La expresión “obligados tributarios” que utiliza en sus documentos y formularios la Hacienda Pública, es una prueba evidente de la visión que la Agencia Tributaria tiene sobre nosotros los contribuyentes. Esta visión confirma qué en España, en vez de vivir en un “estado de derecho”, estamos viviendo en un “derecho del Estado”.

El afán recaudatorio de la Agencia Tributaria, es muy similar al de la Dirección General de Tráfico qué en vez de preocuparse de verdad por velar por la seguridad del tráfico, en realidad lo que está haciendo es instalar toda una serie de radares, con el único objetivo de pillar al incauto conductor y hacerlo pasar por caja. Ocurre lo mismo en los Ayuntamientos, donde como hemos visto en Asturias, con la trama urdida y descubierta con la Operación Enredadera, se manipulaban los semáforos llamados “fotorojos”, para poner el mayor número posible de multas, aun sabiendo como se sabe, que la mayor parte de estas sanciones, son declaradas ilegales por los Tribunales de Justicia.

En la Agencia Tributaria ocurre lo mismo. Ya de entrada, con sus expresiones, al contribuyente en vez de considerarlo como un titular de derechos y obligaciones, se le considera apriorísticamente un “obligado tributario”. En palabras de una declaración pública, que ha realizado recientemente un amplio grupo de catedráticos y profesores de derecho tributario, en una asamblea que ha tenido lugar en Granada, “La Hacienda Pública se ha convertido en agente de la razón de Estado. Una razón que descansa sobre un solo pilar cual es la recaudación. En el margen del camino ha ido quedando primero la Ley; más tarde la seguridad jurídica y unos metros más allá las garantías y los derechos del contribuyente…”

En nuestro sistema tributario, la mayor parte de los contribuyentes nos hemos convertido en meros “súbditos” de la Agencia Tributaria. Estamos sujetos a una prepotente normativa administrativa, donde mediante decretos y mas decretos, quedamos subordinados a sus veleidades interpretativas y con ello nos colocan en una grave situación de inseguridad jurídica.

Entre tanto a las grandes bolsas de fraude que se generan, por ejemplo en las grandes fortunas o en los futbolistas de élite, donde enormes aparatos profesionales de ingeniería fiscal consiguen que sus clientes se vayan de rositas pactando con la administración reducidas deudas tributarias, a los contribuyentes de a pie se nos coloca en un entramado de decretos y reales decretos que nos colocan en una total inseguridad jurídica y en una posición de debilidad absoluta ante las veleidades de la Administración.

Mientras que grandes defraudadores, pactan módicas cantidades impositivas en vez de ir a prisión por delitos contra la Hacienda Pública, con embargo de todos sus bienes presentes y futuros,  cientos e incluso miles de pequeños autónomos y de pequeños negocios, son perseguidos con saña y ahogados materialmente por la presión y persecución que sufren al estar obligados a cumplir todo tipo de declaraciones y trámites impositivos que, al no poder pagarse buenos asesores fiscales, cumplen a rajatabla, aun cuando pueden estar siendo materialmente expropiados por deudas tributarias que, en muchos casos ni tan siquiera lo son. No existe, en definitiva, auténtica justicia tributaria ya que no todos somos iguales para el fisco.

En este momento, nuestra Agencia Tributaria, con una legislación que debería de ser aplicable con igualdad total y sin excepción, a todos los ciudadanos, la está aplicando de modo torticero.

Por un lado, nos encontramos con el derroche, despilfarro e incluso saqueo de las administraciones públicas que, ignorando que el dinero de las arcas públicas es de los ciudadanos y que ha de administrarse con rigor, lo utilizan para satisfacer todo tipo de caprichos y veleidades, incluidos vuelos del presidente para acudir a un concierto de rock, o para llevárselo a su casa o a cuentas privadas en Suiza. Por otro, nos encontramos con los grandes defraudadores, que, como decía antes, pactan acuerdos fiscales ventajosos para ellos, aun cuando con ello se están vulnerando los mas elementales principios de justicia tributaria. En tercer lugar, estamos esos cuidados de a pie, que se nos llama “obligados tributarios” y que se nos condena de entrada a pagar unas deudas tributarias que, en muchos casos, ni siquiera lo son.

Tal parece que, ese desmedido afán recaudatorio se ha convertido en el único objetivo del comportamiento de los órganos tributarios, que olvidan los derechos y garantías individuales y se limitan a aplicar de manera preferente normas, reglamentos e instrucciones internas que, más veces de lo deseable, sólo están hechas para ingresar recursos en el erario público, aun cuando esa recaudación no se haga de modo justo.

No es de recibo que las actuaciones fiscales, en vez de ajustarse al imperio de la ley, haciendo que su regulación sea normada por el poder legislativo, situado en las cámaras parlamentarias, sea el poder ejecutivo el que, mediante todo tipo de decretos leyes, normas y procedimientos internos, regule todo lo que le conviene, quebrando así el mas elemental principio de legalidad. Si a esto, además, añadimos que nos encontramos con múltiples órganos jurisdiccionales que están provocando una gran litigiosidad, la inseguridad jurídica está garantizada.

Es importante en este sentido, lo que recoge el documento sobre el cripticismo fiscal que elaboró el grupo de Catedráticos al que aludía al principio, y que deja las cosas meridianamente claras : “el legislador usa en demasiadas ocasiones expresiones difícilmente comprensibles, permanentes remisiones normativas y otras fórmulas similares, que hacen poco menos que imposible no ya la interpretación de los textos legales o reglamentarios, sino su propia comprensión incluso por los especialistas en la materia… lo que convierte a la DGT en una especie de oráculo que viene a explicar a todos (Administración, contribuyentes y tribunales) la verdad revelada contenida en la norma… frente a al principio de presunción de inocencia, parece haberse dado cálida acogida en las dependencias administrativas a la presunción de culpabilidad, convirtiendo al contribuyente en una especie de administrador vicario, lo que le obliga a cumplir con unas obligaciones materiales y unos deberes formales que deberían ser propios de la Administración Tributaria…

 Hemos llegado así a una Administración que sólo realiza funciones de “control y castigo”, que no respeta el principio de igualdad y que ya de entrada, sin respetar la presunción de inocencia nos llama “obligados tributarios”. 

Lo mas grave de todo esto es que los ciudadanos vemos cómo en la administración pública todo se compra y se vende. Se negocian los votos, los ingresos en favor de determinado sector o determinado territorio, se ve la manifiesta desigualdad fiscal en las diferentes comunidades autónomas, pero con todo y con ello, la gran masa de los ciudadanos, para esa administración pública somos los “obligados tributarios” que vamos a ser víctimas de sus veleidades. Lo importante es recaudar más y más para satisfacer sus caprichos. ¡qué país!