De modo concreto, en nuestros Ayuntamientos, se han concedido licencias para que estos negocios dispongan de mas sitio, algo que provoca una cada vez mayor ocupación por mesas y sillas, de las aceras públicas de calles y paseos. Esta situación crea una nueva panorámica y una nueva visión psicosocial, arquitectónica y paisajística de nuestras ciudades, ya que, en algunas calles, sin importar la anchura o longitud la ocupación por mesas y sillas llenas a rebosar.

Aparte de las ventajas económicas y laborales para los empresarios y trabajadores, que son obvias, hay otra serie de ventajas y de desventajas (esto es lo malo), que no son a mi entender suficientemente analizadas, ya que de un modo totalmente acrítico se asume que una ciudad llena de terrazas, es un plus para la ciudad y para sus habitantes. Por ello, voy a tratar de analizar en primer lugar las ventajas, para luego pasar a los inconvenientes y con ello dejar una pregunta en el aire.

Es indudable que una forma prioritaria de socialización de nuestras ciudades y pueblos, se centra de modo concreto en la relación que se establece entre grupos, ya sean familiares, de amigos o de colegas, en el exterior de los bares y cafeterías, al generarse charlas y conversaciones que pueden durar horas. Sin duda alguna, estos hábitos se potencian con la llegada del buen tiempo, como el que hemos tenido estos días de atrás.

Como dicen los psicólogos, la conversación de por sí, es un mecanismo terapéutico, ya que tiene propiedades curativas y además de eso ayuda a muchas personas mayores que sufren soledad no deseada y que resultan muy ayudadas psicológicamente con estos encuentros y charlas en las terrazas. Este contacto en terrazas, frena el aislamiento social de muchas personas y no solo mayores, ya que los jóvenes muchas veces también sufren el aislamiento social.

Pero, también habría de hablarse de los inconvenientes que, desde mi punto de vista, muchas veces provoca el uso masivo de estas instalaciones. ¿hasta qué punto las calles pueden verse cada vez mas invadidas por sillas y mesas, macetas, toldos, estufas y a veces hasta aparatos de televisión? Muy a menudo, estas instalaciones restringen el paso de los viandantes, hasta el extremo de que en algunas ocasiones, el viandante quede obligado a salir de la acera para poder pasar por determinados sitios.

Y no digamos nada si el viandante va con carritos de niños o con mayores o inválidos en silla de ruedas. Incluso hasta los bancos puestos por los ayuntamientos en determinadas zonas, para su uso o descanso de personas que no quieren o no pueden consumir en los bares, pero que quieren sentarse. Además, si a la sillas y mesas, añadimos mesitas alargadas que se pegan a la pared del establecimiento, la situación se vuelve aun peor, ya que, materialmente se ocupa toda la acera y el viandante queda obligado a salir a la calzada para poder pasar.

Han de añadirse también otros aspectos mas secundarios, como son el ruido y el vocerío, o incluso, las dificultades que se provocan a las furgonetas de distribución que se quedan sin espacios suficientes para la carga y descarga de productos.

En definitiva, si bien es cierto que estas terrazas pueden venir bien a la ciudadanía para su esparcimiento y socialización, habría que preguntarse también si esta idealización de las terrazas, provoca otros inconvenientes, a veces muy importantes, a viandantes e incluso a conductores.

Todo este conflicto nace porque miles de trabajadores, entre los que me encuentro, cotizamos durante décadas a las antiguas mutualidades laborales, antes de que estas fueran integradas de modo total en la Seguridad Social. En su momento, no pudimos deducir fiscalmente las aportaciones realizadas, pero cuando empezamos a cobrar la pensión, tributamos íntegramente por IRPF y esto generó una doble imposición, algo que el Tribunal Supremo acabó reconociendo y por ello empezamos a reclamar las devoluciones de los ejercicios que aún no habían prescrito.

¿Por qué se producen estos grandes retrasos? Parece ser que cuando la AEAT creó un procedimiento simplificado, se produjo una enorme avalancha de reclamaciones y los cientos de miles de mutualistas exigíamos la devolución de mas de 6.000 millones de euros, según reconoció la propia Hacienda, algo que provocó la apertura de complejos expedientes, porque había que reconstruir cotizaciones antiguas, consultar datos históricos, cruzar información con la Seguridad Social y recalcular bases imponibles de varios ejercicios.

