Las maniobras que maneja el Gobierno de nuestro país, para intentar reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, resultan decepcionantes mírense por donde se miren, ya que pretende tramitar la reforma, saltándose todos los procedimientos estándares de nuestro sistema democrático. Pretende alterar a toda prisa, un órgano constitucional, como es el Consejo General del Poder Judicial, sin dar ningún tipo de audiencia a todas las partes interesadas, como son los partidos de la oposición, la misma sociedad civil, los profesionales expertos y los mismos miembros de la judicatura.

En puridad legislativa, la reforma que se pretende, utilizando todo tipo de atajos, habría de plantearse por parte del Gobierno, elaborando un anteproyecto de ley, que es el procedimiento correcto y no mediante una proposición del Congreso. Y esto es así, porque mientras el Gobierno está rodeado de todo tipo de asesores y funcionarios especializados, en el Congreso y en el Senado no hay esa especialización. Tenemos además el cuerpo de Letrados de las Cortes, con sus capacidades totalmente desperdiciadas, desde el momento en que no pueden participar en la elaboración material de las normas.

Resulta más que evidente la tergiversación del procedimiento, desde el momento en que es el grupo parlamentario socialista, junto con el de Unidas Podemos, el que presenta la proposición de ley, cuando, para iniciar correctamente el procedimiento, lo natural hubiere sido que el Gobierno (no sus grupos parlamentarios), presentase un anteproyecto de ley. La razón es muy clara, ya que actuando como ha actuado, trata de impedir todos los trámites legales, bastante largos, por cierto, que se exigen para la elaboración de las leyes, cuales son, la redacción de un anteproyecto, el sometimiento a consulta pública, la audiencia de los ciudadanos, la elaboración de una memoria, y la petición de informes y estudios.

Con el antidemocrático procedimiento utilizado, en plenas vacaciones de Navidad y con el Parlamento cerrado por vacaciones, en poco mas de un mes, el Gobierno consiguió que la Cámara la aprobara, para, acto seguido, remitirla al Senado, donde, como todo el mundo sabe, va a haber un trámite protocolario y residual, donde ya no se va a plantear ninguna cortapisa.

Lisa y llanamente, la coalición PSOE y Unidas Podemos, se ha saltado a la torera todos los trámites que habría de cumplir el Gobierno y de ese modo, acordando la tramitación urgente de la proposición, cerrando todos los plazos para presentar enmiendas y denegando las audiencias solicitadas de adverso, prácticamente en una semana, consiguió su propósito.

Todo este entramado, que atenta contra las más elementales normas parlamentarias y democráticas, se ha impuesto de modo subrepticio, dando totalmente la espalda a nuestro sistema legislativo, a las asociaciones judiciales, a la sociedad civil e igualmente a los órganos europeos e incluso internacionales.

Tiempo atrás, ya se había pretendido iniciar este espurio procedimiento, pero había quedado aparcado por el masivo rechazo que suscitó, ya que se pretendía intervenir de modo descarado, en el nombramiento de todos los altos cargos judiciales, rompiendo de modo manifiesto, la necesaria separación de poderes.

A mi juicio, se ha perdido el sentido de estado, desde el momento en que se pretende quebrar la separación de poderes y con ello, añadidamente, atentar contra nuestro estado de derecho y nuestra propia democracia. Es totalmente ilegítimo que nuestros gobernantes, con todo tipo de estratagemas, pretendan alcanzar todo el poder, eliminando la necesaria separación de los tres poderes del estado. No me sirven esas cosas que dicen de modo muy bonito, de que reclaman más poder, en nombre de los ciudadanos y para los ciudadanos. Eso es una manifiesta falacia.