Sacando pecho y alardeándose de honestidad política y transparencia, el Gobierno  del Principado de Asturias acaba de incluir  en el portal de transparencia de su página Web, el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia y Buen Gobierno. El 17 pasado, dicta la resolución correspondiente, para someterlo a información pública y abre un canal para que, por internet, se formulen alegaciones al trámite de información. Este anteproyecto es derivado, por no decir mal copiado, de la Ley estatal de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno del Estado español, del pasado año 2013.

Como se suele decir por ahí, “nunca es tarde si la dicha es buena”, pero qué quieren que les diga. La dicha no es buena sino todo lo contrario. Nuestros Diputados debían de estar muy ocupados y desde el 2014 en que se presentó el primer anteproyecto, por unas u otras razones y sobre todo por muchas chapuzas, vinieron demorando su tramitación hasta ahora en que presentan formalmente el anteproyecto y que, tras la profunda lectura que he realizado del mismo, me lleva a pensar que eso de la transparencia que se pretende, sólo son palabras huecas.

Como eje fundamental de la acción política, el anteproyecto establece cuatro pilares sobre los que ha de apostarse el nuevo marco de la gobernanza: transparencia, participación ciudadana, sustrato ético en el ejercicio de las funciones públicas y rendición de cuentas. De este modo, todos los responsables públicos pasarían a someterse al escrutinio de los ciudadanos, que vamos a poder conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Dice el anteproyecto que se abre un proceso en el que los poderes públicos comenzarían a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participar en los poderes públicos.

Tras la lectura del texto he de decir que, mucha transparencia y mucho buen gobierno, pero la realidad es que, antes de la ley estatal y a la vista de este anteproyecto de ley autonómico, los ciudadanos no teníamos información y ahora, después de la ley, seguiremos sin tenerla. Conforme al anteproyecto, cuando un ciudadano acuda a un ente público y solicite determinada información, y se entiende por información todos los contenidos y documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, previo pago de las exacciones que puedan establecerse para la obtención de copias y soportes de la información a la que se pide acceso,  en un plazo máximo de un mes, este órgano debería de darla y caso de denegarla debería de hacerlo mediante resolución motivada.

Todo muy bonito, pero ¿cuál es la trampa que puede utilizar la Administración del Principado para denegarte una solicitud? Pues sencillamente que si en ese mes de plazo decide no dar respuesta, conforme a la ley, por silencio administrativo, queda denegado el acceso a la información. Es decir, simplemente no responde a la solicitud de acceso y asunto resuelto. Esto queda claro en el artículo 36 del Anteproyecto que dice expresamente: El plazo máximo para notificar y resolver, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación establecido en la legislación básica, será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente. Y si transcurre ese plazo máximo para resolver, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Como todo el mundo puede suponer el silencio administrativo no es precisamente un alarde de transparencia y buen gobierno. Muy al contrario, es un alarde de opacidad.

Pero tranquilos que el legislador asturiano sigue pensando en nosotros los ciudadanos, y pretende crear un nuevo órgano administrativo autónomo e independiente (más recursos, más sueldos y más gastos presupuestarios), llamado “Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias”, que tiene como fin básico promocionar la transparencia de las administraciones y velar por el derecho a la información que tenemos los ciudadanos. Si un órgano administrativo no responde o si lo que nos facilita no nos satisface, tendremos el derecho a formular reclamación ante el Consejo de Transparencia. El problema es que, nuevamente volvemos a toparnos con la trampa administrativa, ya que conforme a la propia Ley, ese Consejo tiene que resolver en el plazo de dos meses, pero si no quiere resolver, opera nuevamente el silencio administrativo y la reclamación que se haya formulado por falta de transparencia, quedará desestimada.

¿Todo muy transparente, no? Un ciudadano solicita una información pública, transcurre un mes, no obtiene respuesta y por tanto su solicitud ha quedado denegada. Recurre entonces al Consejo que ha de velar por esa transparencia en las administraciones, transcurren dos meses sin que resuelva nada, opera el silencio administrativo y nuevamente se encuentra con su reclamación desestimada. No hizo falta ni resolución motivada, ni explicaciones ni sin tan siquiera respuesta. Pues nada, señor ciudadano, si no queda contento con ese deshonroso silencio, contrate usted a un Abogado y Procurador y recurra usted al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. ¿fácil, no?

Pero el problema no está sólo en eso y como muestra basta un botón. Tratando de formular alegaciones en el trámite abierto de información pública, accedo al registro electrónico, descargo y cumplimento el formulario de solicitud y cuando voy al paso siguiente para enviar y firmar electrónicamente esta solicitud, empiezan los problemas. El sistema no lo permite. Que no debo de utilizar el navegador Google porque no admite no sé qué. Entonces repito el proceso con el navegador Explorer, pero tampoco. Pruebo con el Firefox y sigue siendo imposible. Hurgando por aquí y por allá, descubro que el problema está en que estoy utilizando el sistema operativo Windows 10 y este portal sólo acepta sistemas operativos windows7 y anteriores.   Conclusión, mucho se presume de transparencia y de buen gobierno, pero para empezar, un ciudadano cualquiera como es mi caso, ya se encuentra con todos los problemas del mundo para formular alegaciones previas al anteproyecto ¿mal empezamos, no?

Me parece lamentable que se pretenda crear un nuevo Órgano para velar por la transparencia, que sin duda alguna nos va a costar mucho dinero y que se le permita la estratagema del silencio administrativo para denegar a un ciudadano la información pública a la que legalmente tiene derecho de acceso. Esto, contrariamente a transparencia es una manifiesta opacidad permitida legalmente. Para qué queremos este inútil Órgano si al final el ciudadano va a estar obligado a recurrir a los Tribunales ordinarios para ejercitar su derecho. Acortemos el circuito y nos ahorraremos mucho dinero. Y por cierto: viva la transparencia opaca.