Los escándalos de corrupción política siguen aflorando en España a una velocidad de vértigo. El año pasado, los Tribunales tenían abiertas 1.700 causas con más de 500 imputados o investigados, pero, pese a esas escandalosas cifras, han sido muy pocos los políticos que han entrado en prisión provisional y menos aun los que han sido condenados por sentencia firme.

Es raro el día en que no amanecemos con la noticia de nuevos casos, que sacuden la opinión pública española, pero que parece afectan muy poco a los dirigentes de los partidos políticos, que se ocupan sólo de ver cómo pueden alcanzar el poder enarbolando eso del “y tu más”, pero que se olvidan de poner en sus mesas de negociación, como primera providencia, la lucha y erradicación de la corrupción, que ya se ha transformado en algo sistémico dentro de las estructuras de los partidos.

En el último informe de Transparencia Internacional de 2022, publicado hace unos pocos días, España obtiene la calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa un retroceso respecto a las notas anteriores. Los observadores internacionales nos perciben como un poco mas corruptos y en Europa sólo Italia está a nuestro nivel.

A los ojos de los ciudadanos, la situación es decepcionante ya que vemos como pequeños delincuentes que roban unas gallinas o algunos productos en un supermercado, son inmediatamente detenidos, puestos a disposición judicial y en muy poco tiempo son juzgados, condenados e ingresados en prisión. En sentido contrario vemos cómo pasan meses e incluso años en largos procesos judiciales y entre tanto, los políticos corruptos, imputados o investigados, están tranquilamente en sus casas como si aquí no pasara nada.

A mi juicio esto se está produciendo porque tenemos un poder judicial debilitado por las clases políticas, que no cuenta con los medios personales y materiales necesarios y que es incapaz de instruir estos macroprocesos de corrupción. Esto provoca que la instrucción de los casos dure años y esas grandes demoras provocan serios problemas para afrontar eficazmente la lucha contra la corrupción.  Igualmente tenemos un Ministerio Fiscal y un Consejo General del Poder judicial, claramente politizados.

Y frente a este poder judicial debilitado, los políticos corruptos tienen a su alcance una sofisticada ingeniería financiera, que les permite ocultar sus dineros en cualquier paraíso fiscal de los que hay por el mundo, utilizando sociedades instrumentales empresas pantalla o personas interpuestas, algo que dificulta enormemente el embargo de esos dineros por parte de los Tribunales, desde el momento que consiguen hacer que desaparezca la vinculación de esos dineros con el político en cuestión.

Pero es que, además, para añadir complejidad, los jueces instructores de los procedimientos, se encuentran con enormes trabas burocráticas, por ejemplo, cuando tienen que recurrir a “comisiones rogatorias” que han de enviar a otros países, para que proporcionen informaciones que son necesarias para la investigación.

Ante este estado de cosas para perseguir a los corruptos, la conclusión es muy clara: Se necesitan reformas urgentes y entre ellas regular mejor las medidas cautelares de nuestra LEC que sólo contempla las fianzas y los embargos y a esto habría de añadirse el inmediato decomiso de todos los dineros y propiedades del político corrupto.  Y lo más importante, si los dirigentes de los partidos políticos verdaderamente tuvieren sentido de estado, lo primero que habrían de hacer es llegar a pactos de estado tanto para despolitizar la justicia, como para dotarla de medios personales y materiales para instruir estos macro procedimientos. Es el único medio para que la justicia sea rápida y eficaz y con ello, que los corruptos ingresen pronto en prisión, devolviendo todo lo robado.