Como todos sabemos ya, el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional, para poder gestionar de modo adecuado la crisis sanitaria que ocasiona el Covid-19.

Esta norma, entre otras cosas, establece la suspensión de una gran cantidad de actividades y unas importantes limitaciones, entre las que, de modo concreto, se encuentra la libertad de circulación de las personas, que sólo podrán salir a la calle para comprar alimentos, desplazarse a los lugares de trabajo cuando estén obligados a ello, acudir a centros sanitarios y farmacias, desplazarse a bancos o compañías de seguros, repostar en las gasolineras, pasear mascotas y alguna otra cosa más.

A mi juicio, la norma llega con bastante retraso, entre otras cosas porque se publicó seis días después de que el gobierno, no sólo permitiese, sino que además alentase, las multitudinarias manifestaciones del día internacional de la mujer. Justo al día siguiente de estas manifestaciones, empezó a sonar la voz de alarma por todos lados. Dos ministras que acudieron a este acto, están contagiadas y a saber cuántas personas más pudieron haberse infectado.  Pasó lo mismo con el mitin de Vox, donde según parece, también se contagiaron miembros muy relevantes del partido. La cruda realidad es que la insensatez de la clase política ha sido más que manifiesta, y sobre todo la del propio Gobierno.

Me sorprende también, que el Consejo de Ministros se celebrara de modo presencial, con un vicepresidente en cuarentena y además sin mascarilla. No parece muy ejemplar la actuación gubernamental, cuando está pidiendo a todos los ciudadanos que actuemos con responsabilidad. O acaso es que los gobernantes están por encima de las normas que dictan para aplicar a los ciudadanos. Me sorprende igualmente que la reunión del Consejo haya durado mucho tiempo, a causa de las discusiones internas con el partido que apoya al gobierno, algo que denota más el juego de intereses partidistas que, que el objetivo prioritario de preservar la salud de las personas.

Refiriéndome ya, de modo concreto, a las limitaciones a la libertad de circulación de los ciudadanos, ha de dejarse claro que, si algún ciudadano no respeta las medidas establecidas, el artículo 20 del Real Decreto dice que: “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma, será sancionado con arreglo a las leyes…”

Aun cuando dentro de ese incumplimiento, podrían cometerse delitos, por ejemplo, el de desobediencia a la autoridad o sus agentes, quiero referirme sólo a esos casos más habituales, que ya se están dando y se darán, de personas que, lisa y llanamente, salen a pasear o a hacer deporte. Aquí, en estos supuestos entramos en el terreno de las infracciones administrativas, que, aunque no sean constitutivas de delito o desobediencia, pueden llevar aparejadas cuantiosas multas.

De modo concreto, las infracciones muy graves, llevarán aparejadas multas que van a ir a 30.001 a 600.000 euros y las graves tendrán una multa que irá de 601 a 30.000 euros. Supongo que, esos ciudadanos que deciden saltarse la norma para hacer ese paseíto digamos prohibido, serán multados con la sanción mínima de 600 euros, pero aun así, creo que resulta bastante disuasorio.

Ha de decirse también que las denuncias, atestados y actas formulados por los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y que hayan presenciado los hechos, se presume que son ciertos, salvo prueba en contrario que corresponderá al presunto infractor.

Concluyo diciendo que se impondrá la cordura y que todas estas sanciones no serán necesarias. Hemos de apelar a la responsabilidad de los ciudadanos en el tiempo que dura esta grave crisis del coronavirus.