Pero ¿qué pasa cuando un pobre sin recursos económicos, hurta 8,87€? Pues pasa, que todo el rigor de la ley cae sobre él. El Fiscal, rigurosamente, interesa la condena del denunciado y el Juez de Instrucción correspondiente dicta una sentencia ejemplar. ¿Qué no se lo creen? ¿exagero? Pues no. Esto es tan real como la vida misma. Voy a comentar el caso de una usuaria de la asociación donde colaboro como voluntario, para que cada uno saque sus propias conclusiones.

Soledad es una mujer, víctima de violencia de género, que trabaja a salto de mata en el servicio doméstico y que convive en un pequeño apartamento con su hija de 20 años, la pareja de esta y un bebé de seis meses. Los ingresos mensuales conjuntos de esta familia ascienden a no más allá de 600€ y como no pueden pagar el alquiler que tienen estipulado de 300€, en este momento están en proceso de desahucio y se quedarán en la calle.

Un buen día, seguramente agobiada por su situación económica, entra en un supermercado, retira de las estanterías dos latas de conservas y una bolsita de detergente. Un vigilante   que controla las cámaras de seguridad del supermercado, ve como Soledad introduce en su bolso de mano estos productos e inmediatamente, sin esperar ni tan siquiera a que pasara por las líneas de caja para ver si iba a pagar los productos o no, la intercepta en el área de la carnicería y procede a retenerla. A la llamada del vigilante acude la Policía Nacional que procede a su detención. En el atestado se hace constar que el valor de los productos hurtados, asciende a 8,87€. Se hace constar también que la detenida pidió que la dejaran pagar los productos en la caja y que la dejaran libre, pero que la encargada del supermercado no accedió ya que tenía instrucciones de sus superiores de denunciar todo para que sirviera de escarmiento.

El siguiente paso es que el Juzgado de Instrucción abre el procedimiento correspondiente, se celebra juicio oral, el Ministerio Fiscal interesa la condena de Soledad como autora responsable de una falta de hurto. Resulta condenada a la pena de un mes de multa a razón de seis euros de cuota diaria, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y con la imposición de las costas del juicio. O lo que es lo mismo, como es insolvente y no puede pagar esos 180€ de multa será privada de libertad durante 15 días.

Yo no voy a cuestionar aquí al procedimiento instruido, la solicitud de condena ejercitada por el Fiscal y la sentencia dictada por el Magistrado Juez, ya que en todo esto se ha observado la más absoluta aplicación de la legalidad vigente. Lo que cuestiono es que, si esta mujer hubiere tenido recursos económicos, se habría podido pagar un abogado que la defendiera (al ser un juicio de faltas no es preceptiva la intervención de Letrado y por eso no se lo designaron de oficio), y lo más probable es que hubiere resultado absuelta, o bien por falta de pruebas (aún no había pasado la línea de caja), o por la eximente de estado de necesidad. También me cuestiono que por un hurto de 8,87€ se ha puesto en marcha un procedimiento judicial que ha movilizado unos ingentes recursos tanto de la Policía Nacional como de la Administración de Justicia, que a mi juicio resultan desproporcionados.

Ya sé que alguien me puede decir hay que aleccionar a la gente y que no se pueden consentir estos pequeños hurtos. Pero yo les diría que, entonces no se quejen cuando protestan porque la justicia está colapsada, porque es lenta y porque esos grandes defraudadores no son condenados. Todos los recursos que se invierten en perseguir estos pequeños hurtillos, perfectamente pueden ser resueltos por la propia Policía, porque si se trata de escarmiento y de lección ejemplar, qué mayor escarmiento que por hurtar productos por valor de 8€ es el de estar en los calabozos de la comisaría 24 horas.

Y dicho esto, concluyo como empecé con el título de este artículo: El rigor de la ley sólo se aplica a los pobres sin recursos. Qué injusta puede ser la Justicia.

Señores políticos, oigan y escuchen a los ciudadanos, que estamos muy preocupados por todo lo que está ocurriendo hoy y que no nos interesa nada lo que ocurrió hace cuarenta años. Es cierto que la historia merece un profundo estudio, pero también es cierto que el presente necesita que la política establezca prioridades reales y los políticos dejen a un lado tanta polarización y tanta confrontación, para empezar a gestionar con diligencia todo lo que afecta de modo directo a millones de ciudadanos.

