En en el transcurso de una mesa redonda a la que asistí, pedí a uno de los invitados intervinientes, su opinión sobre las razones por las que habiendo tanta corrupción política como tenemos, apenas haya habido sentencias condenando a prisión a políticos o banqueros corruptos. Sin duda, porque estaba obligado a ser políticamente correcto, me contestó de modo aséptico, diciendo que el confiaba en la Administración de Justicia y en la Fiscalía y que tarde o temprano los que la han hecho… terminarían pagando.

Pues lo siento, yo no puedo estar de acuerdo y más aun conociendo lo que están denunciando algunas asociaciones de Jueces y Fiscales. Sí confío en los jueces y fiscales de base a título individual, pero en modo alguno puedo confiar en una Administración de Justicia y en una Fiscalía lenta y politizada que, frente a casos tan alarmantes como los que todos los días vemos en los medios de comunicación, apenas se esté haciendo nada o se está actuando con una desesperante lentitud.

¿Por qué no puedo confiar? Hay muchas razones pero sobre todo porque existen fuertes presiones e interferencias del poder político sobre el poder judicial tratando de controlar tanto al Consejo General del Poder Judicial como al propio Tribunal Constitucional. Al actual gobierno, ahora en funciones, del PP, al igual que pasaba antes con el del PSOE, les ha faltado voluntad política para combatir la corrupción. En este momento, cualquier Juez al que le toque investigar un caso de corrupción complejo, va a tener que enfrentarse a las carencias al que lo somete ese Consejo vinculado al poder político y que es quien va a decidir sobre los instrumentos de apoyo con los que va a contar.

En estos últimos años tenemos dos mil políticos investigados por corrupción, hay innumerables casos muy complejos y no se ha creado ni un solo nuevo juzgado de instrucción, ni tampoco se han dotado de más jueces y de más medios personales y materiales. Todas las asociaciones de Jueces y Fiscales, sin excepción, trasladaron un manifiesto pidiendo medidas concretas al gobierno del Sr. Rajoy, pero no se les ha escuchado y no se ha hecho absolutamente nada. Y esta carencia de medios a lo que lleva es a que los políticos corruptos tengan más medios para eludir la acción de la Justicia, que los Juzgados para poder investigar. España está a la cola de la UE en número de jueces por habitante (sólo Albania y Moldavia están por detrás de nosotros). Se necesita una policía judicial especializada en temas fiscales y económicos, se necesita modificar la legislación para evitar que por las administraciones circulen millones de euros sin control alguno. Se necesita modificar la legislación endureciendo las penas para los políticos corruptos ¿cómo es posible que se soliciten penas de dos años de prisión, multa e indemnización, para ese mantero que vende Cdes y sin embargo muchos políticos corruptos se vayan de rositas saldando su condena con el pago de una pequeña multa? ¿Cómo es posible que todo el peso de la ley caiga sobre una pobre joven que ha sido condenada a cinco años de prisión, porque encontró una cartera en la calle y que utilizó la tarjeta de crédito que había en ella para comprarse productos por valor de 200€,  y en cambio cuando se trata de políticos o banqueros que literalmente roban fortunas, no pase nada? ¿realmente todos somos iguales ante la Ley?.  Es cierto, como principio jurídico que todos somos iguales ante la ley.. Pero yo añado: menos los políticos y banqueros corruptos.

A las pruebas me remito: Ante tanta corrupción como ha habido y hay, sólo cuatro políticos, en treinta años de democracia,  han sido condenados por sentencia firme y han entrado en prisión para cumplir la condena. Por supuesto, ninguno de ellos ha devuelvo lo robado. Es verdad que existen otros veintiocho políticos en prisión preventiva, como Luis Bárcenas, Jaume Matas o Francisco Granados, pero los otros dos mil siguen en la calle en espera de que finalicen los procesos.

El resultado final  es que hoy, con dos mil políticos investigados, los niveles de corrupción política son insoportables y ante una cruda y grave realidad como es esta, los Tribunales, con recursos limitados, se están moviendo con una lentitud y una falta de eficacia, que hace imposible que se administre justicia a los corruptos (una justicia lenta no es justicia). Y claro, con ese blindaje, no me sorprende que los dirigentes políticos, haciendo alarde de un cinismo monumental, se limiten a mirarse el ombligo y decir: yo no sé nada, yo no me enteré de nada, a mí que me registren, que los jueces hagan su trabajo.

Yo no puedo confiar en un presidente de gobierno que, o por no haber vigilado convenientemente a sus cargos políticos, o por haberse equivocado estrepitosamente en su elección, haya generado tan alto nivel de corrupción en sus filas. Igualmente no puedo confiar en él desde el momento en que ha hecho caso omiso a lo que le pedían Jueces y Fiscales.  Tampoco puedo confiar en un jefe de la oposición, candidato a presidente, que acusa de corrupción al contrario, pero que oculta todo lo que ha pasado en las filas de su propio partido. Aún no he oído a ninguno de ellos, que en sus campañas, como primera providencia, vayan a poner como uno de los puntos básicos del programa, la lucha contra la corrupción política, con acciones y medidas concretas. También echo en falta que ninguno de ellos hable de establecer medidas urgentes para dotar a los Juzgados y Tribunales de medios materiales y personales suficientes para que puedan perseguir los delitos con eficacia.  Para ellos, lo importante no es esto. Su objetivo es llegar al poder y nada más. ¿es a estos a los que tenemos que votar?. Qué pena.