Desde un punto de vista teórico, en un Estado democrático, el poder emana del pueblo, que es quien elige a sus representantes. Para que exista un verdadero Estado de Derecho, es preciso que haya un estado democráticamente organizado y que va a quedar legitimado por un conjunto de normas jurídicas, destinadas a regular su funcionamiento. Es por ello que, en un adecuado ordenamiento jurídico, el poder del estado quedará claramente definido y delimitado por el derecho.

Para establecer una correcta delimitación, se establece la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta división hace que cada uno de los tres poderes, tenga claramente definidas y determinadas sus funciones, de modo que ninguno de ellos pueda inmiscuirse en las funciones de los otros, de modo que, los tres van a ser controlados entre sí. Nuestra Constitución es la mas avanzada expresión del Estado de Derecho, ya que, como norma suprema, vincula a todos los poderes públicos, para que cumplan correctamente con todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, que han de ser respetados sin excepción alguna, ya que todos somos iguales ante la Ley.

En España, constitucionalmente tenemos implantado un “Estado de Derecho”, pero, lamentablemente, en los últimos tiempos, se ha producido una peligrosa deriva hacia lo que voy a llamar el “Derecho del Estado”, ya que por las muchas situaciones que se están produciendo y que todos los ciudadanos podemos conocer, acudiendo simplemente a la prensa diaria, es el Estado el que está violando derechos y libertades constitucionalmente reconocidas a los ciudadanos, es el Estado el que está vulnerando la división de poderes y es el Estado el que marca las pautas del poder legislativo a través de prostituidos pactos incluso con enemigos políticos.

Si nos referimos a la división de poderes, es público y notorio que los órganos del gobierno del Poder Judicial están politizados, desde el momento en que sus representantes son elegidos por los partidos mayoritarios, en proporción a sus cuotas de poder. En esta línea, tres de las cuatro asociaciones de la carrera judicial, se dirigieron a la Comisión Europea, denunciando la situación de “riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España”, debido a la reforma legal impulsada por el Gobierno, ya que los partidos políticos son incapaces de alcanzar un pacto para renovar a los miembros del poder judicial, Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional y más claro aun es la dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado, que queda sometido al control del poder ejecutivo.

Si hablamos de tráfico de influencias, prevaricación o en definitiva corrupción imperante entre nuestros políticos, la Comisión Europea está advirtiendo a nuestro gobierno que en España aun no se ha promulgado ninguna Ley General contra la corrupción, que no hay ninguna estrategia global contra la misma, a pesar de los mecanismos existentes para sacar a la luz los conflictos de intereses, las incompatibilidades de los dirigentes políticos, así como de los diputados y senadores.

Y claro, así nos encontramos con casos como el del Exministro Abalos, que se entrevistó en el aeropuerto de Barajas, con la vicepresidenta venezolana Delsy Rodríguez, permitiendo así su entrada España, infringiendo así las normas del Consejo de Europa. O el del líder del Frente Polisario Brahim Galy, que aterrizó en la base aérea de Zaragoza, en un avión argelino y sin pasar ningún control, fue recogido en una ambulancia y trasladado a un hospital de Logroño, incidente este que creó un serio conflicto diplomático con Marruecos.

Pensemos en el ya manido caso “Gurtel”, en el que se ordenaron escuchas ilegales dentro de la propia cárcel, entre los presuntos responsables y sus abogados. Aun cuando esto resulta inconstitucional a todas luces, las ordenes son dadas por un Juez a petición del Fiscal. El Fiscal está subordinado al Ejecutivo y otra vez nos seguimos encontrando con un Juez amigo. ¿no es el Fiscal quien ha de velar por la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos? ¿no es el Juez quien ha de velar para que se cumpla la legalidad?

Curiosamente, cuando se trata de partidos de la oposición, parece que Fiscal y Policía actúan con una inusitada diligencia para perseguir presuntos delitos, pero cuando se trata de investigar presuntas corrupciones o prevaricación, en el ámbito del partido que gobierna, parece que ni Fiscal ni Policía tienen el mismo ahínco para perseguir el presunto delito. ¿será casualidad?

Si hablamos de derechos constitucionales de los ciudadanos, nos encontramos con un sistema de escuchas SITEL que vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad personal y el derecho a la protección de los datos personales.

Si hablamos de la tutela judicial efectiva, con los graves problemas por lo que atraviesa la obsoleta Administración de Justicia, de los que ya hablé en otros artículos, en muchos casos, esa tutela judicial es una quimera.

En resumen, para terminar, diría que en España teóricamente tenemos un Estado de Derecho, pero que, paso a paso, poco a poco, ha evolucionado hacia el Derecho del Estado, lo que resulta verdaderamente aberrante y preocupante en un estado democrático