Ya es muy notorio que en España hay serios problemas para acceder a la vivienda. Estos problemas se han convertido en una preocupación creciente en los últimos años, hasta el extremo de que, para algunos profesionales del sector, esto sólo es la punta del iceberg de lo que se avecina, ya que, muy probablemente, la situación persistirá e incluso se agravará cada vez más.

Los factores que inciden en esta preocupación son, como primer elemento, la escasez de viviendas, ya que la oferta de las que hay disponibles, no consigue llegar a satisfacer el ritmo creciente de la demanda, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Esta escasez de viviendas es debida tanto a la ralentización de la construcción de nuevos inmuebles, como a la concentración de la población en áreas urbanas.

A esto ha de añadirse la insuficiencia de vivienda pública que tenemos en España, algo que nos lleva a que nuestro país sea el que tiene una de las tasas mas bajas de vivienda pública de Europa, lo que provoca graves problemas para las personas que tienen ingresos bajos y que no pueden por ello, acceder a viviendas asequibles.

Influye también de modo notorio, el aumento de los precios tanto del alquiler como de la compra de viviendas, ya que han experimentado incrementos muy significativos y esto provoca que cada vez sea más difícil para muchas personas, acceder a una vivienda adecuada y sobre todo para los jóvenes y para las familias que tienen ingresos medios y bajos. La precariedad laboral que provocan tanto los salarios bajos, como la inestabilidad en los empleos, también genera muchas dificultades para que gran número de personas, puedan acceder a las entidades financiaras para obtener la financiación que necesitan para comprar el inmueble.

A todos estos problemas, hay que añadir también el impacto del turismo y del alquiler vacacional, ya que entidades como Airbnb u otras que practican el alquiler turístico, están provocando la proliferación de alquileres a corto plazo que se ofertan a los turistas y esto, sin ninguna duda, reduce la disponibilidad de viviendas destinadas a alquiler residencial, muy especialmente en ciudades que tienen mucho turismo, algo que ya se empieza a notar en Oviedo. La insuficiente regulación jurídica de los alquileres, aunque algunas ciudades ya han empezado a implementar medidas restrictivas, ha exacerbado la crisis de vivienda.

No podemos olvidar también que la pandemia del COVID-19 cambió las preferencias de los propietarios y arrendatarios que empezaron a buscar viviendas con espacios exteriores, algo que presionó al mercado inmobiliario. Igualmente, la crisis que siguió a este periodo, afectó bastante a la capacidad de muchas personas para pagar alquileres o hipotecas y esto provoca desahucios e inseguridad habitacional.

En este estado de cosas, es cierto que se vinieron estableciendo medidas gubernamentales y políticas públicas, estableciéndose planes para aumentar la oferta de pisos asequibles, pero la efectividad parece que es bastante escasa, al igual que las subvenciones y ayudas que se establecieron para dar a jóvenes y a familias vulnerables la posibilidad de alquilar o comprar una vivienda, ayudas estas que han tenido y tienen un alcance muy limitado. Ocurre lo mismo con las regulaciones que algunas ciudades empezaron a establecer para controlar el aumento de los precios del alquiler, medidas estas que a menudo se enfrentan con bastante resistencia de los propietarios y también con desafíos legales para su implementación.

En resumen, los problemas que tenemos con las viviendas, son complejos y están influenciados por factores económicos, sociales y políticos y esto requiere de un enfoque integral y de una clara coordinación entre el gobierno y el sector privado para abordar de modo eficaz el desafío y para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos.