Yo soy uno de esos antiguos mutualistas que hace ahora un año, con ocasión de la presentación de la declaración de la renta del ejercicio 2024, solicité la devolución de mis cotizaciones a las antiguas mutualidades y que, pese al tiempo transcurrido, no he tenido ninguna respuesta de la Agencia Tributaria. Esto genera una polémica que no gira ya tanto al derecho a cobrar, que está legalmente reconocido, sino sobre los enormes retrasos, cambios de criterio de Hacienda o la forma en que se paralizan y se reactivan las devoluciones.

Todo este conflicto nace porque miles de trabajadores, entre los que me encuentro, cotizamos durante décadas a las antiguas mutualidades laborales, antes de que estas fueran integradas de modo total en la Seguridad Social. En su momento, no pudimos deducir fiscalmente las aportaciones realizadas, pero cuando empezamos a cobrar la pensión, tributamos íntegramente por IRPF y esto generó una doble imposición, algo que el Tribunal Supremo acabó reconociendo y por ello empezamos a reclamar las devoluciones de los ejercicios que aún no habían prescrito.

¿Por qué se producen estos grandes retrasos? Parece ser que cuando la AEAT creó un procedimiento simplificado, se produjo una enorme avalancha de reclamaciones y los cientos de miles de mutualistas exigíamos la devolución de mas de 6.000 millones de euros, según reconoció la propia Hacienda, algo que provocó la apertura de complejos expedientes, porque había que reconstruir cotizaciones antiguas, consultar datos históricos, cruzar información con la Seguridad Social y recalcular bases imponibles de varios ejercicios.

Tras todo esto, a final de diciembre de 2024 estalló un gran conflicto y se generó la indignación masiva de los mutualistas reclamantes, ya que Hacienda decidió suspender el sistema establecido, dejó sin efecto gran cantidad de solicitudes pendientes, eliminó el formulario que se había creado y anunció un nuevo modelo escalonado de devolución. La idea inicial era devolver año a año y obligar a reclamar cada ejercicio por separado, algo que provocó un terremoto político y social.

Yo y otros muchos jubilados interpretamos que la AEAT estaba retrasando deliberadamente los pagos ya reconocidos, que intentaban ganar tiempo para aliviar el impacto presupuestario que se generaba y lo mas duro, se pensaba que muchos de los afectados, moriríamos antes de cobrar todo, como ocurrió con mi mujer que falleció hace menos de un año.

Frente a las quejas masivas, oficialmente Hacienda argumentaba que tenían necesidad de “ordenar” el procedimiento adaptando el sistema a la Ley 7/2024, que tenían que homogeneizar criterios e igualmente que tenían que asegurar el encaje contable y presupuestario de las devoluciones.

Ante tanto dislate, varias asociaciones de mutualistas denunciaron inseguridad jurídica, retroceso administrativo, bloqueo provocado artificialmente e igualmente vulneración de expectativas legítimas, desde el momento en que muchas de las solicitudes presentadas, como era mi caso, quedaron sin efecto al no haber quedado resueltas antes del 22 de diciembre de 2024, algo que obligó a muchos de nosotros a volver a empezar.

Para justificar los retrasos Hacienda argumentaba que se trataba de cotizaciones de los años 60 y 70 y esto provocaba que los datos no estuvieren digitalizados y que esos datos dependían de antiguas mutualidades hoy desaparecidas. Se argumentó también que había falta de personal, falta de medios, saturación informática y embudo administrativo. Finalizaba la AEAT diciendo que las devoluciones suponían miles de millones y que esto impactaba directamente en el déficit público y provocaba tensiones presupuestarias.

En resumen, se aplazaron pagos por motivos presupuestarios, se cambiaron las reglas a mitad del partido, se actuó con total falta de transparencia y ahora a saber qué puede ocurrir, porque igual terminan metiendo todas las reclamaciones pendientes de devolución, en el baúl de los recuerdos.