De modo concreto, en nuestros Ayuntamientos, se han concedido licencias para que estos negocios dispongan de mas sitio, algo que provoca una cada vez mayor ocupación por mesas y sillas, de las aceras públicas de calles y paseos. Esta situación crea una nueva panorámica y una nueva visión psicosocial, arquitectónica y paisajística de nuestras ciudades, ya que, en algunas calles, sin importar la anchura o longitud la ocupación por mesas y sillas llenas a rebosar.

Aparte de las ventajas económicas y laborales para los empresarios y trabajadores, que son obvias, hay otra serie de ventajas y de desventajas (esto es lo malo), que no son a mi entender suficientemente analizadas, ya que de un modo totalmente acrítico se asume que una ciudad llena de terrazas, es un plus para la ciudad y para sus habitantes. Por ello, voy a tratar de analizar en primer lugar las ventajas, para luego pasar a los inconvenientes y con ello dejar una pregunta en el aire.

Es indudable que una forma prioritaria de socialización de nuestras ciudades y pueblos, se centra de modo concreto en la relación que se establece entre grupos, ya sean familiares, de amigos o de colegas, en el exterior de los bares y cafeterías, al generarse charlas y conversaciones que pueden durar horas. Sin duda alguna, estos hábitos se potencian con la llegada del buen tiempo, como el que hemos tenido estos días de atrás.

Como dicen los psicólogos, la conversación de por sí, es un mecanismo terapéutico, ya que tiene propiedades curativas y además de eso ayuda a muchas personas mayores que sufren soledad no deseada y que resultan muy ayudadas psicológicamente con estos encuentros y charlas en las terrazas. Este contacto en terrazas, frena el aislamiento social de muchas personas y no solo mayores, ya que los jóvenes muchas veces también sufren el aislamiento social.

Pero, también habría de hablarse de los inconvenientes que, desde mi punto de vista, muchas veces provoca el uso masivo de estas instalaciones. ¿hasta qué punto las calles pueden verse cada vez mas invadidas por sillas y mesas, macetas, toldos, estufas y a veces hasta aparatos de televisión? Muy a menudo, estas instalaciones restringen el paso de los viandantes, hasta el extremo de que en algunas ocasiones, el viandante quede obligado a salir de la acera para poder pasar por determinados sitios.

Y no digamos nada si el viandante va con carritos de niños o con mayores o inválidos en silla de ruedas. Incluso hasta los bancos puestos por los ayuntamientos en determinadas zonas, para su uso o descanso de personas que no quieren o no pueden consumir en los bares, pero que quieren sentarse. Además, si a la sillas y mesas, añadimos mesitas alargadas que se pegan a la pared del establecimiento, la situación se vuelve aun peor, ya que, materialmente se ocupa toda la acera y el viandante queda obligado a salir a la calzada para poder pasar.

Han de añadirse también otros aspectos mas secundarios, como son el ruido y el vocerío, o incluso, las dificultades que se provocan a las furgonetas de distribución que se quedan sin espacios suficientes para la carga y descarga de productos.

En definitiva, si bien es cierto que estas terrazas pueden venir bien a la ciudadanía para su esparcimiento y socialización, habría que preguntarse también si esta idealización de las terrazas, provoca otros inconvenientes, a veces muy importantes, a viandantes e incluso a conductores.

Todo este conflicto nace porque miles de trabajadores, entre los que me encuentro, cotizamos durante décadas a las antiguas mutualidades laborales, antes de que estas fueran integradas de modo total en la Seguridad Social. En su momento, no pudimos deducir fiscalmente las aportaciones realizadas, pero cuando empezamos a cobrar la pensión, tributamos íntegramente por IRPF y esto generó una doble imposición, algo que el Tribunal Supremo acabó reconociendo y por ello empezamos a reclamar las devoluciones de los ejercicios que aún no habían prescrito.

¿Por qué se producen estos grandes retrasos? Parece ser que cuando la AEAT creó un procedimiento simplificado, se produjo una enorme avalancha de reclamaciones y los cientos de miles de mutualistas exigíamos la devolución de mas de 6.000 millones de euros, según reconoció la propia Hacienda, algo que provocó la apertura de complejos expedientes, porque había que reconstruir cotizaciones antiguas, consultar datos históricos, cruzar información con la Seguridad Social y recalcular bases imponibles de varios ejercicios.