Tras todo esto, a final de diciembre de 2024 estalló un gran conflicto y se generó la indignación masiva de los mutualistas reclamantes, ya que Hacienda decidió suspender el sistema establecido, dejó sin efecto gran cantidad de solicitudes pendientes, eliminó el formulario que se había creado y anunció un nuevo modelo escalonado de devolución. La idea inicial era devolver año a año y obligar a reclamar cada ejercicio por separado, algo que provocó un terremoto político y social.

Yo y otros muchos jubilados interpretamos que la AEAT estaba retrasando deliberadamente los pagos ya reconocidos, que intentaban ganar tiempo para aliviar el impacto presupuestario que se generaba y lo mas duro, se pensaba que muchos de los afectados, moriríamos antes de cobrar todo, como ocurrió con mi mujer que falleció hace menos de un año.

Frente a las quejas masivas, oficialmente Hacienda argumentaba que tenían necesidad de “ordenar” el procedimiento adaptando el sistema a la Ley 7/2024, que tenían que homogeneizar criterios e igualmente que tenían que asegurar el encaje contable y presupuestario de las devoluciones.

Ante tanto dislate, varias asociaciones de mutualistas denunciaron inseguridad jurídica, retroceso administrativo, bloqueo provocado artificialmente e igualmente vulneración de expectativas legítimas, desde el momento en que muchas de las solicitudes presentadas, como era mi caso, quedaron sin efecto al no haber quedado resueltas antes del 22 de diciembre de 2024, algo que obligó a muchos de nosotros a volver a empezar.

Para justificar los retrasos Hacienda argumentaba que se trataba de cotizaciones de los años 60 y 70 y esto provocaba que los datos no estuvieren digitalizados y que esos datos dependían de antiguas mutualidades hoy desaparecidas. Se argumentó también que había falta de personal, falta de medios, saturación informática y embudo administrativo. Finalizaba la AEAT diciendo que las devoluciones suponían miles de millones y que esto impactaba directamente en el déficit público y provocaba tensiones presupuestarias.

En resumen, se aplazaron pagos por motivos presupuestarios, se cambiaron las reglas a mitad del partido, se actuó con total falta de transparencia y ahora a saber qué puede ocurrir, porque igual terminan metiendo todas las reclamaciones pendientes de devolución, en el baúl de los recuerdos.

¿Cuál debe de ser el perfil que necesita una persona para ser verdaderamente democrática y con ello reducir la actual polarización política? Uno de los pilares fundamentales de una persona democrática es la humildad intelectual, para comprender que las propias ideas pueden ser incompletas o equivocadas y que quienes piensan distinto no son enemigos. Cuando alguien cree que solo él tiene razón y que cualquier discrepancia debe ser eliminada, aparece el fanatismo y comienza la polarización.

La democracia exige también pensamiento crítico. Una sociedad democrática necesita personas capaces de analizar la información que reciben, diferenciar hechos de opiniones y evitar dejarse llevar únicamente por emociones, propaganda o discursos simplistas. Muchos conflictos políticos actuales nacen de convertir la política en una lucha emocional entre “buenos y malos”, en lugar de un espacio para resolver problemas comunes.

Junto a ello, son imprescindibles principios éticos sólidos, como son la honestidad, justicia, respeto, responsabilidad y coherencia. Estos valores deben aplicarse tanto al propio grupo político como, al contrario. La democracia se debilita cuando se justifican abusos, corrupción o agresividad únicamente porque proceden de “los nuestros”.

Otro elemento esencial es la capacidad de diálogo y pacto. La democracia no significa unanimidad, sino negociación constante. Pactar no es traicionar; muchas veces es la única forma de construir estabilidad y beneficio común. Las sociedades más fuertes no son las que eliminan los conflictos, sino las que aprenden a gestionarlos sin destruir la convivencia.

También es fundamental respetar las instituciones y las normas comunes. Ninguna persona, partido o líder puede situarse por encima de las leyes. La democracia necesita límites al poder, separación de instituciones y aceptación de reglas incluso cuando no favorecen los intereses propios.

Además, una persona democrática debe tener empatía y sentido comunitario. No puede pensar únicamente en su beneficio individual, sino también en el bienestar de quienes la rodean y de las generaciones futuras. Una sociedad se fragmenta cuando cada grupo busca exclusivamente sus propios intereses sin preocuparse por el conjunto.

La estabilidad democrática requiere igualmente equilibrio emocional. La polarización suele alimentarse del miedo, la ira y el resentimiento. Por ello, es importante desarrollar autocontrol, tolerancia a la frustración y capacidad para debatir sin odio. El adversario político no debe convertirse en enemigo personal.

