La expulsión de las personas mayores de los seguros de salud privados, mediante primas crecientes, que en muchos casos superan el 25% anual, exclusiones, restricciones de cobertura o barreras en la nueva contratación de pólizas, constituye uno de los fenómenos más discutidos en nuestra economía. Aunque los mecanismos varían entre las aseguradoras, el problema central suele ser el mismo: Cuando una persona mayor más necesita una póliza de seguro, mas problemas tiene para renovarla y más aún para contratarla, ya que, para las aseguradoras, la edad convierte al asegurado en un “alto riesgo”.
Desde la lógica actuarial de las aseguradoras, una persona de 40 años genera menos gasto sanitario que una de 75, ya que a medida que aumenta la edad, también aumentan las enfermedades, las intervenciones quirúrgicas o las hospitalizaciones y por esta causa, las aseguradoras intentan proteger su rentabilidad, mediante mecanismos que empujan a los mayores fuera del sistema. Aunque jurídicamente no se nos expulse de forma explícita, en la práctica se produce la expulsión mediante fuertes incrementos de prima.
El edadismo en los seguros de salud aparece cuando la edad se utiliza como criterio para incrementar primas, reducir coberturas, restringir prestaciones, negar renovaciones de pólizas o rechazar las nuevas contrataciones. Para actuar de este modo, las aseguradoras suelen argumentar que no discriminan, sino que analizan el riesgo real, pero hay otros datos que ignoran, ya que no todas las personas mayores generan altos costes y además de eso yo añadiría que la solidaridad social que debería de haber, exige compartir entre generaciones, los diferentes riesgos. Aquí podemos abrir un debate entre “equidad actuarial” o “justicia social”.
En este momento, la expulsión por primas desproporcionadas, es el mecanismo más frecuente y a los asegurados no se les comunica que van a rescindir el contrato por ser mayores. Lo que se les comunica es que su prima anual pasa de 2.000€ a 6.000€ o de 250€ mensuales a 800€ y con ello legalmente seguirá asegurado. Como la persona mayor ya no puede pagar esto, el resultado final es el mismo que una expulsión.
Muchas personas hemos contratado seguros privados en edades tempranas y durante décadas hemos venido pagando primas razonables, pero de pronto llegamos a los 70 años, se nos revisan las tarifas, entramos en otra categoría de riesgo, se nos cambia el producto y prácticamente se nos expulsa. El resultado final de todo esto es que personas como es mi caso, durante muchos años hemos estado dando beneficios a la aseguradora, y justo cuando mas necesitamos atención médica, la prima se dispara y esto nos obliga a no renovar la póliza.
Tras tomar la decisión de no renovar, intentamos suscribir el contrato con otra aseguradora y entonces nos encontramos con otro gran problema cual es que la nueva aseguradora nos rechaza la contratación, nos excluye muchas patologías o nos aplica unas sobreprimas desproporcionadas.
El enorme impacto económico sobre las personas jubiladas es monumental, ya que cuando nuestros ingresos están estabilizados o incluso disminuyen, los costes sanitarios crecen y las primas de los seguros se incrementan por encima de la inflación. Esta situación nos provoca una gran ansiedad y una sensación de inseguridad ya que no hacemos mas que preguntarnos ¿podré pagar la próxima renovación del seguro? ¿me cubrirá esta u otra operación? ¿me tendré que ir a la colapsada sanidad pública?
Para terminar, diré que cuando yo era joven, era rentable para las aseguradoras y era un cliente valioso, pero ahora, cuando envejecí, empiezo a ser una carga y me echan. Por eso, el debate sobre seguros de salud y edadismo, no es sólo una cuestión financiera o actuarial, sino también una cuestión de derechos, justicia distributiva, solidaridad intergeneracional y modo en que una sociedad decide tratar a quienes llegamos a la vejez.