A título de ejemplo, por qué los gobernantes no dan transparencia total al uso de los fondos europeos NextGeneration. O por qué no se prescinde de titulares y más titulares y por el contrario se realicen y se nos faciliten auditorías comprensibles y resultados medibles. Por qué no se aprueban y ejecutan medidas concretas y medibles que permitan el acceso real a la vivienda, especialmente para jóvenes y clases medias.

En cuanto al continuado encarecimiento de la vida, los ciudadanos también exigimos medidas eficaces que controlen y reduzcan esta lacra en la que vivimos. En esta misma línea, los ciudadanos de La Palma, afectados por la reciente catástrofe que vivieron y padecieron cuando estalló el volcán en septiembre del 2021, siguen esperando a que el gobierno les aporte las ayudas prometidas y que no acaban de recibir por la enorme burocracia existente. Ante las crisis nacionales que padecemos, lo que necesitamos son explicaciones y además soluciones.

En lo que se refiere a desclasificar archivos históricos, puede que sea legítimo, pero lo que no es legítimo es que haya una transparencia selectiva y conforme a los intereses de los gobernantes. Para ello, si se abren archivos del pasado, que se abran con un criterio general y no sólo con los intereses de los gobernantes. Y estas mismas exigencias de transparencia también tienen que aplicarse a nuestro presente.

La confianza ciudadana no se pierde por estudiar nuestra historia de modo totalmente claro, sin ambigüedades y sin comunicaciones totalmente fragmentadas de esa historia. La transparencia en modo alguno puede ser selectiva ni coyuntural. Si se desclasifican archivos tiene que ser con criterios generales y tanto si nos referimos a archivos históricos, como a los archivos del presente.

La confianza ciudadana no se pierde por estudiar nuestra historia, sino que se pierde cuando los políticos quieren fragmentarla y pretenden que los ciudadanos sólo estudiemos lo que a ellos les interesa.

En una democracia madura, como debería de ser la nuestra, los historiadores analizan,  los jueces investigan y la policía actúa. Paralelamente los gobernantes gestionan y la oposición fiscaliza. Y en este escenario, los ciudadanos no queremos teorías, puesto que lo que exigimos son resultados.

Quienes vivimos otras etapas de nuestra historia, sabemos que los países avanzan cuando se gobierna con hechos y no con relatos fabricados por los políticos según sus intereses personales y de partido. La convivencia se consigue de modo pacífico, cuando se fortalecen las instituciones democráticas y cuando no se reabren trincheras del pasado. Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla e igualmente están condenados los que descuidan su futuro.

España necesita memoria serena, gestión eficaz y responsabilidad democrática. ¿es mucho pedir?

Este penoso periodo, para mi supuso un duro mazazo y fue una experiencia muy traumática. Al dedicarme a su continuo cuidado, poco a poco fui dejando a un lado las actividades que ocupaban mi tiempo y primero renuncié a continuar con las actividades que tenía en un club, después me aparté de las actividades que realizaba como voluntariado en dos asociaciones, reduje al máximo mi participación en las actividades que seguía en una cofradía gastronómica y me fui apartando de las tertulias y encuentros que tenía con mis amigos, algo que me provocó un claro aislamiento en mi vida social.

El diagnóstico de la enfermedad y los requisitos de atención posteriores, me afectaron mucho psicológicamente. La angustia, la ansiedad, el estrés y el miedo se apoderaron de mi hasta su fallecimiento. Mi vida sufrió un profundo cambio y el impacto emocional me afectó tanto a mi como a mis dos hijos. Empecé a tener una irritabilidad excesiva, pérdida de interés por actividades, mucha tristeza, somnolencia y cansancio físico. Sufrí un desgaste real, acumulativo y muchas veces invisible.

Con el propósito de estar lo mas cercano posible, durante los mas de dos meses que estuvo hospitalizada, dormía con ella, me pasaba muchas horas a su lado en el Centro Médico, y me resistía a aceptar la ayuda y apoyo que me querían prestar mis dos hijos y sus hermanas, que me animaban a que saliera a pasear o a dormir en mi casa, para que pudiera relajarme.

Después, una vez dada de alta y ya en nuestro domicilio, empecé a ayudarla en sus cuidados personales, debido a las limitaciones que tenía, empecé a ocuparme de las compras y a realizar ciertas labores de cocina, en las que no tenía ninguna experiencia. Nuevamente, al igual que me ocurría en el hospital, renunciaba una y otra vez al apoyo que querían darme mis hijos y familiares próximos, pensando que esto era lo mejor para estar más a su lado.

