Tiempo atrás, se ha dicho y hablado mucho sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, concediendo 53 millones de euros, por parte del gobierno español, a través de la Sociedad Industrial de Participaciones (SEPI). Esta concesión fue acordada en el Consejo de Ministros del pasado día 9 de marzo.

Si bien es cierto que la sede social de esta aerolínea marginal está en Madrid, por lo que se ha averiguado, su principal accionista es Snip Aviatión, una sociedad aparentemente inactiva y administrada por tres venezolanos cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. Había arrastrado pérdidas desde su creación hace diez años y sólo había operado en escasísimos vuelos entre España, Venezuela y Perú. Actualmente tenía un solo avión que llevaba bastante tiempo sin despegar.

Estoy convencido que este sospechoso rescate, pone de manifiesto y muy a las claras, todos los males del sector público de nuestro país. ¿por qué pienso así? Porque he visto el Real Decreto Ley de 3 de Julio de 2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo por el que se crea un nuevo fondo de 10.000 millones de euros, gestionado por la SEPI, para “dar apoyo financiero temporal, a empresas no financieras, estratégicas y solventes, que se hayan visto especialmente afectadas por el Covid-º9 y que así lo soliciten”.

Se señala en dicho Real Decreto, que los requisitos para acceder a este apoyo, son los de tener “severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19 y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional”.  Se añade también que han de tener un “sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o por su contribución al buen funcionamiento de los mercados”.

Visto esto, y dada la conocida trayectoria de esta aerolínea marginal, que siempre había dado pérdidas desde su creación, que sólo contaba con un avión y que sólo había volaba a Caracas y Lima, creo que a nadie se le puede escapar que la aerolínea, en modo alguno podía cumplir objetivamente con todas las condiciones exigibles para ser rescatada. Por tanto, es más que evidente, que fueron sólo motivos o intereses políticos los que provocaron la concesión de la ayuda solicitada.

¿qué informes previos avalaron esta concesión? Difícil de conocerlos porque, como ya es habitual en el funcionamiento de la administración pública, lo que impera es la “opacidad” y “el clientelismo político”. Hasta donde he podido llegar, no hay ningún informe que se haya hecho público. Pienso que, una vez más, al no haberse utilizado criterios objetivos y profesionalizados, ha quedado evidenciada la politización de nuestra administración pública.

La decisión ha sido tomada en el contexto de una SEPI, cuyo responsable, persona de confianza de la Ministra de Hacienda, había quedado obligado a dimitir en octubre de 2019, al ser procesado por los Tribunales, en el caso Aznalcollar y sin que a la fecha se haya nombrado a su sustituto ya que, según parece, la ministra “no encuentra a la persona adecuada”.

Estoy convencido que si tanto la presidencia de la SEPI, como los miembros del Consejo Gestor del Fondo, en vez de ser cargos de confianza nombrados por el Consejo de Ministros, hubieren sido funcionarios públicos que hubieren superado la correspondiente oposición y hubieren sido nombrados mediante convocatoria pública, por su currículum y por los principios de mérito y capacidad profesional, algo que hacen todos los países de nuestro entorno, esta ayuda nunca se habría concedido, dado que Plus Ultra no cumplía ninguno de los requisitos necesarios.

A mi juicio, esta inaceptable concesión, da una idea real del envenenamiento político de nuestra administración, nombrando cargos a dedo para alimentar a una gran red clientelar. No se recurre a las convocatorias públicas para realizar nombramientos transparentes, guiados por esos necesarios principios de capacidad, mérito y formación necesaria. Es evidente que, esta dedocracia que sufrimos, hace que roten los cargos designados por los respectivos gobiernos de turno, evitando así la consolidación de puestos nombrados por razones profesionales ligadas al buen desempeño del puesto.

Esta es, sin duda, la causa última por la que se tomó la decisión totalmente inaceptable, de rescatar a Plus Ultra, decisión totalmente alejada de los intereses generales de nuestro país.  Así nos luce el pelo.