Es cierto que vivimos en un estado de derecho y además democrático, pero, pese a ello, paso a paso y utilizando como estrategia la seguridad nacional, los ciudadanos estamos siendo sometidos a una vigilancia y a un control permanente, algo que, en muchas ocasiones, atenta contra nuestro derecho a la intimidad personal y a la presunción de inocencia.
Pensemos por ejemplo en lo que ocurre en un supermercado diariamente, cuando la cajera pide a una cliente que abra su bolso para comprobar que en el no ha metido a escondidas ningún producto. O lo que es lo mismo, el supermercado traslada al cliente teóricamente sospechoso, los problemas o los costes de control de su inventario.
Pensemos también en los arcos de seguridad que los grandes almacenes instalan en sus puertas de salida y que, en muchas ocasiones, cuando un comprador va a cruzar, se dispara la alarma. De modo inmediato, siendo mirado por muchos clientes, el personal exige que le muestre las bolsas y que enseñe los tickets de compra. Ese disparo de la alarma provoca la sospecha de que un cliente ha ocultado algo que no ha pagado en la caja.
Pero esto no sólo pasa en los supermercados o grandes almacenes, puesto que cuando vamos a viajar para disfrutar de unas vacaciones, aceptamos someternos al cacheo y la inspección de empresas de seguridad de los aeropuertos, algo que supone una quiebra total de la presunción de inocencia, sin una causa individualizada que lo justifique, ya que se trata a todos los pasajeros como delincuentes en potencia, hasta que el chequeo y escaneo que me realizan demuestre lo contrario.
Y qué pasa con el Chat Control 1.0, medida en vigor que autoriza a Google, Meta, Microsoft y otras grandes empresas tecnológicas, a escanear mediante algoritmos automatizados los mensajes privados, correos y fotos de los ciudadanos, para buscar contenidos ilícitos?
La cruda realidad de todo esto es que estados democráticos están construyendo pieza a pieza, los aparatos de control mas sofisticados de la historia y todo ello se disfraza como medidas de interés público, seguridad nacional o protección de personas vulnerables. Hoy en día, la sospecha generalizada, ha sustituido a la presunción de inocencia y esto hace que un ciudadano normal esté sometido a un control perpetuo, día tras día.
Estas situaciones de sospecha aceptada han calado de forma tan profunda en nuestra sociedad que acepta sin rechistar todas estas medidas de control, en los actos más cotidianos.
Si analizamos de modo concreto el artículo 18.3 de nuestra Constitución, veremos que nuestra carta magna garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial dictada en el marco de una investigación concreta y, por tanto, el escaneo preventivo e indiferenciado, pulveriza nuestro derecho fundamental. En esta misma línea, si analizamos tanto en artículo 24 de nuestra Constitución y el artículo 48 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, podremos ver que, con todas estas medidas de control, nuestra presunción de inocencia ha desaparecido.



Por último, la jurisprudencia comunitaria ya ha puesto límites claros a estos abusos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencias históricas como Digital Rights Ireland o La Quadrature du Net, ha dictaminado repetidamente que la conservación y el análisis generalizado, masivo e indiferenciado de los datos de los ciudadanos, es ilegal. La vigilancia debe ser siempre proporcionada, selectiva y motivada por indicios delictivos previos.
Termino por tanto diciendo que los ciudadanos ya hemos aceptado de plano que se nos trate como corderitos sospechosos. No podemos seguir callados.