Sumido en una depresión y totalmente aislado de mi vida social, tras hablar con un amigo psicólogo y otros profesionales, tomé una importante decisión, que fue la de cuidarme a mí mismo y para ello, apoyándome en la chica que tenía contratada para que acompañara a mi mujer e hiciera las actividades domésticas, empecé a hacer las actividades que ya realizaba, pero que potencié. Comencé a ir al gimnasio, a realizar largas caminatas que me permitían relajarme y desconectar, aunque cuando volvía a casa, la angustia volvía a apoderarse de mí.

La conclusión a la que puedo llegar tras el largo trance al que estuve sometido es que, para cuidar al cuidador, es preciso que yo mismo me cuide, pida y acepte la ayuda que ofrecían los familiares próximos, ya que el bienestar físico y emocional del cuidador, es absolutamente necesario para mantener un cuidado efectivo y evitar efectos negativos tanto para la persona a la que cuidas como al cuidador.

Otra conclusión a la que llego es que, saliendo de la burocracia actual, en estas situaciones, la Administración Pública, de modo ágil, prestara personal de apoyo para el cuidado de estas personas enfermas, ya que no todo el mundo puede tener los recursos económicos que se necesitan para contratar a una persona, como yo tuve que hacer.

Este correo que acabo de recibir y que transcribo literalmente, es una muestra de cómo actúan los ciberdelincuentes. Yo que conozco bastante bien estos modos de actuar, no he caído en la trampa, pero aviso a navegantes para que no caigan.

Hola. Le informo que tengo acceso total a su buzon de correo guillermo.diaz@hispadata.com y a todos sus mensajes. Llevo unas cuantas semanas vigilándole. ¿No tiene idea de cómo es esto posible? Visito un sitio en que fue infectado con un software de mi creación. Por si no sabe como funciona , voy a explicárselo.

Con la ayuda de este software, tengo total acceso a una PC o a cualquier otro dispositivo.
Eso significa que puedo verle siempre que quiera frente a la pantalla, con solo encender la cámara y el
micrófono sin que usted se dé cuenta. Además, también tengo acceso a su lista de contactos, mensajes de whats app y a todos sus correos electrónicos.

“Pero mi equipo tiene un antivirus activo, ¿cómo fue posible? ¿Por qué no he recibido ningún aviso?”
La respuesta es simple: mi software utiliza controladores propios, lo que me permite actualizar su actividad cada dos horas y de esta manera no sea detectado , y por ende su antivirus se mantiene inactivo.

Le informo que cuento con un video en el que sale masturbándose, y del lado derecho  el video que estaba viendo mientras se masturbaba.
¿En qué puede perjudicarle esto? Con una sola pulsación de ratón, puedo enviar el vídeo a todas sus redes sociales y contactos de correo electrónico. También puedo compartir todos sus mensajes de correo electrónico así como sus conversaciones de messenger y de whats app.

Si desea evitar que todo esto suceda solo debe transferir bit.coin por valor de 750 USD (setecientos
cincuenta dólares) a mi dirección bit.coin (si no tiene ni idea de cómo hacerlo, puede abrir el
navegador y simplemente buscar: “Comprar bit.coins”).
Monto: 750 USD
Mi dirección bit.coin es:
34csPHrRUcJw7P4f9ckvBBmRuZmLCSfAbz

Una vez que yo reciba el aviso de que usted efectuó el pago, borraré el vídeo de inmediato, y se acabó, no volverá nunca a saber de mí.
Tiene solo dos días (48 horas) para completar esta transacción. Cuando Usted abra este mensaje de correo, recibiré una notificación y mi temporizador se pondrá en marcha.

Presentar una queja o denuncia no le va a servir de nada, ya que este mensaje no puede ser rastreado, al igual que mi identificador de pagos. Llevo años dedicándome a esto y creáme.. Nunca cometo errores.

Si advierto que ha mostrado este mensaje a cualquier otra persona, distribuiré inmediatamente su vídeo, tal como se lo he indicado. El tiempo comienza a correr en este momento.

