El Diario EL COMERCIO vino informando, tanto de los problemas que arrastra la tramitación del salario social, como de las trampas burocráticas que existían para percibir esta prestación y de las reformas que pretendía introducir la Consejería de Bienestar Social para regularizar la situación. De modo concreto, ayer y hoy mismo, informó que existían 3.150 peticiones pendientes de tramitar, así como de los compromisos que la Consejera de Bienestar había adquirido en el Parlamento asturiano para acabar con las listas de espera. Todo lo que se dice y muchas cosas más, yo lo sé de primera mano, porque es uno de los caballos de batalla con los que peleamos en la asesoría jurídica que algunos voluntarios realizamos en la Fundación Cauce.

Sintéticamente ha de decirse que  la Ley de Salario Social Básico, tiene como objeto desarrollar el derecho fundamental de la persona, a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. Esta Ley tiene su causa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, que con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, proclama  el reconocimiento del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. El salario social se concibe mediante esta Ley, como una prestación económica periódica que garantiza, a las personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, el complemento de sus ingresos hasta unos límites que en cada caso son calculados según el tamaño de la unidad económica de convivencia independiente.

Una ley estupenda si no fuera porque el Principado la incumple de modo flagrante, envolviendo a los solicitantes en un entramado burocrático que los lleva a que año y medio, dos e incluso más años después de haber presentado su solicitud, no puedan percibir la prestación a la que son acreedores. Por precepto legal, la resolución administrativa de las solicitudes debe de hacerse en un plazo máximo de tres meses. Es por tanto más que evidente que la norma se infringe de modo manifiesto.

Como se puede ver en la certificación que sigue abajo, emitida el día 20 de Enero pasado por la Jefa del Negociado correspondiente, una de estas víctimas de la negligente gestión del Principado, presentó su solicitud el día 3 de Agosto de 2011 y tres años y medio después aun no se ha dictado resolución. Preocupa también que se certifique que no hay fecha probable de resolución del procedimiento.

Yo a esto, lisa y llanamente lo califico como una clara negligencia y una manifiesta dejación de funciones de la Administración del Principado de Asturias. Podríamos estar hablando incluso de un ilícito penal si tenemos en cuenta que nuestro Código Penal sanciona aquellas conductas que lesionan de forma grave los principios organizativos y la eficacia de actuación de la Administración Pública, que ha de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y coordinación, con sometimiento expreso a la Ley y al Derecho. Nuestro Código Penal sanciona las conductas de las autoridades o funcionarios que vicien su eficacia o el cumplimiento de los fines que tienen asignados.

La Consejería de Bienestar Social ya no puede alegar como excusa que no tiene programa informático, porque ya lo tiene y además ha costado mucho dinero. Tampoco sirve la peregrina excusa de que tras el caso Marea, tienen muchos controles. Se trata sólo de que tenga auténtica voluntad política de cumplir la Ley y de dar lo que legalmente les corresponde, en el plazo máximo de tres meses, a esas pobres gentes que no tienen ningún tipo de ingresos y que como único recurso sólo tienen el de acudir a las ONGs para que les faciliten alimento básico y ropa de segunda mano.

Si al Gobierno del Principado le queda algo de dignidad, debería de resolver el problema ya. Y si no lo resuelve, debería de pensar en que alguien, harto de tanto esperar, puede recurrir al Juzgado correspondiente, para perseguir un posible delito de esa Autoridad o Funcionario Público que no cumple con sus obligaciones legales. Claro que, como el Principado sabe que ese pobre solicitante que no tiene recursos para comer, menos recursos va a tener para solicitar la tutela judicial, e igual por eso se mantiene impasible ante lo que ocurre. Por favor, señores del principado: tengan un poco de dignidad y apliquen medidas. Si no lo hacen, igual alguien los va a calificar de delincuentes y con toda la razón, a mi juicio.