Tras todo esto, a final de diciembre de 2024 estalló un gran conflicto y se generó la indignación masiva de los mutualistas reclamantes, ya que Hacienda decidió suspender el sistema establecido, dejó sin efecto gran cantidad de solicitudes pendientes, eliminó el formulario que se había creado y anunció un nuevo modelo escalonado de devolución. La idea inicial era devolver año a año y obligar a reclamar cada ejercicio por separado, algo que provocó un terremoto político y social.

Yo y otros muchos jubilados interpretamos que la AEAT estaba retrasando deliberadamente los pagos ya reconocidos, que intentaban ganar tiempo para aliviar el impacto presupuestario que se generaba y lo mas duro, se pensaba que muchos de los afectados, moriríamos antes de cobrar todo, como ocurrió con mi mujer que falleció hace menos de un año.

Frente a las quejas masivas, oficialmente Hacienda argumentaba que tenían necesidad de “ordenar” el procedimiento adaptando el sistema a la Ley 7/2024, que tenían que homogeneizar criterios e igualmente que tenían que asegurar el encaje contable y presupuestario de las devoluciones.

Ante tanto dislate, varias asociaciones de mutualistas denunciaron inseguridad jurídica, retroceso administrativo, bloqueo provocado artificialmente e igualmente vulneración de expectativas legítimas, desde el momento en que muchas de las solicitudes presentadas, como era mi caso, quedaron sin efecto al no haber quedado resueltas antes del 22 de diciembre de 2024, algo que obligó a muchos de nosotros a volver a empezar.

Para justificar los retrasos Hacienda argumentaba que se trataba de cotizaciones de los años 60 y 70 y esto provocaba que los datos no estuvieren digitalizados y que esos datos dependían de antiguas mutualidades hoy desaparecidas. Se argumentó también que había falta de personal, falta de medios, saturación informática y embudo administrativo. Finalizaba la AEAT diciendo que las devoluciones suponían miles de millones y que esto impactaba directamente en el déficit público y provocaba tensiones presupuestarias.

En resumen, se aplazaron pagos por motivos presupuestarios, se cambiaron las reglas a mitad del partido, se actuó con total falta de transparencia y ahora a saber qué puede ocurrir, porque igual terminan metiendo todas las reclamaciones pendientes de devolución, en el baúl de los recuerdos.

¿Cuál debe de ser el perfil que necesita una persona para ser verdaderamente democrática y con ello reducir la actual polarización política? Uno de los pilares fundamentales de una persona democrática es la humildad intelectual, para comprender que las propias ideas pueden ser incompletas o equivocadas y que quienes piensan distinto no son enemigos. Cuando alguien cree que solo él tiene razón y que cualquier discrepancia debe ser eliminada, aparece el fanatismo y comienza la polarización.

La democracia exige también pensamiento crítico. Una sociedad democrática necesita personas capaces de analizar la información que reciben, diferenciar hechos de opiniones y evitar dejarse llevar únicamente por emociones, propaganda o discursos simplistas. Muchos conflictos políticos actuales nacen de convertir la política en una lucha emocional entre “buenos y malos”, en lugar de un espacio para resolver problemas comunes.

Junto a ello, son imprescindibles principios éticos sólidos, como son la honestidad, justicia, respeto, responsabilidad y coherencia. Estos valores deben aplicarse tanto al propio grupo político como, al contrario. La democracia se debilita cuando se justifican abusos, corrupción o agresividad únicamente porque proceden de “los nuestros”.

Otro elemento esencial es la capacidad de diálogo y pacto. La democracia no significa unanimidad, sino negociación constante. Pactar no es traicionar; muchas veces es la única forma de construir estabilidad y beneficio común. Las sociedades más fuertes no son las que eliminan los conflictos, sino las que aprenden a gestionarlos sin destruir la convivencia.

También es fundamental respetar las instituciones y las normas comunes. Ninguna persona, partido o líder puede situarse por encima de las leyes. La democracia necesita límites al poder, separación de instituciones y aceptación de reglas incluso cuando no favorecen los intereses propios.

