Es una realidad que España comparte con Francia no sólo una frontera, sino que además compartimos historias, tratados, moneda y un sistema jurídico consagrado en los valores de la Unión Europea. Pero, pese a eso, comparten una gran diferencia con nosotros y es que tratan de modo muy diferente a los poderosos de la política.

Por ejemplo, recientemente la justicia francesa condenó al ex presidente Nicolás Sarkozy, a la pena de cinco años de prisión, por un delito de “asociación criminal”, corrupción y tráfico de influencias, como consecuencia de un entramado de financiación en la trama Bigmalión, en su campaña presidencial de 2007. El Tribunal de París lo juzgó, con la severidad que corresponde a un auténtico Estado de Derecho, que no negocia con los corruptos, por muy altos que sean los puestos políticos que ocupan. El expresidente no tuvo protección por su antiguo rango, por ninguna influencia partidista y por ningún cálculo de conveniencia política. Simplemente, al contrario que nos pasa a nosotros, la justicia francesa habló y Francia tomó muy buena nota.

Pienso que esta condena tiene una enorme pedagogía democrática, ya que las leyes francesas alcanzan, como es este caso, incluso a quien en su día las promulgó.

Por el contrario, si nos centramos en España, la situación es muy diferente. Veamos por ejemplo los casos que salpican al entorno directo del presidente Pedro Sánchez, su esposa, su hermano, muchos altos cargos del partido. Aquí estos procesos judiciales que se siguen, están enredados en un mar de dilaciones, recusaciones, informes fiscales contradictorios y todo tipo de filtraciones a los medios, algo que provoca que se vayan retrasando las sentencias, así como diluyendo las responsabilidades políticas.

No se trata de comparar a unos y a otros, sino las reacciones institucionales que se van produciendo. Pero la realidad es que mientras en Francia un presidente condenado abre un debate nacional sobre la limpieza moral de la república, en España el presidente y todos los miembros investigados de su entorno, realizan ruedas de prensa para denunciar que están sufriendo un fuerte acoso mediático.

Tanto España como Francia están sometidas al marco jurídico del Estado de Derecho europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al principio de igualdad ante la ley. Pero en problema que nosotros vivimos es que aquí estos principios no operan con la misma fuerza ni con la misma independencia.

En sus últimos informes GRECO, el Consejo de Europa ha advertido a España que no cumple plenamente con las recomendaciones sobre independencia judicial y lucha contra la corrupción, ya que el nombramiento político del Consejo General del Poder Judicial, el uso partidista de la fiscalía general del Estado, y la gran falta de medios que tienen los jueces instructores, son elementos que ponen a España en una situación de inferioridad moral, frente a sus socios europeos. Tenemos por tanto una justicia de dos velocidades Si en Europa se presume de unidad económica y política, en España estamos como estamos.
En nuestro país tenemos un poder judicial bloqueado, un gobierno que sólo legisla por decreto y una oposición que no fiscaliza nada de nada. En este estado de cosas, es normal que los ciudadanos no confiemos.

La conclusión es muy clara, mientras que Francia ha demostrado que el Estado puede enfrentarse con decencia a los delincuentes, en España, en cambio, estamos prisioneros de nuestro presente. Mientras que Sánchez gobierna, Sarkozy cumple condena. Mal vamos.