En definitiva, la democracia depende menos de sistemas políticos y más del tipo de personas que forman la sociedad. Cuando predominan ciudadanos dialogantes, responsables, críticos y éticos, es posible alcanzar acuerdos y reducir la confrontación. Pero cuando dominan sólo los intereses personales y de partido, el fanatismo, el egoísmo y la intolerancia, la política se transforma en una lucha permanente que termina debilitando la convivencia y eso a quien termina perjudicando es al ciudadano de a pie.

Si observamos la situación con cierta perspectiva, la pregunta clave no sería ver cómo se resuelve el problema migratorio, sino ver cómo se regula y como se ordena, ya que los fenómenos sociales como el que estamos viviendo ahora, no se resuelven dramatizándolos, sino aplicando medidas legales y concretas, que persigan el interés general.

En España nos encontramos ante una evidente realidad y es que, por el despoblamiento y el envejecimiento de la población, la inmigración ha pasado a formar arte de nuestra estructura económica y social y que incide muy directamente en sectores como el servicio doméstico, la agricultura, la construcción o la hostelería, que dependen muy mucho de la mano de obra extranjera. Por ello, el problema que tenemos no es la existencia de inmigrantes, sino su desigual gestión y la burocracia en la aplicación de la legislación vigente. Además, añadiría que, cuando la política llega tarde, el sistema se llena de parches.

En nuestro país tenemos vigente la Ley de Extranjería del año 2000, ley orgánica que regula los derechos y los deberes de los extranjeros residentes en España y que establece la normativa para la entrada de inmigrantes, para obtener los permisos de residencia y trabajo, así como la aplicación de órdenes de expulsión, si fuere el caso. Esta ley que tiene carácter permanente y general, recoge la regulación completa de la inmigración y sólo puede ser cambiada por el Parlamento.

Con esta ley plenamente vigente, se ha dictado el reciente Real Decreto del Gobierno, que pretende aplicarse dentro de la ley y que introduce una vía excepcional de regularización masiva de inmigrantes sin papeles, que ya están presentes en nuestro país. El gobierno pretende reducir la burocracia de la ley vigente y simplificar los trámites que, ahora, con el Decreto que se está aplicando, pueden realizarse tanto on line, como en oficinas de extranjería, ayuntamientos e incluso oficinas de correos. El gobierno trata, en definitiva, de normalizar hechos ya existentes y que debido a la enorme burocracia de la ley y al colapso existente en las oficinas de extranjería, no podían resolverse en vía ordinaria.

Mientras que la ley afecta a extranjeros legales, irregulares o solicitantes de asilo político, además de establecer múltiples vías como son los visados, el arraigo social, la reagrupación familiar o la protección internacional, el decreto sólo afecta a un grupo concreto, que tiene que cumplir unos requisitos específicos, como son no tener antecedentes penales, haber residido al menos cinco meses en nuestro país, o estar en España antes del 31 de diciembre pasado.

Mientras que la ley exige procesos largos y burocráticos en las oficinas de extranjería, como son el arraigo social, laboral o familiar (normalmente mas de dos años de residencia), tener una oferta de trabajo, pedir reagrupación familiar con alguien que ya está aquí con papeles, la vía extraordinaria del Decreto crea una regularización directa y más rápida, con menos tiempos de permanencia o con menos burocracia, permitiendo el acceso a trabajo, residencia o asistencia sanitaria.

La pregunta que me hago es, por qué en vez de tanto precipitado Decreto, no se recurrió al Parlamento para modificar la ley actual y dotar de más medios a las oficinas de extranjería, que contrariamente a lo que ocurre en las oficinas de correos o en los ayuntamientos, ¿son las que tienen experiencia en la materia? Lamentable.

Pero ¿qué pasa cuando un pobre sin recursos económicos, hurta 8,87€? Pues pasa, que todo el rigor de la ley cae sobre él. El Fiscal, rigurosamente, interesa la condena del denunciado y el Juez de Instrucción correspondiente dicta una sentencia ejemplar. ¿Qué no se lo creen? ¿exagero? Pues no. Esto es tan real como la vida misma. Voy a comentar el caso de una usuaria de la asociación donde colaboro como voluntario, para que cada uno saque sus propias conclusiones.

Soledad es una mujer, víctima de violencia de género, que trabaja a salto de mata en el servicio doméstico y que convive en un pequeño apartamento con su hija de 20 años, la pareja de esta y un bebé de seis meses. Los ingresos mensuales conjuntos de esta familia ascienden a no más allá de 600€ y como no pueden pagar el alquiler que tienen estipulado de 300€, en este momento están en proceso de desahucio y se quedarán en la calle.

