Es indudable que toda la legislación que tenemos en materia de protección de datos, empezando por el Reglamento General de la UE y siguiendo con nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales del año 2018, tienen como objetivo preservar los derechos de los ciudadanos, proteger su intimidad, su derecho a la propia imagen, así como su seguridad.

El gran problema es que estamos viviendo en un mundo altamente tecnologizado, que no sólo no tiene fronteras, sino que, además, cada vez tiene menos barreras y esto hace que cada día de modo muy rápido, aparezcan nuevas realidades y situaciones que hacen realmente difícil su regulación, ya que los complejos y lentos procesos legislativos hacen que hoy se dicte una norma que, rápidamente va a quedar obsoleta, debido a la pronta aparición de nuevas situaciones. Resulta incuestionable que el derecho va mas lento que la veloz evolución tecnológica y si a esto añadimos el poco interés de nuestros políticos que están mas preocupados por sus particulares guerras de tronos que en dedicarse a lo que verdaderamente importa a los ciudadanos.

Si nos paramos a pensar fríamente, es terriblemente preocupante todo lo que rodea a la recogida masiva de datos personales, mediante las técnicas del big data. Pensemos por ejemplo en la ingente cantidad de ficheros de datos de contribuyentes que mueve la Agencia Tributaria. Pensemos que los bancos tienen datos de las cuentas de sus clientes, que los Notarios comunican telemáticamente las escrituras que autorizan, que los Abogados y Procuradores interactúan vía telemática con los Juzgados, que las empresas que realizan comercio electrónico tienen ficheros de clientes, al igual que los tienen las compañías telefónicas, las líneas aéreas que han de custodiar sus datos durante tres años, etc.etc.

Pongamos nuestra atención también en Google, Facebook y otras muchas redes sociales, donde no somos conscientes de que materialmente nos están espiando las 24 horas del día y que saben de nosotros incluso mas de lo que nosotros mismos sabemos. Estas macroempresas, con todas sus aplicaciones gratuitas, están recogiendo información masiva sobre nosotros. Así por ejemplo Google o Alexa, con sus altavoces inteligentes, recoge todo les pedimos verbalmente y por ello, sabe cuando llegamos a casa, cuando encendemos o apagamos una luz, qué música preferimos, etc.etc.

Teóricamente, con nuestro consentimiento, cuando decimos “sí” a todo para poder usar aplicaciones gratuitas, ya que, si dijéremos que no, probablemente no podríamos usarla, lo que estamos haciendo en realidad es regalar nuestra intimidad y nuestros datos personales, a cambio de un servicio gratuito. Hemos de ser conscientes que nuestros datos, desde el momento que accedemos a cederlos, no sabemos ni cómo ni para qué van a ser usados.

En nuestro país, el Gobierno pretendía crear un Instituto Nacional de Datos, en el que se gestionaría toda la información de los ciudadanos que es recogida por las diversas Administraciones Públicas. Estaríamos por tanto ante un “gran hermano” español. No sé si ahora, con las persistentes disputas y continuadas guerras de tronos que mantienen, se habrán olvidado de este proyecto, pero lo cierto es que, dentro de un Plan Estratégico de Inteligencia Artificial que se ha firmado no hace mucho por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se intentaba crear este gran hermano.

Es cierto que se ha avanzado muchísimo en la seguridad de la red, pero la realidad es que esta, nunca va a ser 100% segura, ya que los ataques de Hackers, Crackers & Phreakers son más frecuentes de lo que quisiéramos. Y, siendo esto así: ¿No se estará creando un Gran Hermano gigantesco que se esté transformando en un ente incontrolable e ingobernable?

Y, ante este estado de cosas me pregunto ¿cuáles son los límites? ¿quién habrá de poner los límites? Toda esta información ¿protegerá verdaderamente a los ciudadanos? ¿será utilizada exclusivamente en beneficio de la ciudadanía? Creo que procede una profunda reflexión.