El recién investido  Presidente Sr. Rajoy, entre el montón de medidas que propuso para reformar la Administración Pública y evitar duplicidades, en la anterior legislatura, tenía prevista la eliminación de los órganos consultivos, pero, lamentablemente,  al día de hoy no se ha hecho nada. Sólo Cantabria ha eliminado hace poco tiempo su Consejo Consultivo. ¿Por qué no se ha hecho nada? Porque los políticos de turno han fabricado un entramado institucional para poder tener jubilaciones doradas una vez que se han apartado o el electorado les ha apartado de la vida pública.

Primero se inventaron el Consejo de Estado para acoger a ex presidentes del Gobierno de España, ex Fiscales Generales del Estado, ex ministros, ex gobernadores del Banco de España, ex presidentes de Consejos de Gobierno, de Comunidades Autónomas y ex de los más variopintos cargos políticos. Después, aun cuando este Consejo de Estado tiene competencias para asesorar a las Comunidades Autónomas, estas no se quedaron cortas y se inventaron los “Consejos Consultivos” para ese mismo asesoramiento ceñido a la respectiva Comunidad Autónoma.

Como muestra basta un botón: El Sr. Gallardón presentó su dimisión como Ministro de Justicia y transcurrido un solo día de paro, a los dos días, ya fue incorporado como Consejero de la Comunidad de Madrid, con el módico sueldo de ocho mil quinientos euros  mensuales, más despacho, secretaria y coche oficial. Pero al igual que él, en todos los Consejos autonómicos, hay infinidad de políticos que, sólo por asistir a una reunión semanal, cobran entre 60.000 y 90.000 euros anuales. Y lo que indigna es que puede que asistan a esas reuniones, pero quien les hace el trabajo y elaboran los dictámenes que ellos se limitan a suscribir, son los Letrados que tienen adscritos esos Consejos y que evidentemente cobran su sueldo como funcionarios adscritos que son. Como he leído en algún lado, “los miembros de la casta política son como los marines americanos. Nunca dejan a un compañero atrás”.

Ciñéndonos a nuestra Comunidad, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias está compuesto por seis miembros, todos ex políticos y a su servicio tienen veintitrés funcionarios adscritos, entre los que predominan los Letrados.  Repasando su memoria del pasado año 2015 he visto que han tenido 48 reuniones plenarias y que han generado unos gastos anuales de 1,4 millones de euros. Entre las 237 consultas que les han formulado, predominan las reclamaciones que los ciudadanos hacen por el funcionamiento de los servicios públicos, como por ejemplo la de un viandante que se tuerce un tobillo en una alcantarilla, o la de un ciclista que reclama por caerse de la bicicleta en una senda pública con mantenimiento deficiente, o la de un conductor que reclama por habérsele caído un cartel publicitario encima de su vehículo. (No hay ni una sola que tenga una relevancia tan especial, que hubiere sido merecedora de una consulta al Consejo). Caramba que se trata de cuestiones que cualquier funcionario del Principado puede resolver sin esfuerzo alguno, por su escasísima complejidad. Además, si el Principado tiene contratado un seguro de responsabilidad civil, que entre otras cosas, garantiza la defensa frente a las reclamaciones de los ciudadanos y en su caso la correspondiente indemnización por los perjuicios causados, ¿para qué ir a buscar el dictamen del Consejo Consultivo si van a ser los Abogados de la compañía de seguros, los que se van a ocupar de esas reclamaciones?

Para qué queremos unos órganos que nos cuestan más de 30 millones de euros al año, y que no sirven para nada, ya que sus dictámenes no son vinculantes y además de eso, quien realmente se los curra con los Letrados funcionarios. Conforme a la Ley de Presupuestos, los sueldos de todos estos consejeros  que no aconsejan nada, tienen unos emolumentos equiparables a un Subsecretario de Estado. Es decir, cobran más de 60.000 euros anuales sólo por asistir a una reunión semanal que apenas dura unas horas.

Por tanto, señores del gobierno si dicen que tienen la tijera preparada para recortar y para reducir el déficit público, recorten estos Consejos, que son costosísimos y que son ineficaces e ineficientes. Y si de verdad lo que quieren es proporcionar una jubilación dorada a sus ex, caramba, díganlo abiertamente que igual encajamos el gol mejor. Pero, en cualquier caso, si se resisten al recorte y persisten en la idea de jubilar magnánimamente a sus ex, caramba, acuérdense de que los ciudadanos de a pie, no tenemos ese privilegio y que si la empresa en la que trabajamos nos da una patada en el culo, nos vamos a la cola del paro, a ver si con suerte cobramos el subsidio un tiempo  y en base a lo que hayamos cotizado, así va a ser nuestra pensión, que nunca, en ningún caso, va a alcanzar el nivel de sus privilegiados ex políticos. ¡qué jeta!