En este estado de cosas, no me preocupa el grito de los políticos y personajes violentos, corruptos o deshonestos. Lo que realmente me preocupa es el silencio de los buenos y por ello, decido no mantenerme callado y voy a expresar de modo abierto mi opinión. No para solucionar nada que no está en mi mano, sino para no sentirme culpable por esconder la cabeza y mirar para otro lado y por ello, ejerzo la libertad de pensamiento que me ha dado mi edad y por ello, liberado de cualquier presión.

En estos últimos años, el Derecho Internacional ha saltado por los aires, ya que se está incumpliendo de modo manifiesto sin que se vea, salvo alguna excepción, que los diferentes Estados se rebelen contra esas arbitrarias decisiones que se están tomando. A mi juicio y creo no exagerar, la paz internacional se está tambaleando.

Conforme al Derecho Internacional los diferentes Estados son soberanos dentro de su territorio y ninguna otra nación puede usar la fuerza o encarcelar líderes extranjeros, sin consentimiento o justificación legal clara, ya que, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, se prohíbe la fuerza, excepto en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta autorización no ha existido en los tres casos que he comentado anteriormente y por ello ha de aplicarse el principio de no intervención, dado que el derecho internacional prohíbe de modo expreso la intervención en los asuntos internos de otro Estado, utilizando presión política o fuerza militar, aunque estos estados sean una dictadura.

Sin tener el mandado del Consejo de Seguridad de la ONU o sin haber circunstancias claras de legítima defensa, el empleo de la fuerza militar viola la Carta de la ONU. Hay mecanismos internacionales como la extradición que necesita cooperación judicial entre Estados, o la Corte Penal Internacional que juzga crímenes internacionales, como son los de genocidio, de guerra o de lesa humanidad.

Así, por ejemplo, en el caso de Maduro no hubo extradición formal ni orden judicial venezolana que avale la entrada de fuerzas militares estadounidenses que, de modo totalmente planificado, tras matar a muchos defensores, secuestraron al presidente y se lo llevaron a Estados Unidos para juzgarlo.

Es mas que evidente que esta detención no fue legal y que provocó una violación del derecho internacional, ya que se usó la fuerza sin ningún consentimiento o mandato de la ONU, habida cuenta de que se trato de una operación militar en un territorio soberano, aun cuando ese territorio era gobernado por una dictadura bolivariana que ni tan siquiera aceptó la derrota en las elecciones presidenciales.

Por mucho que Trump sostenga que se trataba de una lucha contra el narcotráfico o por una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y que el asalto estaba justificado, aunque no tuviere el respaldo de la legalidad internacional, esto no tiene ningún fundamento.

Es cierto que existieron reacciones de algunos estados que condenaron con rotundidad la violación del derecho internacional, pero en otros muchos estados lo que hubo fue un claro silencio, hasta el extremo que, Naciones Unidas sólo expresó su preocupación por el respeto al derecho internacional, pero nada más.

 Yo no quiero estar en ese digamos “silencio de los corderos” y por ello, con estas reflexiones elevo mi protesta, aunque ya sé que servirá de poco o de nada. La situación actual es más que preocupante.

Ante esta nueva situación, los miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, se manifiestan de modo expreso reseñando que se va a cometer un gran error, al transicional los clásicos triángulos, a las balizas conectadas, a la hora de usarlas como único dispositivo legal para señalar accidentes o averías en la carretera.

No sólo los Guardias Civiles, sino que muchísimos conductores ya han editado videos en los que se ve de modo claro que esta baliza obligatoria tiene claros y serios problemas de visibilidad, sobre todo en carreteras en curva, sol intenso o brumas que, de modo manifiesto hacen que los conductores que circulan por allí, no se percaten de que, en el techo de un vehículo detenido, hay una baliza.

Añadidamente a ese manifiesto problema de poca visibilidad, ha de decirse que estas balizas llevan incorporado un GPS para transmitir tu posición a la DGT en caso de accidente y se supone que sólo se activará en caso de accidente, pero ya hay expertos en la materia que alertan sobre las dudas que plantea la geolocalización y el gran peligro que genera para la privacidad de los conductores.

Voy a ser sincero, yo no puedo fiarme del todo y no me sorprendería que, en cualquier momento, salga a la luz un “Caso Balizas” en el que, tras esta nueva imposición a los conductores, aparezca un nuevo caso de corrupción y salgan a la palestra políticos llevándose nuestro dinero. No tiene mucho sentido que quieran multarnos por no querer llevar una baliza que además de no servir para señalizar adecuadamente nuestra posición a otros conductores de la vía, si sirva para poner en peligro nuestra privacidad, si nuestros datos terminan siendo usados para otros fines.

