar su actual pasividad y resolver el problema de modo inmediato. Se trata sólo de que apliquen las propias leyes que han dictado. Dejen a un lado las excusas, las justificaciones, las palabras huecas y pónganse manos a la obra. Me duele tamaña indignidad política.