Por si quedaba alguna duda, las cosas ya están más que claras. Montesquieu ha muerto y eso de la separación de poderes en España es una quimera. En su famoso tratado de hace casi 300 años “el espíritu de las leyes”, Montesquieu proponía la separación de poderes, como mejor alternativa frente al despotismo ilustrado. Puede decirse que este planteamiento ha sido acogido por todas las democracias occidentales modernas. En esta línea y en lo que se refiere al Poder Judicial, nuestra Constitución, en su artículo 117, previó que “la justicia emana del Pueblo” que es administrada por Jueces y Magistrados y que estos serán independientes.

El problema es que, nuestros políticos, arrimándose al sol que más calienta, interpretaron que, los miembros del Poder Judicial, en vez de ser elegidos “por jueces”, iban a ser elegidos “entre jueces”. Con esta sibilina interpretación de “por” o “entre”, para alcanzar su objetivo, en 1985 se promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial actualmente vigente, en la que se determina que, de los 20 vocales del Poder Judicial, a 10 los elegiría el Congreso y a los otros 10 el Senado. Como consecuencia, los jueces no podrían elegir a sus representantes. Iban a ser elegidos por el gobierno de turno que, en razón a mayorías parlamentarias alcanzadas hasta con pactos con el diablo, decidiría quien iba a ser tanto presidente del Consejo del Poder Judicial, como de sus vocales.

En primer lugar, lo más obvio: una auténtica democracia no funciona sin una verdadera separación de poderes y un Estado de Derecho fuerte. Sin una justicia independiente e imparcial, no podemos tener una democracia de calidad.  Con lo que, de modo vergonzoso, tras lo que está ocurriendo estos días en nuestro país, la justicia sigue avanzando hacia una total pérdida de credibilidad. Los polítócratas y partitócratas siguen avanzando con paso firme y seguro hacia la total politización y desprofesionalización de la justicia.

Es lamentable que, mientras la mayoría de los jueces luchan cada día en sus juzgados buscando su independencia, en el Consejo General de Poder Judicial, que es su órgano de gobierno, se están colando, con el acuerdo casi unánime de todo el arco parlamentario, politócratas afines a sus respectivos partidos. Para tratar de explicar qué digo cuando hablo de “politócratas”, me voy a referir concretamente al socialista Bernardo Fernández que va a ser elegido vocal del CGPJ, como jurista de reconocido prestigio, mediante el pacto político alcanzado entre PP, PSOE y Podemos.

Bernardo Fernández que tiene mí misma edad, tras licenciarse en derecho en la Universidad de Oviedo donde yo me licencié, ya entró en las filas del PSOE. Fue Diputado de la Junta General del Principado de Asturias en la legislatura provisional de 1982 (tenía 29 años). Continuó en la primera de 1983 a 1987 y en la tercera de 1991 a 1995. Fue consejero de la Presidencia de los gobiernos de Rafael Fernández y de Pedro de Silva. Fue después vicepresidente del gobierno de Rodríguez Vigil, además de consejero del Interior y Administraciones Públicas. Tras el escándalo del Petromocho, Bernardo Fernández fue derrotado por Antonio Trivin, en la sucesión a la presidencia y salió definitivamente del gobierno asturiano.
Por tanto, si tras salir de la Facultad de Derecho, estuvo dedicado a la política y si además estuvo treinta años ocupado en sus actividades políticas en el gobierno asturiano, ocupando cargos relevantes, y presentando su candidatura a presidente del Principado ¿Cuándo se dedicó a ser jurista? Porque la Ley de Incompatibilidades es clara, desde que dispone que diputados y senadores ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Es decir, si estuvo dedicado con exclusividad a la política, en modo alguno pudo ser jurista y menos aún de reconocido prestigio.

Lo mismo ocurrió antes con Alvaro Cuesta, que sin ser jurista de reconocido prestigio y ni tan siquiera juez por el cuarto turno, hoy está sentado en el Consejo General, como jurista de reconocido prestigio. Antes de ser elegido como Vocal del CGPJ, la Federación socialista asturiana ya lo había propuesto para cubrir una vacante de Magistrado de la Sala de lo Civil que por cuarto turno había vacante en la Audiencia Provincial. Esa candidatura generó una gran polémica y quedó sin efecto.

Para los legos en derecho ha de aclararse que además de los Magistrados de carrera, pueden ser nombrados Magistrados, por una vía llamada del “cuarto turno” regulada en el artículo 313 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Esta vacante se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional y que además superen el curso de formación que hay establecido. En este concurso los méritos a valorar son: Título de Doctor, años de ejercicio en la Abogacía o como catedrático de disciplinas jurídicas, publicaciones científico jurídicas, cursos de especialización jurídica o haber aprobado alguno de los ejercicios de la carrera judicial.
Los señores Fernández y Cuesta, por su reconocida actividad política durante treinta años y con su consiguiente incompatibilidad para realizar otras actividades, en modo alguno pueden ser juristas de reconocido prestigio, condiciones estas, exigibles para entrar en la carrera judicial por el cuarto turno. Pues hete aquí que los partidos políticos se ponen de acuerdo, se reparten entre ellos el pastel, y “cuelan” como vocales del CJPJ a políticos reconocidos y no a un jurista de reconocido prestigio.

En resumen, unos politócratas reconocidos, sin ser jurista de reconocido prestigio, ahora están sentados o van a estar en el órgano de Gobierno de la justicia española. Y dejémoslo claro, que esto no lo digo porque estos señores sean militantes del PSOE, ya que si hubieran sido militantes del PP o de otros partidos, sostendría lo mismo.. Los políticos están logrando sus objetivos. Están acabando con la separación de poderes, politizando y desprofesionalizando a la justicia.

Son manifiestamente claras las maniobras de los políticos cuando, incluso antes de ser elegidos, ya salen a los medios de comunicación diciendo quien va a ser el presidente o los vocales, aun cuando ni siquiera han ser elegidos.   Bueno, rectifico, Han sido elegidos a dedo, en este caso por PSOE, PP y Podemos. La independencia del Poder Judicial es absolutamente necesaria para que tengamos una democracia de calidad y de ahí la percepción que tenemos casi todos los ciudadanos de la manifiesta politización de la justicia.

Con la única excepción de Ciudadanos, que no se ha prestado al juego, todos los demás partidos se han prestado al vergonzoso reparto de cargos. Por ello, quizá tenga que ser la sociedad civil la que se movilice para acabar con estas maniobras tan aberrantes que persiguen la politización del poder judicial.