Un buen día, seguramente agobiada por su situación económica, entra en un supermercado, retira de las estanterías dos latas de conservas y una bolsita de detergente. Un vigilante   que controla las cámaras de seguridad del supermercado, ve como Soledad introduce en su bolso de mano estos productos e inmediatamente, sin esperar ni tan siquiera a que pasara por las líneas de caja para ver si iba a pagar los productos o no, la intercepta en el área de la carnicería y procede a retenerla. A la llamada del vigilante acude la Policía Nacional que procede a su detención. En el atestado se hace constar que el valor de los productos hurtados, asciende a 8,87€. Se hace constar también que la detenida pidió que la dejaran pagar los productos en la caja y que la dejaran libre, pero que la encargada del supermercado no accedió ya que tenía instrucciones de sus superiores de denunciar todo para que sirviera de escarmiento.

El siguiente paso es que el Juzgado de Instrucción abre el procedimiento correspondiente, se celebra juicio oral, el Ministerio Fiscal interesa la condena de Soledad como autora responsable de una falta de hurto. Resulta condenada a la pena de un mes de multa a razón de seis euros de cuota diaria, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y con la imposición de las costas del juicio. O lo que es lo mismo, como es insolvente y no puede pagar esos 180€ de multa será privada de libertad durante 15 días.

Yo no voy a cuestionar aquí al procedimiento instruido, la solicitud de condena ejercitada por el Fiscal y la sentencia dictada por el Magistrado Juez, ya que en todo esto se ha observado la más absoluta aplicación de la legalidad vigente. Lo que cuestiono es que, si esta mujer hubiere tenido recursos económicos, se habría podido pagar un abogado que la defendiera (al ser un juicio de faltas no es preceptiva la intervención de Letrado y por eso no se lo designaron de oficio), y lo más probable es que hubiere resultado absuelta, o bien por falta de pruebas (aún no había pasado la línea de caja), o por la eximente de estado de necesidad. También me cuestiono que por un hurto de 8,87€ se ha puesto en marcha un procedimiento judicial que ha movilizado unos ingentes recursos tanto de la Policía Nacional como de la Administración de Justicia, que a mi juicio resultan desproporcionados.

Ya sé que alguien me puede decir hay que aleccionar a la gente y que no se pueden consentir estos pequeños hurtos. Pero yo les diría que, entonces no se quejen cuando protestan porque la justicia está colapsada, porque es lenta y porque esos grandes defraudadores no son condenados. Todos los recursos que se invierten en perseguir estos pequeños hurtillos, perfectamente pueden ser resueltos por la propia Policía, porque si se trata de escarmiento y de lección ejemplar, qué mayor escarmiento que por hurtar productos por valor de 8€ es el de estar en los calabozos de la comisaría 24 horas.

Y dicho esto, concluyo como empecé con el título de este artículo: El rigor de la ley sólo se aplica a los pobres sin recursos. Qué injusta puede ser la Justicia.

Señores políticos, oigan y escuchen a los ciudadanos, que estamos muy preocupados por todo lo que está ocurriendo hoy y que no nos interesa nada lo que ocurrió hace cuarenta años. Es cierto que la historia merece un profundo estudio, pero también es cierto que el presente necesita que la política establezca prioridades reales y los políticos dejen a un lado tanta polarización y tanta confrontación, para empezar a gestionar con diligencia todo lo que afecta de modo directo a millones de ciudadanos.

A título de ejemplo, por qué los gobernantes no dan transparencia total al uso de los fondos europeos NextGeneration. O por qué no se prescinde de titulares y más titulares y por el contrario se realicen y se nos faciliten auditorías comprensibles y resultados medibles. Por qué no se aprueban y ejecutan medidas concretas y medibles que permitan el acceso real a la vivienda, especialmente para jóvenes y clases medias.

En cuanto al continuado encarecimiento de la vida, los ciudadanos también exigimos medidas eficaces que controlen y reduzcan esta lacra en la que vivimos. En esta misma línea, los ciudadanos de La Palma, afectados por la reciente catástrofe que vivieron y padecieron cuando estalló el volcán en septiembre del 2021, siguen esperando a que el gobierno les aporte las ayudas prometidas y que no acaban de recibir por la enorme burocracia existente. Ante las crisis nacionales que padecemos, lo que necesitamos son explicaciones y además soluciones.

En lo que se refiere a desclasificar archivos históricos, puede que sea legítimo, pero lo que no es legítimo es que haya una transparencia selectiva y conforme a los intereses de los gobernantes. Para ello, si se abren archivos del pasado, que se abran con un criterio general y no sólo con los intereses de los gobernantes. Y estas mismas exigencias de transparencia también tienen que aplicarse a nuestro presente.

