Cada vez que recibo la factura de la luz, que está creciendo mes a mes, entro de modo inmediato en la web de mi suministradora de energía y procedo a descargarla para ver todos los conceptos que comprende la misma. Tras esto, mi indignación cada vez es mayor, ya que considero que a los ciudadanos nos están tomando el pelo de modo descarado.
En la factura que acabo de pagar, veo que, por consumo de electricidad, me cargan 29,7€ con un precio por kwh de 0,296€ (nada que objetar a esto que es lo pactado y aceptado por mí en el correspondiente contrato de suministro).
Por peaje de acceso, conforme al BOE de 22.12.21, me cargan 24,36€. Por alquiler de equipos (contador) aunque este ya tenga mas de 30 años, me cargan 1.63€ mensuales. ¿por qué no me dejan que yo instale mi propio contador homologado por la operadora? Seguro que me resultaría mas barato que pagar ese alquiler mensual durante ya más de 30 años. Por la financiación del cargo fijo bono social, me cargan 2,24€.
Y ahora, lo que me parece más indignante es que por un mecanismo de ajuste que establece el Real Decreto Ley 10.22 me cargan la desproporcionada cantidad de 32,10€. Terminan después los cargos por impuesto eléctrico e Iva del 5% que ascienden a 4,93€ y el resultado final de todo esto es que he pagado una factura total de 94,33€, cuando el mi consumo real ha sido de tan sólo 29,7€.
Totalmente indignado, accedo a ese Real Decreto 10/22, donde veo que, en un alarde de propaganda gubernamental, se dice que esta es una norma aprobada para establecer un mecanismo de ajuste de los costes de producción de la energía para después reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Tras leerme de modo completo ese plúmbeo Real decreto, lleno de farragosas explicaciones, voy a trasladar algunas de las conclusiones a las que he podido llegar, no sin antes transcribir literalmente algunas de las perlas del mismo.
El Gobierno ha implementado un ambicioso paquete de medidas para contrarrestar el incremento de los precios mayoristas antes mencionado, entre las que cabe destacar las aprobadas por medio del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercado minoristas de gas y electricidad, y del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayoristas que han abordado la problemática energética desde una faceta omnicomprensiva, con medidas específicas para el sector doméstico, medidas de ámbito mayorista con mayor incidencia para el sector industrial, y tanto para el sector eléctrico como gasista.
¿qué quiere decir esto? Que para garantizar la competitividad de la industria electro intensiva como también se dice literalmente, se establece un mecanismo de apoyo a la misma, para que puedan reducir los costes de producción estableciendo un mecanismo temporal que limite el impacto que la escalada de precios del gas natural está teniendo en los productores de electricidad como consecuencia del diseño marginalista del mismo. El mecanismo de ajuste permitirá mitigar los costes en que incurren los productores de electricidad, por el mayor coste de aprovisionamiento de los combustibles fósiles empleados por dichas instalaciones de producción de electricidad. Estas instalaciones son las centrales de ciclo combinado de gas natural y también las que utilicen carbón como combustible.
Para no cansar mas al lector, la conclusión que he extraído es muy clara. Con la excusa de reducir la factura eléctrica de los ciudadanos, de modo descarado se nos impone, que paguemos un mecanismo de acceso para ayudar a las productoras. Somos los ciudadanos los que con nuestro dinero estamos ayudando a las empresas eléctricas. Lamentable.
Cada vez tengo mas que claro que esas puertas giratorias que llevan a exministros a los consejos de administración de esas macroempresas, están barriendo para casa y haciendo mucho daño a la economía de los ciudadanos de a pie. Vergonzoso.