Es meridianamente claro que, sin una clara separación de poderes, no podemos tener una auténtica democracia y es manifiestamente evidente que, en nuestro país, no existe una auténtica separación de poderes, máxime cuando, por todos los medios, los partidos políticos, una y otra vez, intentan asaltar el poder judicial.

Hace días, era el Gobierno el que acusaba al Partido Popular de “inconstitucional”, porque no quería sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha cumplido su mandato de cinco años y que ya lleva dos años, digamos en funciones. Ahora es el Gobierno con sus socios de Unidas Podemos, los que están dispuestos a modificar la ley, de modo totalmente inconstitucional, para alcanzar su propósito de renovación.

Vamos a ver, seamos claros, nuestra Constitución y también la originaria Ley Orgánica del Poder Judicial, exigen que los veinte miembros del Consejo General han de renovarse cada cinco años. De esos veinte miembros, doce son jueces que van a ser elegidos por ellos mismos, y los otros ocho han de ser juristas de reconocido prestigio, que van a ser elegidos con una mayoría de 3/5, por el Parlamento y el Senado. En 1985, los políticos inician un primer asalto y modifican la LOPJ para que los doce vocales que antes elegían los propios jueces ahora también fueren elegidos por los partidos políticos, igualmente por mayoría de 3/5.

Pero, como las tremendas guerras partidistas que padecemos, hacen imposible cualquier acuerdo para llegar a esa mayoría, colocando así al Poder Judicial en una situación de anormalidad, el partido gobernante y sus socios, deciden tirar por la vía del medio planteando una proposición de ley orgánica que tiene todos los visos de inconstitucionalidad.

Hablo de visos de inconstitucionalidad porque, además de nuestra Carta Magna, el Tribunal Constitucional se había pronunciado en el sentido de decir que si el Parlamento, a la hora de efectuar las propuestas de renovación, atendía sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyese los puestos a cubrir en proporción a la fuerza parlamentaria de estos, se estaría actuando conforme a “criterios no admisibles” y por tanto inconstitucionales.

Desde 1985 en que se inició el primer asalto, los partidos políticos nunca se pusieron de acuerdo sobre “quienes iban a ser los vocales del Consejo, sino que en lo que se ponían de acuerdo es en “cuantos” iban a corresponder a cada uno. O lo que es lo mismo, mientras que en Tribunal Constitucional dice que nuestra Constitución no admite el reparto de vocales por cuotas, es esto ni más ni menos, lo que están haciendo nuestros políticos, burlando así, de modo descarado, nuestra Constitución.

Pero es que, además, por si esto fuere poco, el Consejo de Europa y el Informe Greco de 2019, que evaluó a España, se han manifestado en el sentido de decir que nuestro sistema de designación política es totalmente contrario a la separación de poderes, así como a la independencia del poder judicial, añadiendo, además, que se infringe la normativa europea.

Y en este estado de cosas, con una excesiva politización del gobierno de los jueces, como esa mayoría de 3/5 para repartirse el pastel, hace complicado llegar a acuerdos, se pretende dar otra vuelta de tuerca, eliminando esa barrera, para elegir a la cúpula judicial por mayoría absoluta, con lo que los gobiernos de turno podrían colocar interesadamente en el Consejo a aquellos jueces mas próximos a su ideología.

Termino por tanto diciendo que, incluso saltándose el mandato constitucional, una y otra vez, los políticos pretenden asaltar al poder judicial para colocar en su cúpula, no a los más cualificados, sino a los mas afines a ellos. Confío en que se imponga la cordura, se ponga freno a esta iniciativa legislativa, y se permita que sean los propios jueces los que elijan a sus representantes, en base a criterios de capacidad y no de intereses partidistas como pretenden los politócratas. Si esta iniciativa sigue adelante, la independencia del poder judicial habrá sido eliminada en pro de los intereses partidistas. Montesquieu habrá muerto.