Creo que no se le escapa a nadie la difícil situación que vivimos en España por los manifiestos intentos de politizar el poder judicial, para conseguir que dependan del gobierno de turno y con ello cercenar su independencia. Los gobernantes luchan día tras día para influir en la imparcialidad de las decisiones judiciales y en la independencia de los jueces.

En este momento, en los sillones del gobierno están sentados tres jueces que, en vez de luchar para conseguir la independencia de sus colegas, lo que están haciendo es mantener un descarado silencio y no hacer nada de nada. A todas luces, su actitud es innoble tanto con sus colegas jueces, como con los propios ciudadanos.

Este gobierno, al igual que otros anteriores, no ha hecho absolutamente nada para dotar a los juzgados de todos los medios materiales y humanos que necesitan para, con ello, evitar la ralentización de la justicia y conseguir mas eficacia en las actuaciones de los jueces y magistrados. Muchos juzgados están sobrecargados de trabajo y a ello tenemos que añadir la falta de agilidad en la tramitación procesal y la burocracia están provocando graves retrasos en la resolución de los casos, situaciones estas que afectan a la eficacia y a la credibilidad del sistema judicial.

A título de ejemplo y refiriéndome a Asturias, tanto los jueces como los letrados de la Administración de Justicia, no hacen mas que quejarse de las deficiencias que tienen sus obsoletos equipos informáticos que, incluso, provocan la cancelación de juicios que se están celebrando y que han de suspenderse a causas de caídas del sistema que impide la grabación del acto. Quien falla en esto es nuestro gobierno autonómico que es el responsable directo por no proveer a los juzgados de los necesarios medios materiales y personales.

Es incuestionable que, en vez de los reiterados ataques al poder judicial, que se producen desde el propio Parlamento y del mismo Gobierno, lo que habría de conseguirse, de una vez por todas, es un serio pacto entre todos los partidos políticos, o al menos entre los dos mayoritarios, para tomar decisiones que garanticen la independencia, la imparcialidad y el buen funcionamiento de los tribunales de nuestro país.

Los políticos tienen que alcanzar grandes pactos con sentido de Estado para frenar el manifiesto ataque a la democracia que en este momento estamos viviendo y lo que no puede ser es que, sólo se pacte a cambio de votos para seguir gobernando o se otorgue la impunidad a aquellos que han delinquido por actos terroristas o por querer independizarse.

Estamos viviendo al estilo de la dictadura argentina, chilena o bolivariana y de ese modo, se rompen las reglas constitucionales para poder manipular a los tribunales y con ello romper el estado de derecho, Ya se ha perdido el pudor por romper estas reglas y por ello un día sí y otro también, se rompe la imparcialidad del poder judicial, sin que esos politiqueros asuman la responsabilidad de sus actos.

Me pregunto, qué pensarán esos alumnos de las Facultades de Derecho, cuando los profesores los forman para que conozcan bien nuestro Estado de Derecho, y después ven en la calle cómo se trata de romper la independencia del Poder Judicial o se regalan privilegios al huido Puigdemont, o se practique el lawfare (guerra sucia judicial) pretendiendo que los jueces sean investigados en comisiones parlamentarias.

Señores exjueces y ministros Grande Marlaska, Margarita Robles y García Paje, por favor, salgan de sus interesados silencios y empiecen a hacer presión para que se llegue a ese pacto de estado que nos lleve a la clara independencia del poder judicial.