Además, una persona democrática debe tener empatía y sentido comunitario. No puede pensar únicamente en su beneficio individual, sino también en el bienestar de quienes la rodean y de las generaciones futuras. Una sociedad se fragmenta cuando cada grupo busca exclusivamente sus propios intereses sin preocuparse por el conjunto.

La estabilidad democrática requiere igualmente equilibrio emocional. La polarización suele alimentarse del miedo, la ira y el resentimiento. Por ello, es importante desarrollar autocontrol, tolerancia a la frustración y capacidad para debatir sin odio. El adversario político no debe convertirse en enemigo personal.

En definitiva, la democracia depende menos de sistemas políticos y más del tipo de personas que forman la sociedad. Cuando predominan ciudadanos dialogantes, responsables, críticos y éticos, es posible alcanzar acuerdos y reducir la confrontación. Pero cuando dominan sólo los intereses personales y de partido, el fanatismo, el egoísmo y la intolerancia, la política se transforma en una lucha permanente que termina debilitando la convivencia y eso a quien termina perjudicando es al ciudadano de a pie.

Si observamos la situación con cierta perspectiva, la pregunta clave no sería ver cómo se resuelve el problema migratorio, sino ver cómo se regula y como se ordena, ya que los fenómenos sociales como el que estamos viviendo ahora, no se resuelven dramatizándolos, sino aplicando medidas legales y concretas, que persigan el interés general.

En España nos encontramos ante una evidente realidad y es que, por el despoblamiento y el envejecimiento de la población, la inmigración ha pasado a formar arte de nuestra estructura económica y social y que incide muy directamente en sectores como el servicio doméstico, la agricultura, la construcción o la hostelería, que dependen muy mucho de la mano de obra extranjera. Por ello, el problema que tenemos no es la existencia de inmigrantes, sino su desigual gestión y la burocracia en la aplicación de la legislación vigente. Además, añadiría que, cuando la política llega tarde, el sistema se llena de parches.

En nuestro país tenemos vigente la Ley de Extranjería del año 2000, ley orgánica que regula los derechos y los deberes de los extranjeros residentes en España y que establece la normativa para la entrada de inmigrantes, para obtener los permisos de residencia y trabajo, así como la aplicación de órdenes de expulsión, si fuere el caso. Esta ley que tiene carácter permanente y general, recoge la regulación completa de la inmigración y sólo puede ser cambiada por el Parlamento.

Con esta ley plenamente vigente, se ha dictado el reciente Real Decreto del Gobierno, que pretende aplicarse dentro de la ley y que introduce una vía excepcional de regularización masiva de inmigrantes sin papeles, que ya están presentes en nuestro país. El gobierno pretende reducir la burocracia de la ley vigente y simplificar los trámites que, ahora, con el Decreto que se está aplicando, pueden realizarse tanto on line, como en oficinas de extranjería, ayuntamientos e incluso oficinas de correos. El gobierno trata, en definitiva, de normalizar hechos ya existentes y que debido a la enorme burocracia de la ley y al colapso existente en las oficinas de extranjería, no podían resolverse en vía ordinaria.

Mientras que la ley afecta a extranjeros legales, irregulares o solicitantes de asilo político, además de establecer múltiples vías como son los visados, el arraigo social, la reagrupación familiar o la protección internacional, el decreto sólo afecta a un grupo concreto, que tiene que cumplir unos requisitos específicos, como son no tener antecedentes penales, haber residido al menos cinco meses en nuestro país, o estar en España antes del 31 de diciembre pasado.

Mientras que la ley exige procesos largos y burocráticos en las oficinas de extranjería, como son el arraigo social, laboral o familiar (normalmente mas de dos años de residencia), tener una oferta de trabajo, pedir reagrupación familiar con alguien que ya está aquí con papeles, la vía extraordinaria del Decreto crea una regularización directa y más rápida, con menos tiempos de permanencia o con menos burocracia, permitiendo el acceso a trabajo, residencia o asistencia sanitaria.

La pregunta que me hago es, por qué en vez de tanto precipitado Decreto, no se recurrió al Parlamento para modificar la ley actual y dotar de más medios a las oficinas de extranjería, que contrariamente a lo que ocurre en las oficinas de correos o en los ayuntamientos, ¿son las que tienen experiencia en la materia? Lamentable.