Pongamos como primer ejemplo que la DGT decía que iba a multar a aquellos conductores que utilizaran los triángulos tradicionales y poco después, ante la presión ciudadana, el gobierno cedió y dio una nueva instrucción con una “aclaración de criterio”, diciendo sorprendentemente que no iba a multar a los que usaran los triángulos si, además, en el coche, también llevaban la baliza V16.

Es obvio que esto no resulta suficiente, porque se sigue exigiendo llevarla, pero, al menos ya han dado un paso atrás con esta corrección. Ahora se necesita que la presión de los conductores se siga ejercitando y se termine llegando a que este inútil gobierno elimine esta imposición que, hoy por hoy, sólo se exige a los conductores españoles y no a los conductores europeos.

Tenemos que defender nuestros derechos y exigir a nuestros gobernantes que se esfuercen en velar por la seguridad del tráfico para evitar accidentes, pero no a imponernos un artilugio que además de problemas de visibilidad, nos genera problemas de intimidad personal debido a la geolocalización.

Por ejemplo, recientemente la justicia francesa condenó al ex presidente Nicolás Sarkozy, a la pena de cinco años de prisión, por un delito de “asociación criminal”, corrupción y tráfico de influencias, como consecuencia de un entramado de financiación en la trama Bigmalión, en su campaña presidencial de 2007. El Tribunal de París lo juzgó, con la severidad que corresponde a un auténtico Estado de Derecho, que no negocia con los corruptos, por muy altos que sean los puestos políticos que ocupan. El expresidente no tuvo protección por su antiguo rango, por ninguna influencia partidista y por ningún cálculo de conveniencia política. Simplemente, al contrario que nos pasa a nosotros, la justicia francesa habló y Francia tomó muy buena nota.

Pienso que esta condena tiene una enorme pedagogía democrática, ya que las leyes francesas alcanzan, como es este caso, incluso a quien en su día las promulgó.

Por el contrario, si nos centramos en España, la situación es muy diferente. Veamos por ejemplo los casos que salpican al entorno directo del presidente Pedro Sánchez, su esposa, su hermano, muchos altos cargos del partido. Aquí estos procesos judiciales que se siguen, están enredados en un mar de dilaciones, recusaciones, informes fiscales contradictorios y todo tipo de filtraciones a los medios, algo que provoca que se vayan retrasando las sentencias, así como diluyendo las responsabilidades políticas.

No se trata de comparar a unos y a otros, sino las reacciones institucionales que se van produciendo. Pero la realidad es que mientras en Francia un presidente condenado abre un debate nacional sobre la limpieza moral de la república, en España el presidente y todos los miembros investigados de su entorno, realizan ruedas de prensa para denunciar que están sufriendo un fuerte acoso mediático.

Tanto España como Francia están sometidas al marco jurídico del Estado de Derecho europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al principio de igualdad ante la ley. Pero en problema que nosotros vivimos es que aquí estos principios no operan con la misma fuerza ni con la misma independencia.

En sus últimos informes GRECO, el Consejo de Europa ha advertido a España que no cumple plenamente con las recomendaciones sobre independencia judicial y lucha contra la corrupción, ya que el nombramiento político del Consejo General del Poder Judicial, el uso partidista de la fiscalía general del Estado, y la gran falta de medios que tienen los jueces instructores, son elementos que ponen a España en una situación de inferioridad moral, frente a sus socios europeos. Tenemos por tanto una justicia de dos velocidades Si en Europa se presume de unidad económica y política, en España estamos como estamos.
En nuestro país tenemos un poder judicial bloqueado, un gobierno que sólo legisla por decreto y una oposición que no fiscaliza nada de nada. En este estado de cosas, es normal que los ciudadanos no confiemos.

La conclusión es muy clara, mientras que Francia ha demostrado que el Estado puede enfrentarse con decencia a los delincuentes, en España, en cambio, estamos prisioneros de nuestro presente. Mientras que Sánchez gobierna, Sarkozy cumple condena. Mal vamos.

Estas empresas familiares van funcionando correctamente en el día a día, pero sus propietarios van envejeciendo y no se preocupan de planificar quien y como los van a suceder. Esta situación provoca un desafío crítico que pone en peligro la supervivencia de muchos negocios familiares de nuestro país, ya que, en muchos casos, no hay hijos o sucesores correctamente entrenados para seguir gestionando el negocio.

