Estos últimos días, estamos viendo y oyendo en todos los medios de comunicación, lo que está ocurriendo con la aplicación del Real Decreto para la regularización de inmigrantes, que dictó recientemente el Gobierno y que está generando debates con todo tipo de confrontaciones entre unos y otros, sobre la inmigración irregular y los problemas demográficos que tenemos en nuestro país.

Si observamos la situación con cierta perspectiva, la pregunta clave no sería ver cómo se resuelve el problema migratorio, sino ver cómo se regula y como se ordena, ya que los fenómenos sociales como el que estamos viviendo ahora, no se resuelven dramatizándolos, sino aplicando medidas legales y concretas, que persigan el interés general.

En España nos encontramos ante una evidente realidad y es que, por el despoblamiento y el envejecimiento de la población, la inmigración ha pasado a formar arte de nuestra estructura económica y social y que incide muy directamente en sectores como el servicio doméstico, la agricultura, la construcción o la hostelería, que dependen muy mucho de la mano de obra extranjera. Por ello, el problema que tenemos no es la existencia de inmigrantes, sino su desigual gestión y la burocracia en la aplicación de la legislación vigente. Además, añadiría que, cuando la política llega tarde, el sistema se llena de parches.

En nuestro país tenemos vigente la Ley de Extranjería del año 2000, ley orgánica que regula los derechos y los deberes de los extranjeros residentes en España y que establece la normativa para la entrada de inmigrantes, para obtener los permisos de residencia y trabajo, así como la aplicación de órdenes de expulsión, si fuere el caso. Esta ley que tiene carácter permanente y general, recoge la regulación completa de la inmigración y sólo puede ser cambiada por el Parlamento.

Con esta ley plenamente vigente, se ha dictado el reciente Real Decreto del Gobierno, que pretende aplicarse dentro de la ley y que introduce una vía excepcional de regularización masiva de inmigrantes sin papeles, que ya están presentes en nuestro país. El gobierno pretende reducir la burocracia de la ley vigente y simplificar los trámites que, ahora, con el Decreto que se está aplicando, pueden realizarse tanto on line, como en oficinas de extranjería, ayuntamientos e incluso oficinas de correos. El gobierno trata, en definitiva, de normalizar hechos ya existentes y que debido a la enorme burocracia de la ley y al colapso existente en las oficinas de extranjería, no podían resolverse en vía ordinaria.

Mientras que la ley afecta a extranjeros legales, irregulares o solicitantes de asilo político, además de establecer múltiples vías como son los visados, el arraigo social, la reagrupación familiar o la protección internacional, el decreto sólo afecta a un grupo concreto, que tiene que cumplir unos requisitos específicos, como son no tener antecedentes penales, haber residido al menos cinco meses en nuestro país, o estar en España antes del 31 de diciembre pasado.

Mientras que la ley exige procesos largos y burocráticos en las oficinas de extranjería, como son el arraigo social, laboral o familiar (normalmente mas de dos años de residencia), tener una oferta de trabajo, pedir reagrupación familiar con alguien que ya está aquí con papeles, la vía extraordinaria del Decreto crea una regularización directa y más rápida, con menos tiempos de permanencia o con menos burocracia, permitiendo el acceso a trabajo, residencia o asistencia sanitaria.

La pregunta que me hago es, por qué en vez de tanto precipitado Decreto, no se recurrió al Parlamento para modificar la ley actual y dotar de más medios a las oficinas de extranjería, que contrariamente a lo que ocurre en las oficinas de correos o en los ayuntamientos, ¿son las que tienen experiencia en la materia? Lamentable.