El reciente Informe de la comisión europea del 26 de Febrero pasado, supone un duro varapalo a la política social del gobierno.
En esta ocasión no son los partidos de la oposición ni los sindicatos, ni las ONGs los que critican la acción social del Gobierno. Es la propia Unión Europea la que nos da un fuerte tirón de oreja por los serios desequilibrios sociales que tenemos y por la falta de medidas políticas para corregirlos.
Resumiendo se dice en el informe: que si bien es cierto que ya se está creando empleo, el desempleo juvenil es muy alto y se corre el riesgo de que el desempleo a largo plazo pase a ser estructural, llevando a la exclusión social y laboral. La persistencia del desempleo de larga duración contribuye al empeoramiento de los indicadores de pobreza, particularmente entre los trabajadores poco cualificados, las personas sin experiencia laboral y la población de más edad. El porcentaje de personas que viven en hogares en los que ninguno de los miembros trabaja, se ha duplicado y se sitúa en el 15,7% de la población. Incluso, entre las personas que tienen algún empleo, la pobreza sigue afectando al 10,5% de la población activa. Los hogares españoles endeudados se encuentran entre los más frágiles de la zona euro. Se dice también que España figura entre los países de la UE que mayores desigualdades en materia de ingresos registraron en 2014, aumentando considerablemente la brecha de pobreza.
El sistema de protección social sigue teniendo dificultades en términos de cobertura y de eficiencia y se aprecia que sus efectos redistributivos entre los diferentes grupos de renta son limitados. Se ha avanzado poco de cara a garantizar un enfoque integrado entre la protección social y las estrategias de activación, ya que no se ha fomentado la inclusión favoreciendo la empleabilidad de quienes están más alejados del mercado laboral. Faltan medidas para ayudar financieramente a las personas que sufren necesidades, para cubrir sus necesidades básicas de servicios sociales, educación, sanidad y vivienda. Se observan pocos progresos en el aumento de la coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales con el fin de adaptar las políticas activas del mercado laboral a las personas en riesgo, y respaldar la transición entre el acogimiento a la protección social y el mercado laboral. Por último, se ha avanzado poco en la mejora de la situación de los hogares de bajos ingresos con niños, pese a algunas iniciativas modestas.
He leído con detenimiento este informe y a mí no me sorprende, ya que palpo de modo directo esa pobreza, debido a mi colaboración como voluntario en la Fundación Cauce. Y palpo aún más la desidia de las Administraciones Públicas y la desidia de los políticos que, dedicados a sus peleas partidistas y ahora a sus campañas electorales, dejan a un lado la aplicación de medidas concretas de política social para corregir estos graves desequilibrios.
A modo de ejemplo, en Asturias, si hablamos del salario social al que estos ciudadanos empobrecidos tienen derecho, el Principado tarda dos años o más en conceder las ayudas. En vez de eficacia, rapidez y resolutividad en la tramitación de las solicitudes, se aplican toda serie de maniobras administrativas dilatorias, para demorar los pagos o para evitar la prestación social.
Si hablamos del Ayuntamiento, solapando la gestión administrativa con el Principado, más de lo mismo, burocracia y más burocracia, llegando hasta el extremo de que, cuando una persona sin recursos llega a pedir auxilio a sus Servicios Sociales, las Trabajadoras Sociales los reenvían a las ONGs para que les demos una bolsa de lentejas o un poco de ropa usada. La excusa es que el Ayuntamiento se atrasa algo en los pagos y como esa gente no tiene dinero, nos la mandan. Eso sí, es sólo un retraso y después les pagarán todo lo atrasado.
Y para simplificar las cosas más, ayer nos sale el Gobierno con una medida más que, en vez de agilizar las ayudas, las va a burocratizar aún más. Resulta que, a partir de ahora, cuando las ONGS vayamos a repartir alimentos de los que nos proporciona el Banco de Alimentos, previamente tendremos que solicitar a los servicios sociales del Ayuntamiento que certifiquen que ese usuario es pobre. Es decir que esos servicios sociales, saben más de esas personas empobrecidas, que las Ongs que les están prestando ayudas de modo permanente. Lamentable.
En fin, señores del Gobierno, las elecciones ya están ahí, el bipartidismo está llegando a su fin, y lo que ustedes no hacen, tendrán que hacerlo otros partidos nuevos, de centro, que llegan a la política no para romperlo todo como pretenden los populistas, sino para introducir reformas de calado y de auténtica política social, algo que ustedes no han sabido o no han querido hacer.