De modo habitual nos encontramos con muchos empresarios de mas de 70 años, que continúan al frente de sus negocios y que desearían retirarse, pero se encuentran con el serio problema de que, al no haber planificado correctamente su sucesión, no tienen hijos o familiares convenientemente preparados y formados, para seguir adelante con la actividad empresarial.

El problema por tanto, está en que esa sucesión, en modo alguno puede verse como un mero trámite familiar, sino que ha de verse como una operación estratégica debidamente planificada, que permitirá la continuidad del negocio sin sobresaltos u obstáculos que lo frenen. Es preciso que esos empresarios mantengan una correcta planificación fiscal y una adecuada estructura societaria, además de tener formados de modo adecuado a sus sucesores para, de este modo, poder garantizar la estabilidad y la continuidad del negocio, y esto es algo que ha de llevarse a cabo cuanto antes mejor, sin dejarlo todo para última hora.

Conforme a los datos que nos aporta el Instituto de la Empresa Familiar, en nuestro país tenemos 1,1 millones de empresas familiares, que representan el 89% del total de empresas, que sostienen el 67% de los empleos y que mantienen mas de 6,5 millones de puestos de trabajo, aportando con todo esto el 57,1% del PIB de nuestro país.

Son estos unos datos que hacen ver la necesidad de que estas empresas continúen adelante con la adecuada sucesión cuando el empresario llega a determinada edad y esto, además de un reto económico, genera también un reto cultural, ya que las nuevas generaciones, aun cuando puede que no hayan perdido su ambición, la entienden de otra forma y mas que beneficios económicos, lo que buscan es mas calidad de vida y más libertad de movimientos.

Estamos inmersos en una importante transformación cultural, pero esto, en vez de verlo como un obstáculo para la sucesión, en realidad puede ser una oportunidad si se sabe gestionar de modo correcto ya que además de contar con el talento senior del empresario, tenemos también la visión del joven que tiene fuerza, mirada más globalizada y otros conocimientos tecnológicos que el predecesor no tiene.

Esa unión de la fuerza joven y del talento senior, puede llevar a que el relevo generacional no sea un freno o un obstáculo, sino un proceso necesario del ciclo empresarial. No se trata sólo de una cuestión hereditaria, sino de una visión global que nos lleve no a cerrar un negocio, sino a conseguir que esa empresa perdure en el tiempo.

En el pasado mes de junio, SECOT (Seniors españoles para la cooperación técnica), ha cumplido 35 años, una cifra importante si se piensa en los cambios que se han producido en este periodo, en cuanto a modernización, evolución tecnológica y mejora del tejido empresarial.

Mi organización nació auspiciada por el Circulo de Empresarios, gracias al impulso de unos socios fundadores visionarios, así como de tres entidades promotoras, y hoy es una asociación con una estructura de voluntariado sólida, que presta un servicio único en España.

 Las pymes siguen suponiendo más del 99,8% de las empresas y generan el 66% del empleo empresarial total. La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) española -que mide las iniciativas con menos de 3,5 años de vida en el mercado-, ha aumentado un punto con respecto al año anterior (del 5,2% al 6,2%) y, por primera vez en 8 años, ha superado el umbral del 6%, acercándose a cifras anteriores a la crisis (7,6% en 2007). Estas tendencias favorecen la contribución a las mismas del voluntariado Sénior.

En 2024, refiriéndome a los niveles de actividad que tenemos, ya podemos decir que ha sido un ejercicio de fuerte incremento, tanto en asesoramiento como en formación. La actividad de asesoramiento ha registrado un crecimiento de casi un 18%, aumentando de 1.451 a 1.709 las asesorías que hemos realizado. Igualmente, las actividades realizadas tanto en formación interna como en la externa, han aumentado considerablemente y hemos pasado de 13.935 beneficiarios de formación    externa e el 2023, a la exitosa cifra de 22.649 en 2024, datos estos que representan un crecimiento del 95%.

Las actividades de nuestra Escuela Secot de Emprendedores también están creciendo de modo ostensible y hemos llegado a tener 909 alumnos. Es significativo que las clases online han continuado y continúan su incremento progresivo y en este sentido la expansión de los cursos de Esemp a Hispanoamérica, han representado que el número de alumnos americanos es casi 1/3 del total de la Escuela. Estamos muy orgullosos también del premio que la Comisión Europea ha concedido a nuestra Escuela, denominado SENT AWARDS, por la excelente labor que hemos realizado en la Confederación CESES, que agrupa a 17 entidades de voluntariado europeas.

