Estimado Sr. Alcalde:

En Junio del año 2014 dirigí una carta abierta al entonces alcalde del PP, Sr. Iglesias Caunedo, protestando por las injustas e ilegales multas de tráfico que se estaban imponiendo en Oviedo. Como era de esperar, no me contestó. Ahora, como las circunstancias no sólo no cambiaron, sino que van tomando mayores dimensiones, le mando esta carta a usted que, como está tan ocupado, probablemente no la leerá, pero es igual, yo me quedaré muy satisfecho si muchos de los conductores indignados como yo, por la voracidad recaudatoria del Ayuntamiento que preside, la leen y adquieren conciencia de que estamos siendo objeto y víctimas propiciatorias de su afán recaudatorio.

Por lo que he vivido y sufrido, tengo muy claro que la prioridad del Ayuntamiento de Oviedo, en modo alguno es (como debería de ser),  sancionar a los conductores para velar por la seguridad del tráfico o para facilitar la movilidad dentro de la ciudad. Su prioridad es incrementar descaradamente la recaudación por multas de tráfico. Y si yo estoy equivocado, explíqueme por favor por qué se ha pasado de 3 millones euros previstos para multas en los presupuestos de 2012, a 4,1 millones en 2013 y a 6 millones en los presupuestos previstos para 2016. Ni más ni menos se ha incrementado el presupuesto en un 100%  respecto al que había hace cuatro años. ¿acaso cree que los conductores de Oviedo, afectados por algún virus maligno, de repente nos hemos vuelto locos y nos comportamos como unos irresponsables al volante?.

Necesito también que me explique por qué se mantienen cámaras en semáforos, que se activan inmediatamente a la puesta del semáforo en rojo, para capturar al infractor que sólo tiene el escasísimo margen de 3 segundos que dura el ciclo ámbar, para frenar el vehículo antes de la línea de detención, aunque este frenazo tan brusco implique un alto peligro de colisión por alcance, como de hecho está ocurriendo. Necesito también que me explique por qué estas cámaras no cumplen las normas UNE que establecen determinados procedimientos para la gestión del tráfico. O que me explique  la ilegalidad de las multas que se ponen en las calles peatonales, aun cuando se ha apresurado a publicar a toda prisa, una ordenanza  que las maquille, tras el varapalo que les ha dado el Defensor del Pueblo. O que me explique por qué en el famoso bulevar de la Y, donde no hay ningún problema de seguridad vial, se ha instalado una cámara que ya ha sido declarada ilegal por los Tribunales por no cumplir las normas técnicas, algo que explícitamente ya ha reconocido el propio concejal del ramo.

El Ayuntamiento de Oviedo ya no tiene suficiente con recaudar más de 11,2 millones de euros con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y con los 2,8 millones de estacionamiento en las zonas azules o con el millón de tasas de retirada de vehículos con la grúa. Necesita recaudar más y qué cosa más fácil que instalar radares y cámaras para pillar al conductor. No se necesitan Policías Locales que vigilen. Basta con estos equipos y con un sistema informático que de modo automático inicia la instrucción del expediente sancionador. Y como además esto es un mero trámite administrativo que se realiza de modo mecánico, todo muy sencillo.

Señor Alcalde, usted sabe perfectamente que en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, este tipo de sanciones son declaradas nulas de pleno derecho, porque cuando el conductor agraviado recurre, ustedes se niegan a proporcionar los medios de prueba que se exigen sobre controles metrológicos y de las instalaciones semafóricas que no cumplen las necesarias normas UNE.  Usted sabe también que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad de estas sanciones. Pero aun así, como también sabe que ese ciudadano no va a recurrir a los Tribunales, porque además de quedar privado del 50% de la reducción de la sanción, tendrá que pagar los honorarios de un Abogado que lleve el asunto al Juzgado y esto va a representar bastante dinero, se limita a rechazar las alegaciones, a denegar todas las pruebas metrológicas que legalmente son exigidas y hala, a recaudar que es de lo que se trata.

Es indignante que cuando un ciudadano, como yo he hecho, recurre al Juzgado de lo Contencioso y obtiene sentencia favorable, en vez de esperar a que se le devuelva de oficio el importe de la multa que pagó, se ve obligado a continuar con laboriosos trámites para aportar sentencia, justificantes bancarios de ser titular de cuenta corriente, y otras zarandajas, para conseguir que se le devuelta el importe pagado. Pero es más indignante aun que, sólo un día después de que el Ayuntamiento notifique la resolución sancionadora, sin ni tan siquiera esperar a la firmeza de la resolución (una vez que se acaba el plazo de dos meses para recurrir a los Tribunales), el Ayuntamiento ya comunica a la Dirección General de Tráfico para que detraiga al conductor los 4 puntos de sanción. Claro, como sabe que nadie recurre, para qué esperar más. Sr. Alcalde: Sepa usted que esa comunicación precipitada que ha hecho a la Dirección General de Tráfico y que ha provocado que en mi historial de antecedentes aparezca la pérdida de cuatro puntos (aun cuando después se ha visto obligado a cancelar),  es un claro atentado contra mi honor y que por eso tengo el derecho a exigir al Ayuntamiento daños y perjuicios por su precipitación.

Por favor, señor alcalde, en vez de tanto afán recaudatorio, dedíquese a lo verdaderamente importante que es velar de verdad por la seguridad del tráfico y por la movilidad circulatoria. Y si las arcas municipales necesitan dinero, caramba, no pretenda estrujar al conductor.  Y termino diciendo algo que creo que tiene mucho más calado que todo lo dicho hasta ahora: A la vista de la reiterada jurisprudencia existente, cuando su Concejal de Tráfico dicta una resolución sancionadora, a sabiendas de que es ilegal, lisa y llanamente está incurriendo en un delito de prevaricación. No he extraña por tanto que en una noticia que recoge el Comercio en el día de hoy, haya un despacho de abogados en Oviedo dispuesto a llegar al Ayuntamiento al Juzgado de lo Penal, para perseguir este tipo de delito. Tenga usted muy claro que en mi caso,  si en cualquier momento vuelvo a ser captado por alguno de esos instrumentos y se me abre expediente sancionador, ya no me limitaré a formular recurso ante los Juzgados de lo Contencioso. Iré directamente al Juzgado de guardia a formular una denuncia por delito de prevaricación contra el concejal que dicte la resolución sancionadora contra mí. He dicho.