La confianza ciudadana no se pierde por estudiar nuestra historia de modo totalmente claro, sin ambigüedades y sin comunicaciones totalmente fragmentadas de esa historia. La transparencia en modo alguno puede ser selectiva ni coyuntural. Si se desclasifican archivos tiene que ser con criterios generales y tanto si nos referimos a archivos históricos, como a los archivos del presente.

La confianza ciudadana no se pierde por estudiar nuestra historia, sino que se pierde cuando los políticos quieren fragmentarla y pretenden que los ciudadanos sólo estudiemos lo que a ellos les interesa.

En una democracia madura, como debería de ser la nuestra, los historiadores analizan,  los jueces investigan y la policía actúa. Paralelamente los gobernantes gestionan y la oposición fiscaliza. Y en este escenario, los ciudadanos no queremos teorías, puesto que lo que exigimos son resultados.

Quienes vivimos otras etapas de nuestra historia, sabemos que los países avanzan cuando se gobierna con hechos y no con relatos fabricados por los políticos según sus intereses personales y de partido. La convivencia se consigue de modo pacífico, cuando se fortalecen las instituciones democráticas y cuando no se reabren trincheras del pasado. Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla e igualmente están condenados los que descuidan su futuro.

España necesita memoria serena, gestión eficaz y responsabilidad democrática. ¿es mucho pedir?

Este penoso periodo, para mi supuso un duro mazazo y fue una experiencia muy traumática. Al dedicarme a su continuo cuidado, poco a poco fui dejando a un lado las actividades que ocupaban mi tiempo y primero renuncié a continuar con las actividades que tenía en un club, después me aparté de las actividades que realizaba como voluntariado en dos asociaciones, reduje al máximo mi participación en las actividades que seguía en una cofradía gastronómica y me fui apartando de las tertulias y encuentros que tenía con mis amigos, algo que me provocó un claro aislamiento en mi vida social.

El diagnóstico de la enfermedad y los requisitos de atención posteriores, me afectaron mucho psicológicamente. La angustia, la ansiedad, el estrés y el miedo se apoderaron de mi hasta su fallecimiento. Mi vida sufrió un profundo cambio y el impacto emocional me afectó tanto a mi como a mis dos hijos. Empecé a tener una irritabilidad excesiva, pérdida de interés por actividades, mucha tristeza, somnolencia y cansancio físico. Sufrí un desgaste real, acumulativo y muchas veces invisible.

Con el propósito de estar lo mas cercano posible, durante los mas de dos meses que estuvo hospitalizada, dormía con ella, me pasaba muchas horas a su lado en el Centro Médico, y me resistía a aceptar la ayuda y apoyo que me querían prestar mis dos hijos y sus hermanas, que me animaban a que saliera a pasear o a dormir en mi casa, para que pudiera relajarme.

Después, una vez dada de alta y ya en nuestro domicilio, empecé a ayudarla en sus cuidados personales, debido a las limitaciones que tenía, empecé a ocuparme de las compras y a realizar ciertas labores de cocina, en las que no tenía ninguna experiencia. Nuevamente, al igual que me ocurría en el hospital, renunciaba una y otra vez al apoyo que querían darme mis hijos y familiares próximos, pensando que esto era lo mejor para estar más a su lado.

Sumido en una depresión y totalmente aislado de mi vida social, tras hablar con un amigo psicólogo y otros profesionales, tomé una importante decisión, que fue la de cuidarme a mí mismo y para ello, apoyándome en la chica que tenía contratada para que acompañara a mi mujer e hiciera las actividades domésticas, empecé a hacer las actividades que ya realizaba, pero que potencié. Comencé a ir al gimnasio, a realizar largas caminatas que me permitían relajarme y desconectar, aunque cuando volvía a casa, la angustia volvía a apoderarse de mí.

La conclusión a la que puedo llegar tras el largo trance al que estuve sometido es que, para cuidar al cuidador, es preciso que yo mismo me cuide, pida y acepte la ayuda que ofrecían los familiares próximos, ya que el bienestar físico y emocional del cuidador, es absolutamente necesario para mantener un cuidado efectivo y evitar efectos negativos tanto para la persona a la que cuidas como al cuidador.

Otra conclusión a la que llego es que, saliendo de la burocracia actual, en estas situaciones, la Administración Pública, de modo ágil, prestara personal de apoyo para el cuidado de estas personas enfermas, ya que no todo el mundo puede tener los recursos económicos que se necesitan para contratar a una persona, como yo tuve que hacer.