Hemos podido consolidar las tres áreas de actividad principales, Formación y orientación, tanto en la Universidad como en Institutos y Centros de FP, e igualmente la formación para emprendedores. También hemos consolidado las actividades de asesoramiento y multitud de proyectos de mentoring e innovación.

Como novedad, nos hemos movido en programas de preparación para la Jubilación activa, fomento de las relaciones intergeneracionales y el voluntariado. Hemos añadido también algunos proyectos nuevos en iniciativas como la prevención de la soledad no deseada, así como actividades de mejora de la iniciativa emprendedora en entornos rurales.

Sin la dedicación de muchos de nuestros seniors voluntarios, esto no hubiere sido posible y por ello, enmarcándolo en el programa para la jubilación activa, animamos a profesionales, directivos de empresa jubilados y prejubilados, para que den un paso al frente y se unan a nosotros para reforzar aún más nuestras actividades, ya que con ello contribuiremos mejor al desarrollo de nuestra sociedad.

Si bien esto es cierto, también es una realidad que otras muchas personas mayores, no tienen esos conocimientos o los tienen muy reducidos para moverse por la red y utilizar las herramientas que tienen a su alcance. Se encuentran muchas veces con páginas web y diferentes aplicaciones que les resultan de difícil accesibilidad y que además son muy poco intuitivas para ellos.

En Secot, asociación a la que pertenezco, nos movemos mucho por Centros Sociales de los ayuntamientos y con residencias del ERA, tratando de ayudar a esos otros mayores que están muy desconectados del mundo digital, algo que incide muy directamente en su autonomía personal. Este es un problema que, por lo que podemos ver en los datos del Instituto Nacional de Estadística, afecta sobre manera a las personas que tienen más de 75 años.

En una sociedad totalmente digitalizada como es la que tenemos ahora, lo que no se puede permitir es que estas personas mayores se vayan quedando atrás, porque no tienen los conocimientos suficientes. Esta es la razón básica por la que los seniors de Secot nos empleamos a fondo en estos talleres de formación, pero esto es muy poca cosa, ya que además es absolutamente necesario que las administraciones públicas, entidades bancarias, empresas e incluso otras entidades sociales se vuelquen y se comprometan aplicando medidas de todo tipo para evitar que los mayores de queden atrás en este mundo digital.

Aunque el acceso a internet de los mayores es bastante grande, es una realidad que muchos trámites esenciales con la administración y las empresas, son muy complejos, muy poco intuitivos y muy difíciles de usar por las personas mayores, que se pierden en estos procesos, hasta en los cajeros automáticos de los bancos.

Así, por ejemplo, yo tengo mucha soltura en el mundo digital y uso firma electrónica o clave pin, como instrumentos que me permiten acceder a las páginas web de las diferentes administraciones, pero esto sólo es la teoría, porque en realidad, estas páginas son tan poco intuitivas que dificultan muchas gestiones o incluso, en muchos casos, ni las permiten. A título de ejemplo, si yo accedo a mi Astursalud para pedir una cita o ver mi historial médico, ni la firma digital, ni la clave Pin no me sirven de nada, ya que tengo que introducir manualmente el número de mi tarjeta sanitaria para acceder y, además, con este procedimiento sólo tengo un acceso limitado.

Lo mismo ocurre cuando entro en otras Administraciones Públicas, Ayuntamientos, etc. en las que tengo que seguir unos farragosos procedimientos, que me hacen perder muchísimo tiempo, para realizar un sencillo trámite. Por ello, sí o sí, todos los actores implicados han de involucrarse al máximo para no dejar nadie atrás, y para ello, tanto en las diferentes administraciones, como en bancos y otras empresas, debería de seguir facilitándose la atención personal.

Las nuevas tecnologías son imparables y por tanto habrá que realizar grandes esfuerzos de todo tipo para que nadie se quede atrás. Y para ello, los propios seniors también deberán perder el temor que ahora tienen para usar las nuevas herramientas. En Secot, cuando damos charlas en los Centros Sociales, lo que pretendemos es acompañarlos en este proceso de aprendizaje y a quitarles el miedo, sobre todo en el campo de la ciberseguridad.